sábado, 17 de noviembre de 2018
Contexto/ Creado el: 2018-08-12 09:36 - Última actualización: 2018-08-12 09:39

 Aborto: continúa el debate

Ante un deseo cada vez más común entre las mujeres y las parejas de tener familias más pequeñas y dadas las altas tasas de embarazos no deseados, el aborto es una realidad cotidiana: alrededor de 6,5 millones de casos de interrupción ocurren cada año en la región, según estudio del Guttmacher Institute.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | agosto 12 de 2018

Según un informe reciente del Guttmacher Institute, en el año 2017  América Latina y el Caribe fueron las regiones con las tasas de aborto y embarazo no planeado más altas en el mundo, a pesar de que el 97% de las mujeres vive en países con leyes de aborto restrictivas destinadas a evitar y castigar estos procedimientos.

Ante un deseo cada vez más común entre las mujeres y las parejas de tener familias más pequeñas y dadas las altas tasas de embarazos no deseados, el aborto es una realidad cotidiana: alrededor de 6,5 millones de casos de interrupción ocurren cada año en la región; y el procedimiento es más común entre mujeres casadas que entre mujeres solteras, señala el informe.

El aborto es un procedimiento seguro cuando se realiza en apego a las pautas médicamente recomendadas. Pero cuando los procedimientos legales y seguros no son accesibles, es más probable que las mujeres recurran a procedimientos clandestinos que pueden ser inseguros. Una investigación de la Organización Mundial de la Salud y el Guttmacher Institute muestra que, a nivel mundial, la gran mayoría de los abortos son seguros en países donde el procedimiento es ampliamente legal y la mayor parte son inseguros en países en los que está muy restringido, es decir, el que no esté debidamente legalizado no implica que se no realice, sino que por el contrario aumenta.

Peligro en ambas vidas

En América Latina y el Caribe, seis países no permiten el aborto por ningún motivo y 21 permiten el aborto solo para salvar la vida de la mujer o para proteger su salud física o mental, en estos se incluye Colombia. Por lo tanto, indica Guttmacher, no es sorprendente que solo uno de cada cuatro abortos en la región sea seguro y que cada año alrededor de 760.000 mujeres reciban tratamiento por complicaciones de aborto inseguro, como hemorragia e infecciones.

Además, un número considerable de mujeres con complicaciones no recibe tratamiento debido al estigma, el temor o la falta de acceso a proveedores de servicios de salud capacitados y de instituciones de salud adecuadamente equipadas. En Argentina, donde pese a las luchas el abortar sigue estando prohibido salvo cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre o cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente", según reza la norma,  las complicaciones del aborto inseguro son una de las principales causas de mortalidad materna.

Leyes

Las leyes restrictivas de aborto también pueden destruir la vida y la salud de las mujeres de otras maneras. En El Salvador, donde el aborto está tipificado como delito en todas las circunstancias, algunas mujeres que abortan espontáneamente han sido acusadas de aborto inducido; y, por ello, han sido enjuiciadas y encarceladas. En este país hay historial de encarcelamiento de mujeres como es el caso de "Las 17", que según el Centro de Derechos Reproductivos fueron condenadas a prisión hasta por 40 años después de experimentar complicaciones relacionadas con el embarazo.

Y en los países donde el aborto es legal bajo circunstancias muy restringidas, puede ser difícil obtener el procedimiento aún para las mujeres que cumplen con los criterios legales. En Paraguay, donde el aborto es legal solo para salvar la vida de la mujer embarazada, el caso ampliamente difundido de la niña conocida como "Mainumby" es un claro ejemplo de la dificultad para obtener el procedimiento: embarazada como resultado de una violación a los 10 años, la joven fue obligada a llevar su embarazo a término, a pesar de las recomendaciones en contra por parte de médicos y organizaciones internacionales de derechos humanos.

