Nuevo procurador general de la nación

Opinión /

Nuevo procurador general de la nación

  


Editorial

Como se tenía previsto, el Senado de la República, tomó la decisión de elegir a Fernando Carrillo Flórez como nuevo Procurador General de la Nación, con una votación mayoría de 92 votos de los 102 miembros que conforman esta Corporación. Había sido ternado por el Consejo de Estado, y su nombre había relacionado con el expresidente César Gaviria Trujillo. Es considerado el hijo de la séptima papeleta, porque lideró el movimiento de estudiantes a inicios de la década de los 90, que impulsó a través de este instrumento de participación ciudadana, la Asamblea Nacional Constituyente, del cual fue su miembro, que permitió crear la nueva Constitución Política de Colombia. Abogado egresado de la Universidad Javeriana, con Especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma Alma Mater, además de dos Maestrías en Administración Pública y en Derecho y Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard, se constituye en una fortaleza para ejercer la jefatura del Ministerio Público, muy cuestionado por la opinión pública debido a las actuaciones de su antecesor.

Una vez electo en nuevo Procurador General de la nación, expresó que “Esta no será una Procuraduría vocera del radicalismo. Será una entidad incluyente, respetuosa de las minorías y que combatirá de frente la corrupción. Con ello se buscará rescatar la imagen de esta entidad, con sus valores cívicos y ciudadanos de un Estado Social de Derecho probo, tolerante, garantista y respetuoso de la Ley”. Estas palabras fueron las que brindaron confianza a todos los Senadores de la República, para elegirlo de la terna que, además la conformaban por los juristas: María Mercedes López y el huilense Jorge Fernando Perdomo.

El mayor reto del nuevo Procurador, es luchar contra el flagelo de la corrupción porque en todos los ambientes de la opinión pública, se empieza a presentar un rechazo generalizado por los innumerables casos que se están presentando en el país, sin que exista una respuesta fuerte y coherente por parte de los Organismos de Control, que empiezan a adelantar las indagaciones preliminares y cuando se comprueban estos hechos que reflejan un verdadero detrimento patrimonial, se inician los procesos de investigación contra los funcionarios responsables del manejo de la ordenación del gasto, pero que desafortunadamente los expedientes se mantienen estáticos en los anales de estas dependencias y en los estrados judiciales. Mientras las comunidades observan con tristeza y con rabia, que muchas obras públicas se encuentran paralizadas, otras ya terminadas con sobrecostos y con una deficiente calidad de los materiales utilizados durante su construcción, que enarbolan la bandera de la corrupción administrativa, sin que existan responsables por haber transgredido las normas de la contratación pública.

Por: Editorial -