Por: Marco Fidel Yukumà
Es muy poco lo que un político le sirve a su municipio, a su región o al país. Se han convertido en una carga, en un desangre, en un dolor de cabeza, en un verdadero inconveniente para la sociedad. Y hay un sector que es peor; lo integran esos políticos que aspiran a cargos públicos, a sabiendas, de que con la simple aspiración le están provocando un daño irremediable a la administración pública.
Hablo de ese hatajo de irresponsables que se convierten en candidatos, desafiando el decoro y la ley. Se inscriben sin importarles que cargan sobre sus hombros el “sambenito” de las inhabilidades, causando daños irreparables al municipio, al departamento, a la nación, y a la gente que de buena fe confía en ellos.
Un caso evidente es el de Víctor Andrés Tovar Trujillo. Los abogados, los leguleyos, los expertos, los periodistas y hasta los iletrados de todo el departamento, advirtieron durante casi un año sobre su incuestionable inhabilidad como aspirante a la Cámara de Representantes, y no le paró bolas a nadie. Todo el mundo sabía que su credencial que costó un dineral resultaría de juguete, que su desafiante elección se caía en el primer aleteo jurídico, dejando al departamento sin esa alternativa, porque desde que se produjo el primer fallo, esa curul prácticamente quedó al garete, no se descarta que quien la ostenta en el momento, también la pierda.
Ocurrió igual con el alcalde del municipio de Rivera, Luis Humberto Alvarado Guzmán, quien conocía muy bien su inhabilidad, se la hicieron saber hasta sus amigos, pero metió la cabeza sin importarle para nada, el daño que le causaría a su municipio, qué irresponsable. Su elección se puede caer en cualquier momento, ya hay un primer fallo que quiérase a no, ha ocasionado desgobierno en la población. Esta aspiración fue una imposición de su familia, de sus jefes políticos, y del mismo candidato que sólo le importaba hacerse elegir.
En el concejo de Neiva varios integrantes perdieron su credencial por inhabilidades reportadas antes de las elecciones, impidiendo que ciudadanos honestos, comprometidos, defensores de lo público llegaran a esa instancia a servir, aunque está claro que los ciudadanos trasparentes, no pueden llegar a estos espacios, secuestrados por los corruptos, que inhabilitados o no, son los que las usufructúan, lamentablemente con la anuencia de los electores que son los responsables directos de las desgracias que empañan, elección tras elección la democracia.
Persiste la urgencia de reformas en la normatividad electoral del país. Ni los investigados judicialmente o disciplinariamente, ni mucho menos los inhabilitados, deberían tener derecho a hacerse elegir, deberían ser señalados como parias de la política nacional, porque son ellos los responsables de que la institucionalidad haya caído al abismo. Ellos son los que han pervertido en gran parte el régimen electoral, son los que han desnaturalizado los conceptos de honestidad, transparencia y respeto en la manera de hacer la política en Colombia.
Lamentablemente, no hay elección sin inhabilitados, como tampoco la hay sin corruptos y sin deshonestos, que han pervertido la conciencia electoral, reservando en parte, el oficio de la política a algunos criminales con licencia para hacer lo que les dé la gana.
