sábado, 22 de septiembre de 2018
Contexto/ Creado el: 2018-05-25 09:52

Evítese problemas por incurrir en delitos electorales

Es necesario que todos los colombianos conozcan las conductas que atentan contra el proceso electoral y las consecuencias que pueden asumir. La MOE registró en el primer trimestre del año seis reportes sobre irregularidades electorales en el Huila.

Escrito por: Monica Serrano | mayo 25 de 2018

La Ley 1864, fue creada con el fin de generar sanciones penales relacionados a lo electoral, ya que lo que antes se consideraba como faltas administrativas, ahora son contempladas en sanciones económicas o al partido político, convirtiéndose en delitos en virtud de la ley, que además se pagan con cárcel entre cuatro y nueve años.

Por otro lado, la MOE ha entregado a las autoridades 426 reportes ciudadanos sobre irregularidades electorales en el primer trimestre del año. De los cuales 184 casos están relacionados con la compra y venta de votos, el departamento con más reportes ciudadanos fue Antioquia con 46 reportes, seguido de Bogotá, Tolima y Bolívar.

Los delitos más cometidos

De acuerdo, a Gabriel Navarrete,  asesor del Fiscal General de la Nación, indicó que las tres faltas más cometidas por esta época son: La primera, la corrupción del sufragante o compra - venta de votos, cuando existe la entrega de regalos o dinero a un ciudadano por contraprestación directa. La segunda, fraude o inscripción de cedula, al no pertenecer, residir o nacer en el municipio. Y la tercera, el constreñimiento al sufragante, momento en el que el ciudadano es víctima directa de amenaza o es llevado a la fuerza a votar por determinado candidato.

Trafico de votos

Es un delito contemplado ahora en el Código Penal que tiene entre cuatro y ocho años carcelarios, y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales, el cual depende en que mediante acciones engañosas una persona busque que un grupo de votantes o un individuo voten a favor a un candidato, o vote en blanco y se abstenga de votar; también si se comprueba que fue mediante maniobra engañosa se configura como un delito.

Igualmente si una campaña electoral ofrece comprar sus votos y el ciudadano vende su voto, ambos están incurriendo en un delito, es decir, si una persona se le documenta que efectivamente recibe algún tipo de ayuda y con esa vota por algún candidato, el ciudadano está cometiendo un delito; el cual debería enfrentar un proceso legal.

Asimismo, cuando una persona suplante a un sufragante o vote más de una vez, o sin derecho consigne un voto en una elección, incurrirá en prisión de cuatro  a ocho años y multa de 50 a 200 salarios. De la misma manera  el servidor público que permita suplantar a un sufragante o votar más de una vez o hacerlo sin derecho incurrirá en prisión de cuatro a nueve años, multa de 50 a 200 e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta.

Por último en relación al tráfico de votos, también el que altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente incurrirá en prisión de cuatro a ocho años.

Violación del tope campañas

Respecto a estas acciones delictivas con la financiación de las campañas, es decir cuando en el préstamo de campañas entran dineros mal habidos y que pretenden, de alguna manera, que después candidatos los favorezca a través de contratación y demás; y por eso superar los topes es uno de los primeros anuncios que el ciudadano debería alertar. Ya que, anteriormente se consideraba como faltas administrativas que sancionaba el consejo electoral, pero ya se mide como un delito penal  de cuatro a ocho años, con una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y prohibición para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

Contexto

La MOE registró entre enero, febrero y marzo las conductas donde  se concentran el mayor porcentaje, las cuales  fueron: El voto libre, como la compra y venta de votos, con un número de 184 reportes equivalentes al 43%; en segundo lugar, se encontró la indebida participación en política de servidores públicos con 108 reportes,  equivalentes a un 25%; le siguió publicidad extemporánea con 66 reportes (16%); y fraude en la inscripción de cédulas con 30 reportes equivale al 7%.

El 67% de los reportes se concentró en nueve departamentos siendo estos: Antioquia, Tolima, Bolívar, Santander, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Atlántico y Risaralda. El 39% de las irregularidades provienen de: Bogotá, Cartagena, Pasto, Barranquilla, Ibagué, Pereira, Medellín, Cali, Sincelejo y Villavicencio. 

 

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