lunes, 30 de noviembre de 2020
Judicial/ Creado el: 2020-11-21 02:48

A un año de la muerte de Dilan Cruz, ¿cómo van las investigaciones?

La investigación penal está en la justicia penal militar mientras que la Procuraduría avanza en una investigación disciplinaria.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | noviembre 21 de 2020

El 23 de noviembre de 2019, en medio de las marchas que avanzaban en el centro de Bogotá por el paro nacional,  al joven Dilan Cruz le dispararon un proyectil bean-bag, de la escopeta calibre 12 usada por el Esmad para controlar los disturbios en las manifestaciones. Dos días después falleció.

Desde ese momento se inició todo un camino judicial para esclarecer la muerte del estudiante. Las investigaciones penales se estancaron por un conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.

No se tenía claridad qué jurisdicción debía llevar la investigación, hasta que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 10 de septiembre, concluyó que el arma fue accionada con ocasión del servicio.

“Lo que sí es claro es que esos hechos ocurrieron en un acto del servicio propio del Capitán Manuel Cubillos Rodríguez, quien, como integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, el día 23 de noviembre de 2019, procedió a ordenar el uso de la fuerza para dispersar una manifestación que se estaba dando en el centro de la ciudad”, dijo la Sala en su fallo.

El proceso disciplinario también avanza en la recolección de pruebas. Fuentes de la entidad señalan que el caso estaría próximo a iniciar un juicio disciplinario contra el capitán del Esmad Manuel Cubillos.

La Procuraduría investiga un presunto exceso de fuerza “durante la intervención policial realizada en las diversas manifestaciones ciudadanas del pasado 23 de noviembre de 2019”, dice parte del expediente disciplinario.

Sobre el uso de la escopeta, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en septiembre ordenando su suspensión.

La Sala Civil comprobó que se estaba presentando una intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas.

En ese análisis la Corte advirtió que las protestas se habían salido de las manos y que el Gobierno no tenía la capacidad para mantener una postura neutral frente a las manifestaciones.