sábado, 22 de septiembre de 2018
Primer Plano/ Creado el: 2018-08-22 07:51 - Última actualización: 2018-08-22 11:27

El alcalde Lara oculta la verdad: Consorcio Estadio 2014

Así lo asegura el Ingeniero Civil, Miguel Alejandro Lozano, Representante Legal y Director de Obra del Consorcio Estadio 2014.

Escrito por: Jhon Freddy Figueroa | agosto 22 de 2018

Por Jhon Freddy Figueroa – Editor General

A raíz de los últimos acontecimientos respecto al Estadio “Guillermo Plazas Alcid”, DIARIO DEL HUILA dialogó con el contratista ejecutor de las obras, en virtud de que hasta ahora a través de diferentes medios sólo se ha expresado la versión del contratante, es decir la Alcaldía de Neiva.

Poco dado a conceder entrevistas a los medios, el ingeniero civil Miguel Alejandro Lozano Castañeda, Representante Legal y Director de Obra del Consorcio Estadio 2014, accedió a hablar para que como él lo indica “se conozca la verdad y se acaben las especulaciones”.

¿Quién es Miguel Alejandro Lozano?

Profesional bogotano, de 60 años de edad, con 36 años de experiencia como ingeniero civil. Realizó el reforzamiento estructural del Estadio Atanasio Girardot de Medellín, que le mereció el Premio de Ingeniería en 2008 y fue condecorado con la medalla de honor al mérito de la Ingeniería, otorgado por la Universidad La gran Colombia. Obtuvo el premio de arquitectura por la construcción de la Biblioteca Belén de Medellín. Entre sus obras sociales se destaca la creación hace 15 años de la Fundación CLAM, que ayuda anualmente a 600 niños que padecen hambre.  Así respondió en entrevista exclusiva a esta Casa Editorial.

A dos años de la suspensión del contrato, ¿qué es lo que ha sucedido frente a las obras de remodelación del Estadio Plazas Alcid?

“Al día de hoy no vemos ningún avance en la solución de la controversia contractual desde el punto de vista administrativo, a pesar de que tenemos toda la voluntad de resolver los inconvenientes. El alcalde está emitiendo un sinnúmero de comunicaciones verbales y escritas, para coaccionar a quienes toman las decisiones disciplinarias, fiscales y penales.  Ventilar las controversias e intentar resolverlas a través de los medios de comunicación no es el camino.

El alcalde y su jefe de contratación están impedidos para actuar en este proceso por estar investigados por la procuraduría y la contraloría, impedimentos que fueron aceptados por el órgano de control competente, razón por la cual no es ético, jurídico, ni moral, que busque directamente al señor presidente de la República para tratar de distorsionar la realidad con su versión sesgada y tendenciosa, y utilizando a la comunidad para movilizaciones que buscan desviar la atención sobre las investigaciones que los órganos de control le adelantan.

¿Cuáles han sido las irregularidades que ustedes han detectado en el proceso adelantado por la alcaldía en su contra?

“En octubre de 2016 se convocó por parte de la Alcaldía de Neiva, a audiencia de incumplimiento en contra nuestra y desde el principio detectamos que hay varias irregularidades, entre otras porque el alcalde Lara desde el inicio del proceso estaba impedido, y por haber convocado a audiencia sin contar con el informe de interventoría que indicara cuáles son los supuestos incumplimientos del consorcio constructor, requisito exigido por el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción. Esta nulidad también fue solicitada por la compañía aseguradora.

En febrero de 2017, se hicieron dos nuevas citaciones para continuar la audiencia en el proceso del supuesto incumplimiento, y siguió el proceso sin decretar las nulidades y manipulando las pruebas, porque no valoraron debidamente nuestras pruebas, y en las que la alcaldía decretó de oficio, no permitieron nuestra asistencia, violando el derecho de defensa y el del debido proceso.

Ante estas circunstancias, decidimos acudir a los organismos de control para que se nos garanticen nuestros derechos y presentamos dos solicitudes a la procuraduría para que se hiciera acompañamiento especial en las audiencias del supuesto incumplimiento, porque creemos que se ha violado el debido proceso por parte de la Alcaldía de Neiva.

