No son angelitos de la guarda. Son criminales. Claro está que el Estado es el que debe colocar la agenda para generar acuerdos que superen las dificultades y tropiezos, que por lo regular ocurren durante los procesos de diálogos. A veces duran años, como también cuando hay voluntad de paz, se pueden obtener consensos mutuos. Siempre el objetivo debe ser la desescalada de la violencia absurda, porque ya no existen los credos políticos, ni las creencias de la toma del poder por la vía armada. Son una utopía. Pero mientras persistan los materiales comburentes del narcotráfico, secuestros, asesinatos, masacres, hurtos, extorsiones, taponamientos, atentados terroristas y daños a la infraestructura productiva, que incentivan esta fratricida lucha armada, jamás se podrá lograr este anhelo superior para las familias colombianas: la paz.
Desafortunamente cuando el Estado se doblega ante los intereses de estas organizaciones criminales, los resultados son adversos. El gobierno no puede doblegarse ante la criminalidad creciente que tenemos en el país. El 30% del territorio colombiano se encuentra controlado por estas organizaciones delincuenciales, con la permisividad del Estado. Son absurdas las medidas gubernamentales que ha tomado el gobierno nacional de seguir debilitando progresivamente a las fuerzas militares y a la Fuerza Pública. La salida de 526 integrantes de estos organismos de seguridad, entre generales, almirantes, coroneles, mayores y demás integrantes de éstos, junto con prohibir los bombardeos a estas estructuras criminales, con el sofisma de distracción de que existan menores de edad, que ya tienen la formación de ser asesinos y que obligan a los pilotos de estas aeronaves militares a bajar para pedirles la cédula de ciudadanía, algo risible, lo cual es aprovechado para seguir fortaleciéndose militarmente.
Lo que ha venido ocurriendo desde que se instalaron las mesas de dialogo con el ELN en la Habana Cuba y con las Disidencias de las Farc, se siguen aumentando los niveles de violencia y la criminalidad en el territorio colombiano. Lo triste es que el gobierno nacional no ha cogido el toro por los cuernos. Ésto debe cambiar. Consideramos que no se deben levantarse de las mesas de diálogo, Hay que seguir apostándole a la paz. Lo que el Estado, no le debe dar concesiones a estas organizaciones criminales, ni suspenderles la ofensiva militar. Para la institucionalidad no debe haber terrenos vedados para su accionar militar. En la medida que se le sigan propinándole grandes golpes a estas estructuras criminales y a su distribución de narcóticos, necesariamente van a ceder por la supremacía del gobierno en todo el territorio colombiano.
