Es inevitable referirse así sea de manera breve a las consecuencias generadas por el reciente fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de la concepción, ratificando a su vez las tres causales excepcionales ya conocidas para períodos mayores de gestación.
Desde los fallos relacionados con el famoso fast-track y del marco jurídico para la paz, así como de los posteriores que insertaron todos los elementos del Acuerdo del Colon, no se habían registrado tantas reacciones adversas y descalificaciones jurídicas y políticas a la guardiana de la constitución.
Es inadmisible que, por favorecer ciertos y determinados intereses ideológicos y políticos, los magistrados de la Corte hayan proferido sentencias de constitucionalidad que avalaron la burla a la soberanía popular con relación al resultado del plebiscito; y que ahora, con esta decisión, pasen por encima del expreso mandato constitucional de proteger la vida humana como fuente primaria de todos los demás derechos fundamentales.
Las censuras plenamente justificadas pasan también por haber usurpado las competencias del Congreso al despenalizar una conducta delictiva prevista en el Código Penal, cuando es el legislativo quien tiene la competencia exclusiva y excluyente de definir la política criminal, sus reformas y/o su derogación.
Existe también un amplio consenso en señalar que, de conformidad con la demanda de tutela, su contenido material y las pretensiones allí formuladas; existía cosa juzgada y en consecuencia la corte ha debido declararse inhibida, tal como con suficiente precisión lo señaló el magistrado JORGE ENRIQUE IBAÑEZ en su argumentación que sustenta el salvamento de voto.
La indignación en la ciudadanía así como el estupor generado en la comunidad jurídica, permiten pensar que la ponencia así como los 5 magistrados que la aprobaron con la insulsa aclaración de voto del Conjuez, incurrieron en grave error conceptual, procedimental, jurídico y político que deslegitima la autoridad de la Corte y contribuye a la falta de confianza en el sistema judicial, ya bastante desprestigiado por la impunidad, la morosidad y la corrupción evidenciada con el llamado “ cartel de la Toga”.
Tal indignación ciudadana permite recordar el episodio de hace algunos años, cuando la ministra Parody quiso implementar de manera obligatoria, en el sistema educativo estatal; las cartillas sobre igualdad de género para promover desde el Estado el matrimonio entre parejas del mismo sexo; la adopción para parejas homosexuales; el aborto y la eutanasia; conceptos que obedecen a la llamada ideología progresista que busca destruir el valor esencial de la familia como núcleo vital de nuestra sociedad.
Conviene entonces recordar la multitudinaria marcha cívica liderada por la jerarquía eclesiástica y los movimientos cristianos que neutralizaron eficazmente dicho propósito; movilización que seguramente se repetirá ahora con mayor vigor en cuanto que la amenaza de legalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación; es inadmisible ética, humana y moralmente para quienes creemos que la vida es sagrada desde la concepción; tal como el derecho natural lo ha reconocido y está consagrado en diversos estatutos de los Derechos Humanos.
Urge entonces que el gobierno Duque construya rápidamente un consenso político con las fuerzas mayoritarias del Congreso para presentar, debatir y aprobar un acto legislativo que derogue la sentencia en su contenido material de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación; ratificando a su vez, las tres excepciones ya definidas por la jurisprudencia, para salvar muchas vidas de inocentes e indefensas criaturas humanas que estarán amenazadas de muerte, mientras tiene vigencia la errada e inconveniente decisión de la Corte. A este sano propósito también puede contribuir el respetable gremio médico haciendo uso de la “objeción de conciencia”
Por otra parte, se acerca la definición política más trascendental para la democracia colombiana, en un contexto cada vez más polarizado y agresivo. Mi convicción personal que comparto con respeto, es que los uribistas debemos participar activamente votando por las listas uribistas al Congreso y que también debemos votar en la Consulta interpartidista de la Coalición Equipo por Colombia. En mi caso, como conservador uribista, lo haré por ALVARO HERNAN PRADA PARA SENADO y escogeré la que me parezca la mejor opción en la Consulta.