¿El alcalde y algunos de sus funcionarios se han declarado impedidos para tomar una decisión que de una vez por todas determine qué hacer con la obra del estadio. ¿Se quiere evadir alguna responsabilidad por parte de la administración?

Debo aclarar que el alcalde Lara se declaró impedido no por voluntad propia, sino porque nosotros como contratistas desde el inicio lo recusamos por tener conflicto de intereses al estar investigado por la Contraloría General de la República, en un proceso de responsabilidad fiscal por $28.000 millones de pesos, debido a que en su administración se suscribió el contrato adicional del Estadio No. 003 de 2016 por $7.500 millones de pesos, que hacían parte del valor investigado.

Los funcionarios de Lara involucrados en el proceso sancionatorio por supuestos incumplimientos, que se adelanta contra nosotros, también están impedidos, porque la procuraduría les adelanta una investigación por presuntamente haber violado el debido proceso y el derecho de defensa, dentro del proceso por el supuesto incumplimiento.

Debo aclarar que el consorcio constructor nunca ha utilizado maniobras dilatorias, siempre hemos actuado conforme a la Ley. Cosa diferente es que al señor alcalde y al equipo que lo acompaña en el proceso sancionatorio por supuesto incumplimiento adelantado contra nosotros, los hayan vinculado a investigaciones fiscales y disciplinarias, y quieran evadir responsabilidades haciendo acusaciones sin fundamento a nosotros los contratistas.

¿En que ha afectado a este proceso las decisiones tomadas por la administración?

En todo, porque iniciaron un proceso sancionatorio de caducidad, sin cumplir los requisitos legales, sin un informe de interventoría, tratando de sustentar tardíamente el proceso con un peritazgo ilegalmente contratado, porque al parecer no se cumplieron las exigencias del Estatuto de Contratación.

El peritazgo presenta graves fallas, ya que confundieron los planos de la tribuna oriental con la de occidental, con un topógrafo presentado por la alcaldía de Lara para realizar el peritazgo de la empresa “Ingeniería Sísmica y Estructural SAS”, el 30 de marzo de 2017, señor Carlos Peña, que no aparece registrado como topógrafo en el Consejo Profesional Nacional de Topografía, entre otras muchas fallas.

Con más del 93% de la obra ejecutada, de la cual solo se nos ha cancelado el 86%, y teniendo en cuanta las múltiples alternativas planteadas por nosotros y el interventor para terminar la remodelación del Estadio, es inconcebible que después de dos años no se haya podido terminar la obra, causando grave deterioro a lo ya ejecutado y en detrimento del municipio, del contratista de obra, del contratista de interventoría y lo peor, en detrimento de la comunidad que no cuenta con un Estadio.

¿En qué han respondido ustedes como contratistas de la obra?

En todo, hemos estado atentos a responder ante los órganos de control y vigilancia a todos los requerimientos que nos realizan, al igual a los hechos por la alcaldía.

A las familias de las personas que fallecieron en el lamentable accidente laboral, les hemos venido cumpliendo con lo que la ley nos obliga y la ARL ha respondido con todo. Los familiares de las víctimas mortales ya cuentan con la pensión de sobrevivencia y los heridos se encuentran en un programa de rehabilitación.

Asimismo, hemos presentado a la alcaldía de Neiva más de cinco (5) alternativas para terminar la obra, cumpliendo con todos los requisitos técnicos de la Norma Sismorresistente NSR10, ya que contamos con capacidad técnica y financiera para culminar los trabajos.

Desde la administración se dice que los contratistas de acusados pasaron a acusadores, lo anterior frente a la denuncia instaurada en estos días ante la Procuraduría provincial de Neiva. ¿Qué dice al respecto?

Me parece grave que el alcalde Lara ataque a la contraloría y a la procuraduría por adelantar procesos en su contra. La ley la deben cumplir todos los ciudadanos, y con mayor razón los funcionarios públicos. Las denuncias se colocan por parte nuestra porque nos han violado el derecho a la defensa y el debido proceso, y lo que hemos hecho es acudir a las instancias que determina el ordenamiento jurídico.

