La tutela sostenía que el CNE y el Congreso no podían tener competencias sobre la investigación y posibles sanciones que afectarían el mandato presidencial de Petro.
El Consejo de Estado rechazó una acción de tutela interpuesta por la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia, que buscaba detener una investigación contra la campaña presidencial del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. La tutela, presentada con el argumento de defender el orden constitucional y la separación de poderes, fue declarada improcedente por el alto tribunal.
La acción judicial giraba en torno a un proceso de pérdida del cargo que se podría iniciar contra el mandatario, y pretendía que se protegieran los derechos de la ciudadanía en relación con la investigación de su campaña presidencial. La Fundación Dilo Colombia argumentaba que las garantías ciudadanas se vieron afectadas debido a que, en su criterio, la Sala de Consulta del Consejo de Estado no tenía competencia para tratar el caso.
Argumentos de la fundación
Según la fundación, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no tenía la competencia para resolver asuntos relacionados con la campaña presidencial de Gustavo Petro, ya que, según su interpretación, este tipo de conflictos tenía una naturaleza jurisdiccional que debía ser resuelta por la Corte Constitucional. En este sentido, la organización consideraba que la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Congreso de la República debía ser limitada en este tipo de casos.
Dilo Colombia sostenía que el CNE y el Congreso no podían tener competencias sobre la investigación y posibles sanciones que afectarían el mandato presidencial de Petro. Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó estos argumentos, concluyendo que la fundación no tenía interés legítimo ni representaba a ninguna de las partes afectadas en el proceso.
La decisión
El Consejo de Estado aclaró que las decisiones relacionadas con la campaña presidencial y la posible pérdida del cargo del presidente son de exclusiva competencia del CNE y el Congreso. Asimismo, señaló que solo el presidente Gustavo Petro tiene la legitimidad para ejercer acciones en su defensa dentro de este proceso.
Además, el tribunal explicó que, aunque la Fundación Dilo Colombia alegaba actuar en defensa de los derechos de la ciudadanía, no puede ser considerada como tal, ya que no tiene la calidad de ciudadano y, por lo tanto, no puede acreditar que votó en las elecciones presidenciales de 2022. Esta falta de legitimidad fue un factor clave en la improcedencia de la tutela.
Finalmente, se presentó una aclaración de voto por parte de dos magistrados del Consejo de Estado, quienes expresaron su desacuerdo parcial con la decisión tomada por la mayoría, aunque esta no alteró el fallo principal.
La decisión del Consejo de Estado ratifica el proceso de investigación en torno a la campaña presidencial de Gustavo Petro y subraya los límites en la participación de actores externos en procesos que involucran la pérdida del cargo presidencial.
