Gobierno objetó ley de no cobro por reconexión de servicios

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Gobierno objetó ley de no cobro por reconexión de servicios

Gobierno objetó ley de no cobro por reconexión de servicios
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La norma buscaba que los ciudadanos, tras pagar su deuda, obtendrán la reconexión del servicio máximo 24 horas después de hacer oficial que estén al día.

El Gobierno devolvió al Congreso de la República el proyecto que elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales por considerar que la exoneración del pago es inconstitucional.

El proyecto aprobado por el Congreso prohíbe a las empresas de servicios públicos cobrar por la reconexión y reinstalación del servicio de agua, gas o electricidad.

En tal sentido, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, envió una comunicación al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, en la cual se explican las objeciones por constitucionalidad e inconveniencia.

"Las empresas de servicios públicos sí incurren en gastos operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocadas a efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o suspensión del mismo por una razón imputable al usuario o suscriptor como lo es la mora en el pago".

Al abstenerse de sancionar la norma, el Gobierno subrayó que "la exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos".

La comunicación señaló que el proyecto de ley va contra el artículo 367 de la Constitución Nacional ya que "excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos".

El Gobierno indicó que "a diferencia de lo sostenido en el trámite legislativo, las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o reinstalación del servicio como consecuencia del corte o la suspensión de éste".

Así mismo, el Gobierno advirtió que "dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida por la norma tendrá que ser asumido por una de las partes que conforman el sistema", ya sean los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado.

En cuanto a objeciones por inconveniencia, el Ejecutivo sostuvo que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión, pues es una carga para el fisco nacional.

La decisión de abstenerse a sancionar la norma ha generado múltiples reacciones de parte de congresistas, ponentes e impulsores del proyecto como de parte de la ciudadanía que lo califica como una desconsideración con los usuarios de los servicios que verán menguadas sus finanzas con los aumentos contemplados en la nueva reforma tributaria.

Senado rechazaría objeciones

Entre tanto, en el Congreso de la República no cayó muy bien que el presidente Juan Manuel Santos haya objetado, por vicios de constitucionalidad, la ley que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios para estratos 1, 2 y 3.

Según el senador Mario Fernández, ponente de la iniciativa, los legisladores no aceptarían las objeciones del jefe de Estado y enviarían su texto a la Corte Constitucional para que tome una decisión definitiva sobre la norma.

Fernández calificó esta decisión como una “triste sorpresa”, teniendo en cuenta la amplia discusión que se le dio a esta iniciativa en el Congreso de la República.

"Estamos sorprendidos por la decisión de la Presidencia de objetar este proyecto de ley. Es a todas luces un abuso que las empresa prestadoras de servicios públicos cobren la reconexión cuando reciben millonarios pagos por las altas tarifas; esto debería estar incluido en los costos operativos de las empresas", señaló el senador ponente.

Los impulsores creen tener los votos suficientes para rechazar los argumentos presentados por el presidente de la República.

 "¿Quién no va a estar de acuerdo en favorecer a la gente de los estratos más bajos? ¿Quién piensa que una persona del estrato 1 o 2 deja de pagar el agua o la luz por capricho? Nadie piensa que estas personas van a querer un día de su vida sin estos servicios básicos", señaló.

Y añadió: "este es un tema de no tener capacidad de pago, es un tema de bajo ingreso y de extrema pobreza".

Si el Congreso acepta las objeciones presidenciales, el proyecto se hunde. Si no las acepta, la iniciativa va directamente a estudio de la Corte Constitucional que es la que tendrá la última palabra.

Si el alto tribunal le da su visto bueno, el Gobierno tendrá que sancionar la ley, o de lo contrario lo podría hacer el presidente del Congreso.

Por: Redactor Diario del Huila

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