Hay una mentalidad militarista con intereses económicos: Santrich

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Hay una mentalidad militarista con intereses económicos: Santrich

Hay una mentalidad militarista con intereses económicos: Santrich
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La amnistía está dentro de los cánones del Derecho Internacional Humanitario y de las normas de la Corte Penal Internacional, y se ha dicho que debe ser lo más amplia con las conexidades que rezan en los protocolos de Ginebra.

Jorge Parga Vanegas
Diario del Huila

El  negociador y miembro de la Comisión de Seguimiento  y  Verificación del Acuerdo  de Paz, Jesús Santrich,  declaró  que las FARC  están preparadas  no solamente  para  intervenir en política,  sino para  participar en el  proceso de  formalización de la tierra   y de desarrollo  rural.

Santrich reiteró que las FARC no tienen en su poder a ningún secuestrado, y dijo que todo el que se llame fariano   está obligado a cumplir la palabra y la orden impartida por los jefes de esa organización de no realizar ninguna retención.

El negociador de los diálogos de La Habana estimó que el Huila debe ser priorizado en el posconflicto, al admitir que ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado.

Sobre estos y otros temas el jefe guerrillero habló   con DIARIO DEL HUILA.

¿Cómo va el tránsito de combatientes hacia las zonas de concentración establecidas en los acuerdos de La Habana?

 Es un procedimiento al que nos comprometimos   y estamos    dando pasos desde antes   del llamado día D, que fue el primero de diciembre. Recuerde que   una vez se firmaron los acuerdos en La Habana y se estableció el mecanismo del monitoreo por parte de Naciones Unidas, nosotros dimos los primeros pasos para esas zonas y los puntos de normalización. Estamos ahora en unas áreas de preagrupamiento que están próximas   a esos sitios, pero la llegada a los lugares en mención debe coincidir con su   adecuación. Debe haber condiciones mínimas de vida, niveles de conectividad y comunicación. Estamos en eso, son 30 días para adelantar   ese proceso que tiene una etapa preparatoria y otra de ejecución. Ya visitamos varios sitios con las unidades de las FARC encargadas   del asunto.

Se dice que hay preocupación en las FARC por el tema de la amnistía, ¿cómo ve usted   el ambiente político del país   frente a este proceso?

La preocupación nuestra es la implementación en conjunto de los acuerdos. Nosotros tenemos inquietud porque desde ya comienza el proceso de formalización   de la tierra para todos los campesinos y las comunidades rurales que están a la espera de un proceso de distribución. Eso es parte   fundamental de los acuerdos y creemos que si el día D ya llegó, deben comenzar los procesos de transformación del campo y el desarrollo rural. A la par con el tema de la reincorporación de nuestra organización que tiene unos pasos que se han ido dando paulatinamente, por tratarse de algo bastante complejo, y ello implica obligaciones de FARC y del Gobierno.  Las nuestras se están cumpliendo y estamos en un cese bilateral del fuego y en eso nos hemos mantenido firmes. Hemos dado un paso hacia las zonas de reagrupamiento y el Gobierno debe dar también algunos pasos, como por ejemplo, el indulto para 300 o 400 combatientes y darse la ley de amnistía por el procedimiento fast track. Esos son los compromisos y creemos que se van a cumplir. Estamos en tiempo todavía, y es apenas natural que ningún guerrillero llegue a las zonas de normalización, si no está claro que las órdenes de captura están levantadas.

Usted   recientemente dijo bajo juramento que las FARC no tienen en su poder a ningún secuestrado. ¿Cómo creer esa afirmación?

Es una ratificación que se viene haciendo desde el momento mismo en que nosotros prohibimos internamente las retenciones con fines económicos. De hecho, las retenciones militares o la captura de prisioneros ya   se habían suspendido porque cesamos el fuego y las hostilidades. Esa es la situación, todo el que se llame fariano, todo el que esté vinculado debe cumplir con eso, y nuestra palabra es que no hay ningún retenido por nuestra organización, por lo cual todos están obligados a que por ningún concepto tengan a alguien en manos de las FARC.

¿Entonces qué pasó con esos secuestrados cuyos familiares aún no tienen información   de la suerte corrida, ni por parte de las FARC ni del Gobierno?

Es un tema que debe preocuparnos a todos  y debemos  trazar  líneas   para esclarecer esos  hechos, porque  aquí  en Colombia  mucha gente  secuestra a  nombre de las FARC, incluso  gente de la delincuencia común y de la delincuencia  organizada desde la misma institucionalidad . Por eso, hay también una comisión de búsqueda de personas dadas como desaparecidas, y hay un compromiso de empezar ya ese tipo de procedimientos en un escenario estrictamente humanitario. Recuerde usted que está pactado crear la Sala de la Verdad y allí deben esclarecerse los hechos, ya sea en el orden judicial, ético, político o moral.

El Gobierno autorizó   la extradición de un guerrillero raso acusado de narcotráfico, ¿cómo reciben ustedes esa decisión?

