“Cada año Bojayá está pidiéndole al gobierno garantías, pero tenemos que estar viviendo confinamientos, desplazamientos (…) contar ojalá con estas medidas de protección que tendría ese vínculo legal que obligue al estado a hacer lo que no ha querido hacer por voluntad o porque no le importan las vidas de los habitantes” afirmó José de la Cruz Valencia, delegado del Comité de Víctimas de Bojayá.
Luego de 20 años de la masacre de Bojayá el Comité de Víctimas de este hecho anunció que se encuentra preparando una carta para solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decrete medidas cautelares y ordene al Estado protegerlos. Los afectados aseguran que después de todo este tiempo, la violencia en el territorio persiste y no se han tomado acciones que eviten que los habitantes el municipio chocoano sean revictimizados.
También pedirán al Estado que avance en el proceso para reconocer como víctimas a quienes no alcanzaron a nacer porque sus madres, embarazadas, murieron en el atentado. También se pidió que se agilice la búsqueda para encontrar a las personas que siguen desaparecidas.
Hace veinte años, exactamente el 2 de mayo de 2002, rampleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) lanzaron tres cilindros bombas hacia Bellavista, la cabecera municipal. Uno de los tres cilindros fue lanzado cerca de las once de la mañana de ese día y rompió el techo de la iglesia, donde se refugiaban cerca de 300 personas. El artefacto impactó contra el altar y detonó su carga explosiva y de metralla. El saldo de este hecho fue de 79 personas muertas, 45 de ellas menores de edad.
