El ABC del debate de la Justicia Especial para la Paz

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El ABC del debate de la Justicia Especial para la Paz

El ABC del debate de la Justicia Especial para la Paz
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El Proyecto de Acto Legislativo que da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, es considerado, junto con el de participación política de las FARC, la columna vertebral del Acuerdo de Paz.

El Proyecto de Acto Legislativo que permitirá la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),  que ejercerá funciones judiciales y hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cumple su último debate ante la plenaria del Senado de la República para ser aprobado mediante el mecanismo de Fast Track.

Mediante la  JEP, se podrá  investigar,  esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado, como un mecanismo de justicia transicional.

El proyecto cuenta con la novedad en la discusión, de dos ponencias alternativas, la primera con autoría de la senadora  Alianza Verde Claudia López y la otra del senador del Polo Democrático Alternativo Alexander López.

La primera de estas dos ponencias,  busca que la Procuraduría General de la Nación tenga participación en los casos que deba resolver la JEP, acompañando a las víctimas del conflicto armado. También propone extender la competencia sobre terceros, es decir personas que sin hacer parte de grupos armados ilegales,  hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto.

En lo que tiene que ver con el juzgamiento a altos mandos militares y de policía, la senadora propone que no solo estos casos sean de competencia de la JEP,  por los hechos por fuera de la ley que pudieron cometer sus subordinados, sino que además, se incluya, con tratamiento diferencial, a los máximos comandantes de las Farc, por los crímenes de lesa humanidad que hayan podido cometer los miembros de la guerrilla que hayan estado bajo su mando.

El senador Alexander López por su parte propone añadir un nuevo parágrafo,  en el que conste que se garantizará la participación real y efectiva de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además de lo anterior, pide que se establezcan  por ley, la manera en cómo  se desarrollarán las garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso, encaminadas a que las víctimas puedan satisfacer sus derechos.

La ponencia del parlamentario de izquierda   incluye la participación de los pueblos étnicos en la composición de los órganos del sistema integral para asegurar el acceso a la justicia restaurativa de las víctimas de los pueblos indígenas y afrocolombianos con enfoque étnico,  y pide además,  "evitar que los miembros de corporaciones públicas,  que resulten condenados por sus vínculos con grupos organizados al margen de la ley, puedan acogerse a los beneficios de la JEP. Lo anterior tomando en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por las implicaciones sociales y políticas de los mismos"

La ponencia mayoritaria presentada por los senadores Hernán Andrade del Partido Conservador; Roosevelt Rodríguez del Partido de la U; Doris Vega de Opción Ciudadana y Juan Manuel Galán del Liberalismo, contempla la eliminación de la restricción de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; trasladar información a autoridades para atribuir responsabilidades en procesos judiciales o disciplinarios y precisa además,  que la Unidad de Búsqueda de Personas,  dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto,  será una entidad del orden nacional con personería jurídica y con autonomía administrativa, presupuestas y técnica, sin ser un ente autónomo de rango constitucional.

Además de lo anterior, deja claro cuáles son los alcances  y las conductas que serán competencia de la jurisdicción ordinaria y la JEP,  y  establece disposiciones para garantizar los derechos fundamentales al buen nombre e intimidad.

Esta propuesta ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los debates que ha superado. Una de ellas, la del senador Germán Varón, respecto de los delitos que se consideran crímenes más graves y representativos, conforme al Estatuto de Roma. Otro cambio que se ha dado en medio de la discusión, tiene que ver con las consideraciones que hizo el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez,  en el momento en que inició el debate, quien pidió excluir a los disidentes de dichas organizaciones, que deben quedar sometidos a la jurisdicción ordinaria,  y que los  delitos como el reclutamiento de menores o el porte ilegal de armas, serían competencia de la jurisdicción ordinaria, cuando se hayan cometido después del  primero de diciembre del 2016.

En lo que tiene que ver con la  no extradición, el jefe del ente investigador  dijo que la redacción de esta reforma les otorga este beneficio a “todos los integrantes de las FARC”, por lo que pidió en su momento,  precisar en el texto,  que no serán extraditados únicamente aquellos miembros de las FARC,  que hagan parte del Acuerdo Final y se hayan reincorporado a la vida civil.

El Proyecto de Acto Legislativo que da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, es considerado, junto con el de participación política de las FARC,  la columna vertebral del Acuerdo de Paz, por lo que es considerado de gran importancia para el futuro del país.

Por: Redactor Diario del Huila

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