La amnistía y el indulto están pactados dentro de la   jurisdicción especial para la paz. La amnistía está dentro de los cánones del Derecho Internacional Humanitario y de las normas   de la Corte Penal Internacional, y se ha dicho que debe ser lo más amplia   con las conexidades que    rezan en los protocolos de Ginebra. Eso  está pactado   en uno de los  literales del  sexto punto del  Acuerdo Final,   y es que desde el momento de la  firma el  Gobierno  debe suspender cualquier  orden  de extradición  u  orden de captura para guerrilleros, incluso  para colaboradores   o personas que sean acusadas  como tal. Ese es el compromiso   y confiamos en que hay un Gobierno que va cumplir la palabra.

El Huila  ha sido  uno  de los departamentos más  afectados por   el accionar de las FARC, ¿cómo cree  usted  que  debe   ser resarcido  en el  posconflicto por   tanta violencia que  padeció?

Hay un punto por debatirse,   aunque el Acuerdo ya está cerrado, pero en la  implementación se contemplan los PD,  que  son los Programas de Desarrollo  con enfoque territorial en los que se debe estructurar  la reforma rural integral, a través de  instrumentos que  son los planes de desarrollo, llámese  conectividad, generación de vivienda, salud o educación . Nosotros creemos   que dentro las áreas a priorizar debe estar   el departamento del Huila, por lo menos sus zonas rurales. Este es un  debate que  debemos dar con el Gobierno  para    determinar cuál de los escenarios  más azotados por la  guerra,  es por donde  se  debe comenzar  para   la etapa  de implementación. Yo creo que el Huila debe hacer parte fundamental de esa implementación.

¿Qué garantías creen tener ustedes en la Justicia Transicional   frente a los delitos de lesa humanidad?

Nuestras aspiraciones se pusieron en coincidencia con lo que debatió el Gobierno con nosotros y hay un acuerdo. Esa jurisdicción para la paz establece que no debe haber impunidad. Lo primero es el reconocimiento del delito político, y por lo tanto lo que debe haber es la amnistía y el indulto amplio. Si hubiere   casos que deban ser tramitados por la justicia, cuya base es la verdad   y la   justicia restaurativa, nosotros vamos a ofrecer la mayor   y más exhaustica verdad posible. Por lo tanto, si hay casos de sanciones, éstas deben ser restaurativas y    no generar restricciones políticas ni generar privación de la libertad. Lo que puede generar son restricciones que tienen que ver con tiempos y espacios para el cumplimiento de esas sanciones.

¿Están preparadas las FARC para intervenir en los espacios políticos que les otorgará el   acuerdo de paz, y cómo se llamará el partido que ustedes van fundar? 

 Las FARC siempre han estado preparadasparaactuar en política, de hecho somos una organización política revolucionaria.  Nuestra razón de ser es la defensa de los intereses de sectores más desfavorecidos, la gente que padece miseria, pobreza y marginación. Por ellos debemos seguir adelante   en la acción política que entendemos como un servicio a la sociedad. Lo que pasa es que lo haremos de otra forma, ya no con las armas en las manos, sino  en espacios democráticos  que se deben abrir con esas  transformaciones   que surgen de lo que pactamos en  materia de participación política. La conferencia en pleno acordó respaldar los acuerdos y dar el paso a la legalidad, pero también decidió que debemos realizar un congreso en el día 180, para dar las líneas políticas, los nombres, los símbolos, la estrategia y la política de alianzas.

Hay sectores en el país, entre ellos el uribismo, que se oponen a la intervención de las FARC en política, ¿no cree que eso pueda afectar el futuro del proyecto que ustedes piensan desarrollar?

 Creemos que hay una mentalidad militarista que de fondo tiene intereses económicos muy profundos, relacionados con la reconfiguración espacial del capitalismo en Colombia, con la expansión del latifundismo y con el fortalecimiento de intereses mezquinos. Pensamos   que eso hay que dejarlo de lado. Colombia tiene que dar un salto hacia el desarrollo sostenible, justo y equitativo que beneficie a todo el país, y no a un solo sector, ni a lo que hoy es el bloque de poder dominante.

¿Ante el asesinato de líderes sociales no les preocupa a ustedes que se repita la trágica historia de la Unión Patriótica?

Me parece que no es una preocupación solamente de las FARC. Me parece que esa es unapreocupación de todos los sectores democráticos que quieren la paz en el país. Un muerto no es dolor de una u otra organización, sino dolor patrio. Se han dado muchos asesinatos a lo largo de estos cuatro años   de conversaciones y no se justifican. Tengo entendido que al movimiento político Marcha Patriótica, le han asesinado más de 120 dirigentes. Y en estos últimos días entre asesinatos y atentados ha habido más de 15 casos graves. Eso debe llamar la atención del país, porque además son hechos ominosos que deben avergonzarnos ante la comunidad internacional. No podemos permitir que haya otro exterminio de la Unión Patriótica. No podemos permitir que siga imperando la doctrina del enemigo interno o que persista el   terrorismo de Estado. Aquí hay una responsabilidad fundamental del Estado, ya sea por acción o por omisión, y eso debemos pararlo, porque es el compromiso que hemos hecho en los acuerdos de La Habana. De ahí, la importancia de la Mesa Técnica de Seguridad, encargada de velar no solo por la seguridad de los guerrilleros que van a dar su paso a la legalidad, sino de las comunidades y de los escenarios rurales donde deben transcurrir nuevas acciones políticas para una Colombia en paz.

 

Por: Redactor Diario del Huila

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