sábado, 17 de noviembre de 2018
Opinión/ Creado el: 2018-09-07 09:09

¿Qué pasa con Santurbán? Parte final

Escrito por: Angela María Salazar | septiembre 07 de 2018

La sentencia de constitucionalidad C-035 de 2016, contribuyó a aumentar el ya creciente descontento de las poblaciones con tradición minera, especialmente de Vetas; por cuanto la decisión de la Corte Constitucional significó la interrupción abrupta de las actividades mineras a las que se han dedicado durante los últimos 400 años.

Vino a sumarse a lo anterior, que en julio de 2015, una serie de organizaciones y ciudadanos preocupados por la defensa del páramo y por la protección del agua de la que se provee Bucaramanga, presentaron acción de tutela en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por considerar que con la expedición de la resolución 2090 de 2014 “Por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán- Berlín, y se adoptan otras determinaciones”, alegando que se habían violado sus derechos al debido proceso, a la participación, a la igualdad, a la salud y al consumo de agua potable.

Mediante sentencia T-361 de 2017 y pese a las declaraciones hechas por los municipios de Vetas, California y Suratá (que están localizados en las áreas que podrían llegar a ser declaradas como páramo), en el sentido de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó todos los procedimientos para delimitar el páramo de Santurbán de manera adecuada;  la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos a la participación ambiental, acceso a la información pública, debido proceso y derecho de petición a los tutelantes y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución 2090 de 2014 y concedió el término de un año al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para hacer una nueva delimitación; para la cual  debe seguirse un procedimiento dictado por la misma Corte Constitucional en la mencionada sentencia.

Significa lo anterior que luego de 400 años de actividad minera en el área que podría llegar a ser delimitada como páramo, de 9 años de debate sobre la posibilidad de adelantar actividades extractivas en áreas cercanas al páramo de Santurbán, planes nacionales de desarrollo, estudios de toda índole, leyes, resoluciones y sentencias, aún no es posible determinar qué áreas se consideran páramo y qué áreas no se consideran como integrantes del mencionado ecosistema.

Lo que ha ocurrido en relación con la delimitación de Santurbán, es, a mi manera de ver, un reflejo de la realidad jurídica del país:

 

  1.        Muestra inseguridad, no porque no nos guste la nueva norma, como oí alguna vez, sino porque las situaciones consolidadas al amparo de regulaciones previas no cuentan con protección del Estado;

 

  1.        Muestra que la defensa de causas que generan atención mediática, parece más importante que la protección y amparo de otros derechos, también de raigambre constitucional;

 

  1.         Muestra que las decisiones no parecen ser nunca definitivas, y que el propósito de la acción de tutela, gran aporte de la Constitución de 1991, se ha desvirtuado.

 

  1.        Muestra que decisiones que revisten un carácter eminentemente técnico, jurídico, sociológico y económico, entre otras, son entregadas a la voluntad de la comunidad en general, quien no siempre tiene la información adecuada, ni las herramientas necesarias, para tomar una decisión que considere todas las aristas del problema, lo cual conlleva a que las decisiones sean, en la mayoríua de los casos, lamentablemente erróneas.

 

Y aunque mis columnas sobre lo que pasa en Santurbán hoy llegan a su fin, este debate aún no termina y probablemente, la nueva delimitación de lugar a 400 años más de discusión.

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