El Gobierno colombiano enfrenta una encrucijada económica: necesita recaudar 12 billones de pesos para financiar el Presupuesto del 2025, en un contexto de desaceleración económica, resistencias en el Congreso y crecientes demandas sociales. ¿Es la reforma tributaria la solución o apenas un paliativo a un déficit estructural que amenaza sectores clave como la educación, la vivienda y los programas sociales?
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
El Gobierno colombiano enfrenta un desafío económico de magnitudes considerables: financiar un faltante de 12 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación del 2025. Este déficit surge en medio de un contexto de desaceleración económica, un Congreso reacio a aprobar reformas y un panorama fiscal que amenaza con generar severos recortes en sectores clave. La pregunta central es si la reforma tributaria, proyectada para recaudar esos 12 billones de pesos, será suficiente para mitigar los riesgos financieros del país.
Un presupuesto desfinanciado y sus implicaciones
El recorte anunciado para el Presupuesto General del 2024 fue de 28,4 billones de pesos, marcando un ajuste considerable en las cuentas públicas. Sin embargo, el panorama para el 2025 es aún más crítico. El Presupuesto del próximo año, presentado mediante decreto tras ser rechazado por el Congreso, asciende a 523 billones de pesos, un incremento del 3,9 % respecto al 2024. De esta cifra:
– 327,9 billones se destinarán a gastos de funcionamiento (un aumento del 6 %).
– 112,6 billones cubrirán el servicio a la deuda (un incremento del 19 %).
– 82,4 billones irán a inversión (una caída del 17 % respecto a los 99 billones del año anterior).
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha advertido que, si la reforma tributaria no se aprueba antes de fin de año, el Gobierno se verá obligado a aplazar partes del presupuesto desde el 2 de enero. Esto podría implicar decisiones drásticas sobre qué sectores sufrirán mayores recortes.
Impacto en sectores clave
Las repercusiones de la falta de financiación ya generan alarma en diversos sectores. Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, proyecta que los recursos de su entidad se reducirán casi un 50 %, quedando en solo 5,3 billones de pesos. Esto impactará severamente programas de transferencias sociales.
En el sector vivienda, el programa Mi Casa Ya experimentará una caída drástica en subsidios, pasando de 50.000 en el 2024 a cerca de 20.500 en el 2025. Guillermo Herrera, líder de Camacol, ha advertido que esta reducción afectará gravemente a las familias de menores ingresos.
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La educación también enfrenta riesgos significativos. El ministro Daniel Rojas señaló que los recursos para créditos del Icetex y las universidades públicas dependen directamente de la aprobación de la reforma tributaria. «Si no hay ley de financiamiento, los créditos y el funcionamiento de las universidades podrían estar en peligro», advirtió.
Según un informe de Corficolombiana, 125 de 183 entidades gubernamentales sufrirán recortes en el 2025, totalizando una disminución de 24 billones de pesos. Entre las más afectadas están:
– Departamento de Prosperidad Social (-5,1 billones de pesos).
– Agencia Nacional de Tierras (-3,4 billones de pesos).
– Fondo Nacional de Vivienda (-1,7 billones de pesos).
¿Es suficiente la reforma tributaria?
A pesar de la importancia de la reforma tributaria, los analistas coinciden en que su impacto sería insuficiente para cubrir el faltante total. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, estima que el déficit real podría alcanzar los 36,6 billones de pesos, considerando:
– Los 12 billones proyectados por la reforma tributaria.
– Un faltante de recaudo de la Dian por 9 billones de pesos.
– 14,6 billones en ingresos adicionales que carecen de respaldo concreto.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano calcula que el hueco fiscal podría llegar a 56 billones de pesos, mientras que el senador Miguel Uribe lo sitúa en 34,6 billones. Estas proyecciones reflejan un problema estructural en la gestión fiscal del país.
Además, algunos sectores han criticado aspectos específicos de la reforma, como el aumento del impuesto al patrimonio, que afectaría tanto a personas naturales como a empresas. Este cambio podría disuadir la inversión en un momento de debilidad económica.
Otros retos y perspectivas
Más allá del déficit, la situación económica de Colombia refleja desafíos estructurales que van más allá de una simple reforma tributaria. En el 2024, el recaudo tributario alcanzó 206 billones de pesos hasta septiembre, un 8,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Esto evidencia una desaceleración en los ingresos fiscales que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El contexto internacional también añade presión. La volatilidad de los mercados globales, el aumento de las tasas de interés y la inflación interna limitan las posibilidades de obtener financiación externa o implementar medidas expansivas para estimular el crecimiento. Ante estas circunstancias, el margen de maniobra del Gobierno se reduce considerablemente.
Por otra parte, sectores de la oposición han señalado que las medidas propuestas en la reforma tributaria podrían agravar la desigualdad y desalentar la inversión. Esto genera una paradoja para el Gobierno: la necesidad de recaudar recursos rápidamente versus el riesgo de debilitar el tejido económico en el mediano plazo.
Alternativas en discusión
Ante el escepticismo sobre la capacidad de la reforma tributaria para cubrir el déficit total, algunos expertos proponen explorar alternativas complementarias. Entre ellas se encuentran:
1. Revisión del gasto público: Identificar y eliminar gastos ineficientes podría liberar recursos significativos sin necesidad de mayores impuestos.
2. Fortalecimiento del recaudo tributario: Implementar mecanismos más efectivos para reducir la evasión y elusión fiscal, que, según la Dian, podrían representar entre el 4 % y el 6 % del PIB.
3. Promoción de la inversión: Crear incentivos para atraer capitales nacionales y extranjeros, lo cual generaría un aumento en los ingresos fiscales a mediano plazo.
4. Ampliación de la base tributaria: Incorporar a sectores de la economía informal en el sistema fiscal para garantizar una mayor equidad y sostenibilidad en el recaudo.
La situación fiscal de Colombia para el 2025 pone de manifiesto la necesidad de reformas estructurales y un manejo más eficiente del gasto público. Aunque la reforma tributaria es crucial para aliviar parte del déficit, no es una solución definitiva. El Gobierno enfrenta el desafío de construir consensos políticos en un Congreso dividido, mientras busca alternativas para garantizar la sostenibilidad de sectores fundamentales como la educación, la vivienda y la protección social.
El éxito de cualquier estrategia dependerá no solo de su diseño técnico, sino también de su implementación efectiva y de la capacidad del Gobierno para generar confianza en los actores económicos y sociales. Sin acciones concretas y una planificación fiscal de largo plazo, el riesgo de un deterioro económico persiste. La discusión sobre cómo cerrar el déficit fiscal no solo afecta las cuentas nacionales, sino también el bienestar de millones de colombianos que dependen de programas sociales y servicios públicos fundamentales.
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