La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que la Sala de Reconocimiento imputó al teniente coronel (r) Fernando Moncayo Guancha por los crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, en calidad de coautor, cometidos en el Huila. El militar reside ahora en Abu Dabi.
Diario del Huila, Primer Plano
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un nuevo paso en la investigación de los falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2008 en Colombia, al modificar la imputación contra el coronel (r) Fernando Moncayo Guancha, exsubcomandante del Batallón de Infantería Nro. 26 -Cacique Pigoanza, en Huila. La JEP lo acusa ahora de tener una responsabilidad directa en 44 ejecuciones extrajudiciales y en un intento de asesinato durante su tiempo en el mencionado batallón.
La acusación surgió después de que la JEP lograra contactar a Moncayo, quien actualmente reside en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y ofreció una versión voluntaria virtual a comienzos de este año. En esta nueva etapa del proceso, se le atribuye a Moncayo un papel líder en la creación y ocultamiento de un patrón de crímenes a gran escala, aprovechando su posición como exoficial de operaciones del Batallón Cacique Pigoanza.
Debido a que a la Sala se le informó que Moncayo Guancha se encontraba residiendo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mediante el Auto ARA-127 del 2023, “se le solicitó a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que adelantara: “las gestiones pertinentes para Notificar esta providencia y el Auto SUB D –Subcaso Huila– 020 del 6 de junio de 2022, junto con los traslados correspondientes, al señor Fernando Moncayo Guancha”, señala la decisión de la JEP.
La Sala de Reconocimiento de la JEP subrayó que hay «base suficiente para entender que su actuación correspondió al ejercicio de un rol de liderazgo frente a la consolidación de los patrones macro criminales«. La acusación se centra en la emisión irregular de misiones tácticas utilizadas para «legalizar» los asesinatos cometidos bajo su mando.
“Moncayo estuvo adscrito al Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, entre el 19 de mayo de 2006 y el 20 de agosto de 2008, periodo en el que desempeñó los cargos de comandante de compañía, oficial de operaciones y segundo comandante, bajo los grados de capitán y mayor”, señaló la JEP.
La comparecencia de Moncayo se da en atención a la información obtenida por la Sala, en la fase de contrastación del subcaso Huila, en la que se estimó procedente llamar a versión voluntaria al teniente coronel.
El testimonio de uno de los soldados
Un elemento crucial en este proceso fue el testimonio del soldado Jesús Mauricio Jiménez, quien reveló el modus operandi de las órdenes de operaciones. «Siempre lo realizaban en el momento para evitar si de pronto pasaba algún inconveniente. Ya estaba por escrito la orden de operaciones, pero siempre me lo hacían llegar, pero como le digo, prácticamente eso ya se tenía previsto que era lo que se iba a hacer, todo a través de la línea del celular«.
Moncayo enfrenta acusaciones de hacer caso omiso a las evidentes irregularidades en los informes de las operaciones llevadas a cabo por el Batallón. Este complejo contexto estaba vinculado a una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales, donde civiles eran presentados como bajas en combate, una maniobra criminal que, según la JEP, era imposible que Moncayo desconociera.
Las operaciones en Huila, objeto de 21 cuestionamientos por parte de la JEP, llevaron a la imputación de crímenes de lesa humanidad al coronel retirado. Moncayo tiene ahora 30 días para responder si admite o no su responsabilidad en estos cargos.
Cabe destacar que, desde junio de 2022, la JEP ya había citado a dos exoficiales del Ejército, incluyendo a Moncayo Guancha, y al capitán (r) José David Restrepo Solarte, para declarar sobre su supuesta implicación en casos de falsos positivos.
Este llamado se realizó después de las investigaciones de la Procuraduría, que señalaron a ambos militares retirados como presuntamente responsables de estos hechos, a través de un informe de observaciones y la información recopilada en varias audiencias de confesiones.
Las investigaciones en contra de Moncayo se centran en 45 de las muertes, dentro de un total de 6.402 civiles asesinados en estado de «indefensión», según un informe de la Comisión de la Verdad. El proceso legal sigue su curso, buscando esclarecer la verdad y hacer justicia en casos tan sensibles que marcaron un oscuro capítulo en la historia reciente de Colombia.Dii
“Doce hechos corresponden al primer patrón macrocriminal de estigmatización a víctimas por señalamientos arbitrarios de pertenencia a un grupo armado; tres al segundo, de selección y atracción de víctimas aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad; y siete al tercero, de operaciones ofensivas contra supuestas actividades de delincuencia común”, aseguró la JEP en su auto.
El proceso investigativo
La Sala de Reconocimiento recibió cuatro informes de entidades estatales (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación), y el Informe de la Secretaría Ejecutiva de la JEP a las Salas de Justicia, que son relevantes para el subcaso Huila.
Adicionalmente, las organizaciones de víctimas aportaron 3 informes referidos a hechos ocurridos en ese departamento, que involucran conductas perpetradas, entre otros, por integrantes del Batallón de Infantería No. 27, “Magdalena” (BIMAG), del Batallón de Infantería No 26, “Cacique Pigoanza”6 (BIPIG), y de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR).
A su vez, conforme al estándar de debida diligencia que rige la instrucción de los macrocasos por parte de la Sala de Reconocimiento7, en el subcaso Huila se practicaron 130 versiones voluntarias, así como 7 testimonios de efectivos de las unidades priorizadas y de terceros civiles.
En consecuencia, se escuchó a 61 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 27, “Magdalena”; 52 exintegrantes Batallón de Infantería No. 26, “Cacique Pigoanza”; 6 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales No. 11 y 11 exintegrantes de la Novena Brigada, con el propósito de identificar a los máximos responsables involucrados en las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate durante el periodo comprendido entre el año 2005 y el año 2008. De las 130 personas que atendieron el llamado de la SRVR, 15 rindieron versión voluntaria escrita y 115 mediante audiencia virtual o presencial, sin perjuicio de la entrega posterior de complementos escriturales.
En las unidades militares se recopilaron documentos provenientes de los archivos operacionales, de inteligencia, de ayudantía y comando, que sirvieron como soporte de las acciones militares en las que se perpetraron los homicidios y las desapariciones forzadas investigadas.
Dichos elementos fueron utilizados como fuente de contrastación de los relatos obtenidos en las versiones voluntarias y sirvieron como insumo para el análisis de contexto, así como para la determinación de hechos y la atribución de responsabilidades.
