martes, 19 de marzo de 2019
Opinión/ Creado el: 2019-03-15 09:41

¿Debate político o polarización?

Escrito por: Ernesto Cardoso Camacho
 | marzo 15 de 2019

La decisión del presidente Duque en el sentido de objetar por inconveniencia 6 artículos de los178 que contiene la Ley Estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP; y el anuncio de presentar un proyecto de Acto Legislativo para modificar el 01 de 2017 que incorporó el AF del Colón a la Constitución; ha generado diversas reacciones en la opinión ciudadana sobre sus eventuales implicaciones que tendría dicha decisión en la consolidación del Acuerdo de Paz.

No es para menos el fuerte debate que se ha generado dado que las objeciones y el proyecto de Acto Legislativo, tienen un alcance eminentemente político que, por su propia naturaleza, deben revestirse del indispensable elemento jurídico. Por tanto, es pertinente recordar que, en el Estado Social de Derecho, las normas jurídicas están investidas de contenido político, pues en las sociedades democráticas esa relación es inescindible e inevitable

De igual manera se debe precisar que tanto las objeciones como el proyecto de Acto Legislativo deberán ser debatidos en el Congreso para su aprobación total o parcial o para su rechazo.

Con las anteriores precisiones el análisis o la valoración de la decisión del presidente debería enfocarse en un debate político y si se quiere ideológico, pero lo que sí es inadmisible es que pretendan convertirlo en una nueva fase de la aguda polarización entre amigos de la paz y amigos de la guerra.

Para bien o para mal el proceso derivado del Acuerdo con las Farc es ya irreversible, salvo que sea derogado mediante referendo u otro mecanismo constitucional adecuado. Su consolidación es lo que aún está en discusión en cuanto que la Justicia Transicional que debe aplicarse a través de la JEP, contiene varios aspectos que fueron determinantes para que triunfara el NO en el plebiscito, decisión política que al haber sido burlada por quienes suscribieron el Acuerdo, lo afectaron de legitimidad política y de allí se derivó la aguda polarización que ahora pretenden revivir quienes censuran al Presidente, olvidando que éste fue un duro crítico de tales aspectos y ahora actúa con coherencia.

La facultad constitucional que le asiste al Presidente como cabeza de la rama ejecutiva del poder público, para formular objeciones sobre un proyecto de ley de cualquier naturaleza o rango jurídico es indiscutible. Su ejercicio es una decisión política y no jurídica que pretenden desconocer sus contradictores apoyados por ciertos medios de comunicación para continuar manipulando la opinión....

Por otra parte, el hecho que los artículos objetados ya hubieren sido declarados ajustados a la constitución por la Corte, en nada limitan esa facultad del presidente, ni desconocen la competencia del alto tribunal, dado que una vez el Congreso decida acoger las objeciones o modificar el texto de los artículos respectivos, regresarán a estudio de la Corte para definir su conformidad con la Carta.  Así mismo, en el evento en que el Congreso rechace las objeciones, el presidente tiene la obligación política y legal de sancionarlo.

Cabe precisar para la necesaria comprensión objetiva de tan complejo asunto que se trata de un proyecto de ley, aprobado por el Congreso, revisado previamente por la Corte y que requiere ser sancionado por el Presidente para que se convierta en ley de la república y por tanto de obligatorio cumplimiento.

Pero el presidente tiene la facultad legal de no sancionarlo y de objetarlo total o parcialmente por su inconveniencia como ocurre en el caso presente.

Bienvenido pues el debate político serio sin demagogias ni bajas pasiones. Estimular o promover de nuevo la polarización entre amigos y enemigos de la paz es no solamente irresponsable sino inconveniente para poder avanzar en la consolidación de una paz cierta y estable, pues todos la deseamos sin que se sacrifique la justicia ni se promueva la impunidad para los responsables de delitos atroces.   

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