Ha habido algunos avances alentadores en América Latina y el Caribe: entre 2000 y 2017, cuatro países ampliaron las causales bajo las cuales el aborto es legal, mientras que solo uno —Nicaragua— cambió sus criterios para prohibirlo completamente. A su vez, las discusiones recientes sobre la despenalización del aborto en Argentina y Chile han promovido el debate público, incluyendo los argumentos relacionados con el impacto negativo que tienen las leyes restrictivas.  

‘Oportunidad Perdida’

“No legalizar el aborto en Argentina es ‘una oportunidad perdida’”, concluyeron expertas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas -ONU, tras conocer la decisión del Senado en ese país.

"El voto del Senado, no sólo les ha fallado a las mujeres en Argentina, sino también a toda una región que generalmente tiene leyes muy restrictivas en cuanto a la interrupción del embarazo", dijeron los expertos en un comunicado publicado el viernes anterior, un día después de que se diera a conocer la decisión.

Según los expertos se trataba de un momento histórico que se desaprovechó para demostrar el compromiso del país con respecto a la eliminación de la discriminación contra las mujeres en su legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y adolescentes, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Datos de la Organización Mundial de la Salud han demostrado claramente que la penalización de la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a procedimientos de aborto. Más bien, aumentan las probabilidades de que más mujeres busquen procedimientos clandestinos e inseguros.

Avances en Colombia

De acuerdo con el Guttmacher Institute en 2010, una alta proporción -cerca del 80%- de las mujeres colombianas en unión practicaban la anticoncepción, incluyendo 73% que usaban métodos modernos; y 6% que usaban métodos tradicionales menos efectivos.

El mayor uso de anticonceptivos es un factor esencial que subyace a las tendencias de fecundidad del país: el tamaño promedio de la familia, que ha estado disminuyendo a un ritmo constante a lo largo de las últimas dos décadas, está ahora a nivel de reemplazo (2.1 hijos por mujer).

Un gran avance legal ocurrió en 2006, cuando la Corte Constitucional revisó la prohibición total sobre el aborto inducido y decidió legalizar el procedimiento bajo tres criterios (cuando un médico certifica que la vida o la salud de la mujer está en riesgo; cuando el feto presenta una malformación incompatible con la vida extrauterina; y cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, debidamente denunciado). La sentencia de la Corte se enmarcó en términos de los derechos de las mujeres a la salud y la vida.

Panorama de Colombia

El aborto inducido es difícil de analizar debido a su práctica clandestina y el estigma que lo rodea. Pese a la sentencia de la Corte Constitucional promulgada en 2006 que legaliza parcialmente el aborto, solo una muy pequeña proporción del total de abortos inducidos que ocurren en Colombia son legales; aquellos que no lo son pueden significar un grave riesgo para la salud y bienestar de las mujeres, según informe del Guttmacher Institute.

Según el documento, el embarazo no planeado con frecuencia conduce a nacimientos no planeados. “La proporción de nacimientos recientes que no fueron planeados ha aumentado dramáticamente, de 36% en 1990 a 51% en 2010, con poca diferencia entre regiones en este último año. Se estima que el 44% de los embarazos no planeados en Colombia terminan en un aborto inducido”.

Esto repercute, señala el instituto en que “los abortos inseguros amenazan la salud de las mujeres y son una carga para el sistema de salud”, argumentando que se estima que una tercera parte del total de mujeres que tienen un aborto ilegal desarrollan complicaciones que necesitan tratamiento en una institución de salud.

Mujer rural

De otro lado, la tasa de complicaciones en las mujeres pobres del medio rural, según el Guttmacher, es la más alta de todos los subgrupos (53% vs. 24–44%). “Desafortunadamente, una quinta parte del total de mujeres que sufren complicaciones postaborto no reciben tratamiento alguno; y esas mujeres no tratadas son especialmente propensas a sufrir consecuencias de largo plazo”.

Cada año, el sistema de salud colombiano ofrece tratamiento postaborto a 93,000 mujeres cuyas complicaciones evitables están gastando los escasos recursos médicos. En la actualidad, nueve mujeres por 1,000 reciben atención postaborto en instituciones de salud.

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