Minería, Ambiente y Comunidades

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Minería, Ambiente y Comunidades

  


Colombia, una vez más, se sumerge en un interesante debate en el que los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente parecen verse enfrentados a la locomotora minera, que representa, sin lugar a dudas, una fuente de crecimiento económico importante para el país.

La discusión surge por el decreto que el Gobierno Nacional alista con el fin de agilizar el proceso de otorgamiento de licencias ambientales para explotación minera. La iniciativa incorpora visitas al campo durante la evaluación, y mantiene el plazo de 90 días para tramitar nuevas autorizaciones de esta clase, y de 60 días, para la modificación de las actuales.

Si bien es importante renovar el procedimiento, no hay que olvidar que Colombia necesita de una política de Estado que, además de establecer los elementos de forma; que deben promover un riguroso análisis para decidir la procedencia de cada solicitud; también desarrolle los parámetros sobre los que se va a fundamentar este sistema, que debe apuntar a hacer de la minería una fuente de desarrollo sostenible que, bajo ninguna circunstancia, transgreda derechos fundamentales y genere daños ecológicos.

Por eso, el Estado debe ser más estricto y, en consecuencia, excluir cualquier tipo de explotación en páramos, ríos cercanos a las poblaciones, cuencas hídricas, zonas protegidas y estratégicas para la agricultura. Igualmente, debe exigir que las multinacionales cuenten con la tecnología apropiada, para evitar así la contaminación de los ecosistemas. 

Otro elemento que el Gobierno debe plantear y poner en ejecución, de forma efectiva y consciente, es el de la consulta previa, mecanismo elevado a rango constitucional que garantiza la participación activa de las comunidades, históricamente vulneradas y discriminadas, en la evaluación de proyectos que tendrán efectos en cualquier ámbito; cultural, económico, ideológico o social. 

Hasta el momento, grandes falencias se han presentado a la hora de garantizar este derecho fundamental. La Corte Constitucional ha conocido cerca de 80 casos y en el 60% de ellos ha declarado la violación de esta prerrogativa.

Desde MIRA hemos apoyado la minería, pero también, rechazado contundentemente proyectos, que por sus características, resultan perjudiciales. Así lo hicimos con la explotación en La Colosa, la Cuenca de la Ceiba y el Paisaje Cultural Cafetero. 

Entonces, ¿Minería o protección al medio ambiente? ¿Desarrollo económico o derechos de la comunidad? Con una política de fondo, con condiciones claras, estos conceptos dejarían de ser excluyentes entre sí.

Por: Carlos Alberto Baena López