¿Entonces quiere el alcalde con lo dicho en estos días, evadir las responsabilidades en las investigaciones que le adelantan por el caso del Estadio?

Nosotros consideramos que el alcalde Lara está mal asesorado, porque no es cierto que por el hecho que la OCAD hubiera aprobado unos recursos, estuviera obligado a suscribir el contrato adicional, porque ni a él, ni a ningún otro ordenador del gasto en el país, lo pueden obligar a suscribir contratos adicionales a un contrato original que tenga irregularidades. Su equipo de apoyo revisó durante mes y medio todo el proceso sin encontrar ninguna falencia contractual, porque obviamente no existe, y por eso firmaron el contrato adicional 003 de 2016, existen audios que corroboran lo que le estoy diciendo. No entiendo porque ahora el señor alcalde se empeña en hablar de irregularidades en esta contratación, cuando ni él ni su equipo de asesores encontraron anormalidades para suscribir el mencionado adicional, y la prueba de ello es que incluso suscribieron dos contratos adicionales más, los números 004 y 005 de 2016.

El proceso en las etapas precontractual y celebración mostró que no existía irregularidad alguna y que el peritazgo contratado irregularmente por la administración Lara lo que analizó y dictaminó fue sobre la etapa constructiva, donde encontró algunas no conformidades todas subsanables.

El gobierno Lara hoy no tiene ninguna excusa por haber firmado el irregular contrato de peritazgo en marzo 9 de 2017, al parecer violando la ley 80, y no le puede echar la culpa de esto al contratista, ni a Coldeportes, a la administración anterior, a Planeación Nacional, a la Ocad, a Findeter, al gobierno departamental, al viceministro Olimpo Espinosa, últimamente a la contraloría y a la procuraduría y a todo el mundo.

Coméntenos un poco más sobre la denuncia ante la Procuraduría por las actuaciones del gobierno Lara...

La denuncia se coloca en la procuraduría en razón a que consideramos que hay una evidente violación al debido proceso y al derecho de defensa.  La hizo el consorcio a través del representante legal, a la luz pública, como debe hacerse, sin artimañas, sin jugadas por debajo de la mesa y no como lo ha querido hacer ver el alcalde Lara. La procuraduría provincial decide adelantar el proceso disciplinario contra los funcionarios del gobierno Lara, porque al parecer encuentra varias falencias en el proceso sancionatorio por supuestos incumplimientos adelantado por la Alcaldía. Ahora el alcalde quiere infundadamente descalificar la actuación de la procuraduría.

¿Hay intereses en este proceso?

Si se refiere a las especulaciones expresadas por el alcalde Lara sobre la existencia de oscuros intereses, creo que él debe aclarar y precisar sus comentarios, o lo que es igual, a él es a quien le corresponde responder esa pregunta. Por nuestra parte, en el proceso sancionatorio por los supuestos incumplimientos que se está adelantando en nuestra contra, nos asiste el ánimo de enfrentarlo conforme a la constitución y la ley, pidiendo que en este se nos garantice el derecho de defensa y del debido proceso, con la seguridad de que nuestra actuación siempre ha estado enmarcada dentro de la legalidad.

Si no se ha decretado la caducidad del contrato, ¿por qué no se continúan las obras?

Esta pregunta también la debería responder el alcalde, sin apasionamientos, sin soberbia, con cabeza fría. Lo cierto es que el contrato ha venido suspendido desde hace dos (2) años a pesar de que pudo haberse continuado legalmente su ejecución, y la obra ya estaría al servicio de la ciudadanía y del equipo Atlético Huila. Nosotros hemos presentado varias propuestas para facilitar la terminación de las obras, que van desde terminar nosotros directamente lo contratado, o ceder el contrato, o que se haga la terminación bilateral, o que la aseguradora termine las obras, y muchas otras más; sin embargo, el alcalde Lara se ha obstinado en continuar con un improcedente proceso de un supuesto incumplimiento, y que en nuestro criterio es lo que ha retrasado la culminación de las obras.

¿Por qué se cuestiona el contrato de peritazgo realizado por la alcaldía del doctor Lara Sánchez a la obra del Plazas Alcid?

