En Colombia, los líderes sociales se han convertido en una especie de ‘mártires’, quienes ponen en riesgo sus vidas, al denunciar hechos victimizantes, entre ellos el desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de edad. Alguno con más ‘suerte’, los grupos armados, les respetan la vida, pero los obligan a abandonar sus predios y a salir del territorio, los condenan a la pobreza.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo en mayo de 2023, informó que en el periodo comprendido entre 2019 y diciembre de 2022, 593 líderes y defensores de derechos humanos fueron ultimados.
Extorsión y miedo
Y con el fin de entender esta cruel problemática, dialogamos con Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo Seccional-Huila, quien manifestó: “nosotros de manera permanente a través de nuestra delegada de protección de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, estamos activando ruta de protección para personas líderes, lideresas y entre otros funcionarios públicos, que vienen siendo extorsionados por parte de los grupos armados, y a quienes de alguna manera, han decidido ponerle frente a esto, denunciar, se activan las rutas en Gaula Ejército o Policía”.
“Tememos que existen más de 15 líderes, lideresas y personas que ejercen estas labores en varias zonas rurales, vienen siendo objeto de amenazas, primero porque están abanderando causas, visibilizan las problemáticas y segundo por ser dueños de establecimientos comerciales, cuentan con ingresos mensuales, y a quienes les han llegado mensajes de texto”, expresó la funcionaria.
Según los investigadores, estas personas son citadas a lugares aparatados, donde los obligan a adquirir una serie de compromisos para cancelar las sumas exigidas.
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Municipios más afectados
A las personas que son víctimas de este flagelo, les da miedo, algunos no vuelven a abrir sus establecimientos comerciales, además, hay ‘negocios’ que tienen escaso margen de rentabilidad, para cancelar un impuesto adicional.
Gran porcentaje de estos hechos victimizantes, se registran en los municipios de Algeciras, Neiva, Villavieja, Tello, Baraya, Campoalegre y Rivera.
Adicionalmente, se conoció que hay personas que temen denunciar, por estas situación existen un subregistro, se cree que por esta causa, habrían más de 30 personas amenazadas en el Departamento.
Intimidaciones vs denuncias
Por su parte, Edna Pinto, defensora de derechos humanos y lideresa de la fundación Víctimas del Conflicto Armado y Población Vulnerable (Viccoar) y coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado, expresó: “se han registrado amenazas, desplazamientos de personas que han tenido que salir de sus municipios. Principalmente, a líderes, presidentes de Juntas de Acción Comunal, defensores de derechos humanos”.
Las intimidaciones se presentan para que no realicen las denuncias frente a hechos victimizantes.
Sin embargo, los afectados acuden a los enlaces regionales, donde dan a conocer las problemáticas que los perjudican. “En algunas administraciones, se están quedando en absoluto silencio frente a estas situaciones, hay quienes piden acompañamiento, por ejemplo en las Personerías Municipales, donde no les podrían garantizar la no repetición del caso”, dijo la vocera.
En el Departamento, habría cerca de 20 líderes y defensores amenazados.
Para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la definición de líder social comprende a los defensores de derechos humanos y es más amplia en tanto reconoce como líderes o lideresas a los activistas vinculados a la defensa de derechos de la comunidad y organización en una coyuntura específica, aunque no sea su dedicación permanente. En sentido amplio todo líder social es un defensor de derechos humanos.
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‘Rutas de papel’
“No solamente los amenazan, sino que los desplazan de sus territorios, tienen que dejar todas sus pertenencias abandonadas, o se ven obligadas a prácticamente que regalar los predios, para salvar algo”, resaltó la lideresa.
En este sentido, y debido al reclutamiento forzado de menores de edad, es importante que las Ruta de Atención, se conviertan en estrategias que permitan evitar esta cruel práctica. Asimismo, los funcionarios en los territorios, también al revelar las declaraciones, pueden ponerse en riesgo.
Los actores armados, se ensañan con los líderes sociales, “porque somos los quienes damos a conocer los casos, realizamos las denuncias y escuchamos a la población que no es atendida y quieren que nosotros seamos su voz”.
Caso La Plata confirmado
Asimismo, la funcionaria reveló: “tenemos un registro inmediato de, en donde dos menores de edad, fueron sustraídas de sus núcleo familiares en el municipio de La Plata y nos tienen en este momento en ‘jaque’, por ende hemos activado con Fiscalía General de la Nación, un mecanismo que se llama Unidad de Búsqueda Inmediata para estas dos ñiñas. Una de ellas le había informado a sus progenitores que fue asediada por personas que dicen pertenecer a los grupos al margen de ley, para que hicieran parte de sus ‘filas’”.
Y en relación a este hecho victimizante, el coronel, Carlos Téllez, comandante del Departamento de Policía Huila, expresó: “una vez conocimos del hecho de la desaparición de dos adolescentes, nuestras unidades de la seccional de investigación criminal recepcionaron la denuncia, luego desplegamos labores de inteligencia y toda nuestra oferta institucional, con el fin de recolectar información, que nos permita su ubicación, entrevistas, videos de cámaras de seguridad y otras evidencias, están siendo evaluadas y analizadas por los investigadores y la fiscalía especializada”.
Asimismo, los investigadores buscan generar acciones pertinentes que les permitan, lo más pronto posible devolverlas al ‘seno’ de su hogar. E invitan a las personas que tengan algún tipo de información sobre su paradero, les informen inmediatamente a las líneas de emergencia o se acerquen hasta las instalaciones policiales, igualmente pueden comunicarse a la línea contra el crimen de la Policía Nacional: 314 358 72 12.
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Una centena de asesinatos
Y un triste caso, se presentó el 7 de agosto del presente año, donde Carlos Alberto Aristizábal, líder social y actual presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Dorado de Pereira, Risaralda, fue ultimado.
Su crimen habría sido motivado por realizar denuncias de invasiones en su barrio, y en el año 2023, recibió amenazas contra su integridad. Con su muerte, el país registra el asesinato número 100 de un líder social en lo que va del 2024.
Y de manera reciente la Procuraduría General de la Nación, expresó su preocupación por la alarmante que viven los defensores, líderes y activistas de derechos humanos en el país y reflejo de ello es el número de 87 vidas que, a corte de junio de 2024, cobra la violencia.
Ante las preocupantes cifras, la entidad ha sido reiterativa en los llamados de atención al Gobierno para que brinde las garantías necesarias de protección a los líderes sociales, que continúan denunciando abandono y negligencia por parte de las autoridades nacionales y territoriales en esta materia.
Y aunque en 2016 se firmó el Acuerdo de Paz, la violencia y las amenazas en contra de los defensores de derechos humanos sigue recrudeciendo año tras año en departamentos como Cauca en donde ya son 18 los líderes asesinados. Igual sucede en Antioquia en donde las estadísticas dadas por la Defensoría del Pueblo reseñan 12 muertos, mientras que el Valle del Cauca aporta a la dramática cifra 10 homicidios, seguido por el departamento de Arauca con 8 asesinatos.
