lunes, 21 de octubre de 2019
Enfoque/ Creado el: 2018-10-21 09:57 - Última actualización: 2018-10-21 10:00

¿Es constitucional la extensión del periodo de los mandatarios locales?

El debate está abierto; con voces a favor y en contra la iniciativa sigue su tránsito en el legislativo. Expertos constitucionalistas han calificado la propuesta no solo de inconveniente, sino, además, de inconstitucional.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | octubre 21 de 2018

Ambito Juridico, Especial

Tras la aprobación, en el primero de ocho debates, del Proyecto de Acto Legislativo que tiene como propósito unificar las elecciones nacionales con las locales y, por esa vía, ampliar el periodo de los mandatarios regionales en ejercicio, el debate en torno a su constitucionalidad apenas inicia.

De llegar a prosperar la iniciativa supondría que los periodos del Gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa y Alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez se amplíen hasta 2022.

Sobre el tema ya el mandatario de los huilenses indicó a un medio de comunicación cuál es su postura personal sobre la propuesta.

González Villa, indicó que es difícil que se dé un consenso de la clase parlamentaria frente a dicho propósito, dado lo controversial que es y que tiene dividido al país entre si es viable o no extender el mandato de los actuales gobernadores y alcaldes, pero a su juicio si es algo que requiere el país y explicó porque.

“Lo importante que el Congreso de la República, aborde la discusión sobre la arquitectura administrativa del país sobre la noción de integración de lo nacional y territorial con lo local (…) yo personalmente comparto la necesidad de unificar periodos. No es para nadie un secreto, las inmensas dificultades de la desarticulación de los Planes de Gobierno nacional que los tenemos a mitad de camino y nosotros nos encontramos con un Plan de Desarrollo ya en proceso de articulación efectivo y eficaz y lograr después nuevamente articularlos con un nuevo Plan de Desarrollo y eso produce desarticulación y unas enormes dificultades y mucho más cuando desde los territorios dependemos del orden nacional para poder insertarlos en el Plan de Desarrollo Nacional.

¿Qué es lo que ha incentivado la controversia?

La iniciativa reformaría el Artículo 261 de la Constitución Política, de tal forma que queden unificados los periodos de elección. Según los autores de la propuesta, la idea es armonizar las disposiciones de planeación territorial, lo cual conduciría a una mejor gestión administrativa. Igualmente, sostienen que su materialización representaría un menor costo al momento de hacer las elecciones, hecho que conduciría a un ahorro significativo de dineros que podrían ser empleados en otro tipo de proyectos.

Sumado a lo anterior, exponen que una determinación de esa magnitud disminuiría el periodo de la Ley de Garantías, al simplificar el calendario electoral, lo cual implicaría un menor tiempo en el amparo de dicha ley y, por ende, mayor tiempo para la ejecución de proyectos.

Implicaciones

De aprobarse, el efecto inmediato de la reforma constitucional sería que los actuales mandatarios regionales puedan continuar su periodo hasta las elecciones del 2022.

A partir de esa fecha se llevarían a cabo las elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles de todo el país junto con las de Congreso de la República.

Críticas

Expertos constitucionalistas han calificado la propuesta no solo de inconveniente, sino, además, de inconstitucional.

Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista por ejemplo, asegura que “modificar los periodos en curso, pues cambian las reglas de juego sobre la marcha, genera traumatismos administrativos, deteriora la legitimidad de los actuales funcionarios y servidores y afecta el principio democrático, toda vez que los electores no decidieron esa extensión. También implicaría un retroceso por cuanto nacionaliza las elecciones locales y con ello fortalece el presidencialismo y el centralismo, ya que candidatos locales buscarán alianzas partidistas con candidatos a Congreso, en la órbita de las elecciones presidenciales”.

Opositores al proyecto, como el representante a la Cámara Germán Navas Talero, respaldan la anterior postura. Justamente, en su intervención dentro del trámite del proyecto de acto legislativo insistió sobre la inconstitucionalidad: "En ninguna parte de la Constitución dice que el Legislativo puede prorrogar el periodo de gobernadores y alcaldes. Aquí (los autores) están creando su propia Constitución. El día de mañana querrán aumentarle un añito al mandato del Presidente o revivir la reelección del mandato. De eso a una dictadura solo hay un paso".

Desde otros sectores también critican la propuesta, por las mismas razones. Humberto de la Calle ha dejado ver su postura a través de las redes sociales:

Humberto de la Calle @DeLaCalleHum

Prolongar el período de los alcaldes es un golpe de estado. Además, lo que quiso la Constitución del 91 fue evitar el efecto locomotora de la elite política que termina arrastrando los vagones ahogando la autonomía regional.

Bloque parlamentario por el NO

Mientras la discusión avanza, ya hay parlamentarios que han dicho que la propuesta no es viable y que harán lo posible para convencer a otros parlamentarios de ni siquiera discutirla.

En este plan están los senadores David Barguil y Rodrigo Lara. Uno del Partido Conservador y el otro de Cambio Radical; paradójicamente colectividad que anda promoviendo la propuesta.

Tanto Barguil y Lara, lideran un bloque parlamentario de congresistas jóvenes y de distintos partidos políticos que se oponen a la ampliación del periodo de alcaldes y gobernadores hasta el 2022. Se trata inicialmente de cinco senadores que buscan convocar a otros parlamentarios para impedir que prospere el proyecto de extensión del periodo para los mandatarios locales.

A parte de Bargil y Lara, también hacen parte de este bloque Gabriel Velasco del Centro Democrático, Juan Felipe Lemus del Partido de la U y Fabio Amín del Partido Liberal.

 “Uno no manosea la democracia ni juega con ella. Los alcaldes y gobernadores fueron elegidos por un periodo de 4 años y no podemos, a través de una leguleyada, extender ese periodo y quebrar la democracia. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que asuma una postura clara en defensa de la democracia y no se vaya a prestar para esta vagabundería de cambiar las reglas del juego a mitad del partido”, señaló el senador Barguil a mediados de la semana.

 “Esto es una clara burla contra el elector primario. Desde la Comisión Primera del Senado la bancada liberal anuncia que este proyecto no puede continuar. Cualquier situación desafortunada que esté sucediendo en Cámara debe ser corregida en Senado y nos ocuparemos de defender una democracia que eligió por un periodo constitucional”, afirmó por su parte el senador Amín.

 “Este es un bloque, estamos reunidos el Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, La U y Cambio Radical. Queremos ponerle un dique de contención a este proyecto que busca alterar las reglas de la democracia en Colombia. Los electores votaron y dieron un mandato específico y por un tiempo determinado. Modificar ese mandato es hacerle trampa a la democracia”, manifestó el senador Lara.

¿Constitucional?

La sustitución de la Constitución es el argumento que impera en la discusión acerca de la legitimidad de la propuesta. Si bien algunos reconocen que la Carta Política colombiana no es inmodificable, la posibilidad de reformarla sin ningún límite seguirá motivando propuestas como la aprobada en primer debate.

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