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‘Falsos positivos’ del Huila son analizados en la JEP

En el Informe No. 5 la Fiscalía General de la Nación le remitió a la JEP detalladamente más de 2248 ejecuciones extrajudiciales (en el departamento hay más de 116 casos). Conozca la más reciente sentencia condenatoria al Estado por un asesinato a manos del Ejército en Garzón, Huila.

La Fiscalía reportó a la JEP 2248 casos documentados de ‘falsos positivos’. (Foto El Pilón)  

Escrito por: Redacción Diario del Huila | agosto 03 de 2019

Carlos Andrés Pérez Trujillo
Diario del Huila, Neiva

El Huila hace parte de los nueve departamentos donde más han ocurrido casos de ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado.

Nuestro departamento ocupa el desafortunado sexto puesto (5,2 %) de este tipo de violaciones a los derechos humanos. Se calcula que unas 116 víctimas se generaron en este departamento entre 1988 y 2014, de las 2248 registradas.

El departamento que más muertos reporta es Antioquia con 29,4 %, le sigue Casanare con 7,9 %, luego Cesar con 7,7 %, Meta (7,5 %), Norte de Santander (5,2 %), Huila (5,2 %), Córdoba (4,8 %), Tolima (4,5 %) y La Guajira (4 %).

Ante este informe, la JEP ya abrió el ‘Caso 003’ denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Allí, entre otras cosas, se señala que un 45 % de las víctimas eran campesinos y un 30 % se dedicaban a actividades productivas informales en las ciudades.

“La Fiscalía indicó que, en una primera etapa del fenómeno, las víctimas fueron en su mayoría pobladores de zonas rurales que eran señalados de estar relacionados con las guerrillas, y en una segunda etapa las víctimas fueron en su mayoría habitantes de zonas urbanas en condición de vulnerabilidad económica”, dice la JEP.      

 

Una década de ejecuciones

De acuerdo con el informe de la Fiscalía el periodo más agudo se dio entre 2006 y 2008, e inició en el año 2002, coincidiendo con el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de ‘Seguridad democrática’.

De acuerdo con este documento de la Fiscalía, que contiene más de 300 páginas, por estas ejecuciones documentadas 5626 personas han sido procesadas, de los cuales 3826 (68 %) eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se han vinculado por estos hechos a 992 (17,6 %) suboficiales, 514 (9,1 %) oficiales y 133 (2,4 %) civiles.

Las cuantiosas demandas

El afán por buscar efectividad en la justicia ha hecho que se cometan errores militares, específicamente con este tipo de ejecuciones.

Consultamos al constitucionalista, Germán Alfonso López Daza, director de la maestría en Derecho Público de la Universidad Surcolombiana, quien afirmó que “el impacto de las mal llamadas "ejecuciones extrajudiciales" -pues no existen ejecuciones judiciales- se puede analizar desde tres perspectivas: desde lo político pues con estas prácticas se deslegitima el papel del Estado frente al ciudadano, ya que este empieza a desconfiar de su fuerza pública y de sus servidores estatales, minando la cooperación y colaboración que toda persona debe brindar para la lucha contra la delincuencia. La segunda arista sería desde lo económico, pues las condenas e indemnizaciones impuestas por la justicia administrativa, las debe asumir el Estado, es decir, toda la nación debido a que ellas se pagan con dinero de los contribuyentes. Y la última sería desde lo internacional, pues los organismos internacionales han condenado estos abusos del Estado y Colombia es vista como uno de los países que más violan el derecho a la vida por cuenta de organismos del Estado, lo cual da una muy mala imagen ante toda la comunidad internacional”.

Por su parte el abogado, Néstor Pérez Gasca, quien desde su oficina en Neiva tramita múltiples casos de ‘falsos positivos’, afirmó que “no solo escandalizan las cifras de vidas apagadas, también asombran los costos económicos que debemos asumir los colombianos por las condenas realizadas por la justicia contenciosa administrativa, en las cuales han condenado al Estado por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.

Estos últimos se cuantifican hasta en 100 SMMLV, es decir, cada familiar dependiendo el grado de relación afectiva, conyugal y paterno-filiales podría recibir actualmente hasta $82’116.000 cada uno. Lo neurálgico del asunto es que, según el Consejo de Estado, la Acción de reparación directa, que es el medio judicial para reclamar estos perjuicios, nunca prescribe –si se considera delito de lesa humanidad-, entonces ¿de dónde saldrá el dinero para reparar las 2248 víctimas? Es claro, de nuestros bolsillos”.

Actualmente cursan más de 500.000 reclamaciones contra el Estado, por diversos casos (entre ellos los ‘falsos positivos’), que superan los 300 billones de pesos. Estas demandas no solo se tramitan en Colombia sino en tribunales internacionales como La Corte Interamericana de Derechos Humanos.