Porque el estudio lo contrató a dedo, y en nuestro criterio es un peritazgo sesgado y mal hecho, aparentemente hay personal de la empresa contratada por el alcalde Lara que no es idóneo, han confundido los planos de la tribuna oriental con los de occidental, porque han copiado estudios de otros municipios que no son compatibles con Neiva, porque la representante legal de la empresa “Ingeniería Sísmica y Estructural SAS”, señora María Teresa Flórez Acosta, no es una PHD como dice el señor alcalde Lara, ni siquiera es ingeniera civil, mucho menos experta en estructuras y eso no da confianza en los resultados.

El peritazgo contratado por el alcalde Lara solo se basó en la información suministrada por la alcaldía, consideramos nosotros que sesgadamente, sin el acompañamiento de la fiscalía, sin tener en cuenta los informes de la interventoría, ni del contratista de obra, ni de la supervisión del municipio. En ese peritazgo no hubo garantías para el consorcio. Nosotros contratamos otro peritazgo con una empresa de amplia experiencia, dando todas las garantías, con el acompañamiento de la fiscalía, de la alcaldía, de la supervisión y de la interventoría y sin embargo esos resultados injustificadamente no fueron tenidos en cuenta.

Con el nuevo gobierno nacional, se pide un nuevo alcalde Ad Doc, ¿Qué decir al respecto?

Según publicación de un diario de circulación regional, el alcalde Ad Hoc anterior, doctor Héctor Olimpo Espinosa, viceministro del Interior, tenía proyectado fallo para el día 26 de julio de este año, donde decretaba la nulidad del proceso sancionatorio que se adelanta contra nosotros, por serias falencias y violación del debido proceso, pero misteriosamente, según dice el periódico, un abogado Neivano, que no se sabe quién es, pero que no fue puesto por nosotros, recusó al viceministro y evitó que el proceso se declarara nulo. Esto si es sospechoso, porque se rumora que pudo haber sido una maniobra dilatoria que nació presuntamente en la misma alcaldía para evitar la nulidad del proceso. Valdría la pena que los órganos de control investiguen esas conductas.

Pero para responder su pregunta le digo que para nosotros es indiferente quien sea al que se designe como alcalde Ad Hoc, porque a nosotros nos asiste la razón. Aquí hay dos partes en conflicto, la alcaldía y nosotros los contratistas, ambas investigadas por los entes de control, pero resulta inverosímil que el alcalde investigado, con cuestionamiento por la procuraduría y la contraloría, sea el que, autoproclamándose como abanderado de la ética y la moral, convoque a una marcha ciudadana, para tratar de presionar decisiones a su favor. En nuestro criterio esto es irrespetuoso con la Ley, con la ética, los órganos de control y la comunidad.

Se especula que el Consorcio Estadio estaría aliado con un excandidato a la alcaldía en pro de hacer del proceso un "caballito de batalla" ahora que se avecina contienda electoral. 

 Esta es una aseveración realizada por el alcalde Lara en un medio de comunicación local. Es deber suyo que si tiene pruebas coloque las denuncias correspondientes, porque por la dignidad que ostenta, no es ético gobernar con especulaciones.

Para ustedes, ¿cuál debe ser la decisión a adoptar para culminar las obras del Plazas Alcid?

Lo primero es que se resuelva lo del supuesto incumplimiento y se reinicie el contrato que fue suspendido el 20 de agosto de 2016 como consecuencia de un caso fortuito accidente laboral, por el colapso de las graderías antiguas, pero en ningún momento se afectaron las obras nuevas construidas, máxime si ellas cumplen plenamente con las exigencias de las normas. Y en cuanto a las no conformidades, tienen una solución sencilla y económica, incluso reconocida en el informe del irregular peritazgo contratado por el señor alcalde Lara.

Por último quiero ratificar que estamos seguros que tenemos la capacidad técnica, administrativa y financiera para terminar la obra, y reiteramos nuestra disposición de subsanar las no conformidades a nuestras costas, e incluso estamos dispuestos a buscar otras salidas técnicas, administrativas y jurídicas para avanzar y terminar las obras del Estadio, siempre y cuando no se vulneren nuestros derechos, pero vemos que el alcalde gobierna sin objetividad y eso está retrasando el progreso de Neiva.

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