La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad abrió un incidente de desacato contra el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, por el incumplimiento reiterado de las órdenes impartidas en el marco de las medidas cautelares colectivas que buscan proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz.
Por tanto, la información solicitada a este ministerio está encaminada a establecer los obstáculos que impiden el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de garantías de seguridad de la población señalada y para determinar las medidas urgentes que se deben adoptar.
De esta manera, la decisión busca, señala la JEP, el cumplimiento efectivo de la orden pendiente de ejecución y propender por la correcta administración de justicia. Así las cosas, la JEP había pedido información al Ministerio de Justicia sobre:
- La implementación y los logros alcanzados en materia de adecuación de la política criminal para el desmantelamiento de organizaciones criminales y acciones promovidas para el sometimiento a la justicia, así como la articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y resultados.
- Las actividades de coordinación y articulación implementadas con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y otras entidades con funciones de garantías de seguridad, para contribuir a las investigaciones sobre la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento de organizaciones criminales en el contexto de las garantías de no repetición.
- Planes y acciones focalizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la justicia en los municipios más afectados por la violencia, acordados con el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Hacienda, y el estado de su implementación conforme a los compromisos que refiere la Procuraduría.
A la fecha, el Ministro de Justicia no ha emitido ninguna declaración al respecto como respuesta oficial sobre la decisión.
