La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios y particulares relacionados con distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS), tras la identificación de posibles irregularidades en el manejo de recursos destinados a la atención en salud durante el año 2020.
La medida fue tomada luego de que la Contraloría General de la República presentara un informe de auditoría que reveló varios hallazgos relacionados con el uso indebido de estos fondos.
La investigación está centrada en los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos para servicios y tecnologías no financiadas con recursos de la UPC, que fueron girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en 2020.
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La Delegada para la Economía y la Hacienda Pública de la Procuraduría ha sido la encargada de iniciar las actuaciones disciplinarias con el propósito de esclarecer si estos recursos fueron gestionados de manera adecuada. En concreto, la indagación se enfocará en verificar si los dineros destinados a las EPS fueron utilizados conforme a lo establecido, y si dichas entidades actuaron bajo el principio de anualidad presupuestal que regula el uso de estos recursos.
El Ministerio Público busca, a través de esta indagación, individualizar a los responsables de las posibles irregularidades, determinar si la conducta en cuestión constituye una falta disciplinaria, y establecer si existe alguna causal que excluya la responsabilidad de los implicados. Además, se analizará el cumplimiento de las obligaciones financieras y administrativas por parte de las EPS para garantizar que los recursos se emplearon en beneficio del sistema de salud y la atención de los usuarios.
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