En Huila se estiman 116 casos de ejecuciones ilegítimas por fuerzas del Estado.

Poca justicia

El Movimiento Nacional de Crímenes de Estado en su publicación de mayo de 2012, afirma que El Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU “atribuye 3345 ejecuciones extrajudiciales a la Fuerza Pública entre los años 2002 y 2008”. Adicional a esto Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas, señala en su informe de 2010 que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó “que más de 3000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército.  La gran mayoría de casos ocurrió entre los años 2004 y 2008”.



Los nueve departamentos donde más se cometieron estos crímenes, según el informe de la Fiscalía.

De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas, citando a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, aseguran que “se han abierto ante dicha unidad 1579 investigaciones por casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública desde enero de 2000. De la totalidad de investigaciones, 1405 casos (88,9 %) se encuentran en etapa de investigación, 45 en acusación (2,8 %) y 30 en juicio (1,9 %), habiéndose proferido sentencia en tan solo 16 casos (1 %). Sin embargo, la gran mayoría de los casos se encuentra en la etapa preliminar del proceso, en la que ni siquiera se ha individualizado al presunto autor”.

Pese al marco legal de protección a víctimas, el Movimiento Nacional de Crímenes considera que son pocas las investigaciones y condenas de altos mandos militares por ejecuciones extrajudiciales. En su informe señalan como caso relevante el del coronel Borja Aritstizabal, quien fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. El alto oficial confesó más de 50 casos de ‘falsos positivos’ y ha recibido cerca de cinco sentencias condenatorias. Otro caso bastante relevante que alertó a la comunidad nacional sobre este fenómeno fue el de las muertes extrajudiciales en Soacha: 17 investigaciones se abrieron por este caso.

Ejército lo sacó de la casa y lo acribilló en Garzón

Han pasado 12 años desde que Wynther Jackon Trujillo Trujillo fue asesinado por el Ejército. Un dolor del que aún no se reponen los familiares de la víctima de este ‘falso positivo’.

Los hechos ocurrieron en Garzón, Huila, el 6 de abril de 2007. Según lo narrado por la familia, lo sacaron de su casa en el barrio Juan Pablo II a eso de las 7:00 p.m. y lo condujeron a una zona oscura y rural donde posteriormente fue ejecutado fríamente por miembros del Batallón de Infantería Número 26 ‘Cacique Pigoanza’ del Ejército.

“No acostumbraba a cargar ningún tipo de armas y el día de su muerte no cargaba más elementos que sus documentos de identificación, sin embargo, el cadáver le fue colocado un revólver y una granada”, aseguraron sus deudos al demandar al Estado.

Trujillo era reconocido por sus vecinos como una persona pacífica que se dedicaba a su trabajo de estilista y a vender medicamentos naturales.

“Atacó a la tropa”

El Ejército en su defensa afirmó que el joven de 28 años, aquella noche “hizo caso omiso a la proclama ‘Alto somos el Ejército Nacional’, y seguidamente procedió a atacar a la tropa con arma de fuego, razón por la cual, los uniformados respondieron con sus armas de dotación, con la consecuencia que ya se conocen”.

En este sentido, la defensa militar afirmó que la culpa había sido exclusivamente de la víctima y que la misión militar táctica Aniquilador 11, se dio bajo el principio de legalidad y bajo la ‘legítima defensa’. “Toda actividad como la analizada está amparada bajo el principio de legalidad que autoriza a los miembros de la Fuerza Pública a usar las armas de dotación oficial cuando se trata de cumplir la misión para la cual fueron creados”.

¿Una demanda fallida?



El Tribunal Administrativo del Huila responsabilizó a la Nación por la muerte de Trujillo Trujillo.

Ante estos hechos aterradores la familia buscó que le repararan su muerte. En este sentido demandó ante el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva (21 de julio de 2014).

Este despacho, tres meses después el 31 de octubre de 2014, negó las pretensiones de la demanda, y, en consecuencia, responsabilizó a Trujillo Trujillo como un hombre armado. En principio aceptaron que la muerte había sido a causa del Ejército, pero, posteriormente agregaron que fue a causa de un enfrentamiento armado.

La sentencia advierte que en el sector donde fue asesinado Trujillo se realizaban operaciones militares debido a que, según testimonios de Juvenal Toledo y María Betty Silva, en esta zona “ha sido blanco de constantes robos, atracos y todo tipo de actividades orquestadas por bandas delincuenciales”.

La segunda instancia

En julio pasado el Tribunal Administrativo del Huila revocó esta sentencia de primera instancia y declaró responsable a la Nación, Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-, por la muerte de Wynther Jackon Trujillo Trujillo.

De acuerdo con la sentencia, la indemnización a su familia superó los 231 millones de pesos. Se probó que el Ejército había asesinado a este estilista inocente.