lunes, 22 de abril de 2019
Actualidad/ Creado el: 2014-02-19 04:20

Corte Constitucional ordena a Emgesa realizar nuevo censo

El máximo órgano de la jurisdicción constitucional ‘tumbó’ siete tutelas que no habían prosperado en despachos del Huila. Además, obliga a incluir a siete personas como afectados de la construcción del proyecto.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | febrero 19 de 2014

La Corte Constitucional revocó cinco sentencias de tutela que no habían prosperado ni con impugnación en los despachos del Huila. Todas tenían una pretensión común: ser incluidos en el censo de víctimas del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Ahora la Corte no solo pide que se incluyan en la lista de afectados a siete campesinos, sino que le ordena a Emgesa, constructora de la hidroeléctrica El Quimbo, que en el término de seis meses realice un nuevo censo en concordancia con los parámetros legales establecidos. “Aplicando los postulados de esta sentencia y respetando, en especial, el derecho a la participación efectiva de los habitantes de la zona”, dice la providencia T-135-2013.

Además se le ordena a la Agencia Nacional Ambiental –Anla- que  haga efectivos los procesos de participación, de manera continua. A la Procuraduría se le solicita haga vigilancia especial del cumplimiento de la orden.

De esta manera, Álvaro Lizcano Rodríguez, Antonio García Lotero, José Darío Horta Sánchez, Luis Ernesto Cumbre González, Reinel Castañeda Mayorga, Fermín Caballero, Leonardo Macías Sepúlveda, fueron los siete labriegos beneficiados por esta máxima instancia judicial.

 

El caso

En los siete procesos acumulados por las Salas de Selección de Tutelas de esta Corte, mediante autos de catorce, veintiocho de junio, diez y veinticuatro de octubre de 2012, personas dedicadas a diferentes actividades –pescadores artesanales, paleros, transportadores de carga y maestros de construcción- en la zona donde se construye por parte de Emgesa el proyecto de la hidroeléctrica de El Quimbo, reclamaron la violación de sus derechos fundamentales, en especial al mínimo vital y a la vida digna, por causa de la ejecución de tal obra. Pidieron que se les incluya dentro del censo de población afectada por la construcción, que se les indemnice y, en uno de los procesos acumulados, que se suspenda definitivamente la obra, en especial la prevista desviación del río Magdalena.

Esta mega obra fue adjudicada en junio de 2008, por el Ministerio de Minas y Energía como resultado del proceso de asignación de Obligaciones de Energía Firme, de acuerdo con los parámetros dados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

El objetivo de dicha concesión fue, de manera general, garantizar el suministro de energía del país hasta el 2018. Así las cosas, en ese momento se autorizó la construcción de seis plantas: Cucuana, Miel II, Porce IV, Sogamoso, Pescadero Ituango y El Quimbo, otorgada a la empresa Emgesa.

Dentro de las obligaciones contraídas por la sociedad con el Gobierno Nacional se encuentra la construcción de la hidroeléctrica, que debe entrar en funcionamiento en diciembre de 2014 y tener una capacidad instalada de 400 megavatios. De acuerdo con la información suministrada por la compañía, El Quimbo está localizado en la cuenca alta del río Magdalena, 12 km aguas arriba del embalse de Betania, en el departamento de Huila.

La represa aprovechará aguas de los ríos Suaza y Magdalena, y cubrirá una superficie superior a 8500 hectáreas. Para tener una idea de la dimensión del embalse, el área a inundar equivale a una cuarta parte de la superficie urbana de la ciudad de Bogotá. Esto es, como si se cubriera con agua desde la Plaza de Bolívar hacia el norte hasta la calle 100 y hacia el occidente hasta Fontibón. Equivale al volumen de agua necesario para cubrir más de tres veces la isla de San Andrés, del archipiélago del mismo nombre. La inversión aproximada para su construcción asciende a US$ 837’000.000. Se pretende que la hidroeléctrica abastezca algo así como el 8% de la demanda energética colombiana y que tenga una vida útil de cincuenta años.

La obra se desarrolla en jurisdicción de los municipios de Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol, todos en el Huila. Impacta, por ende, dos de las cuatro subregiones del departamento (subcentro y suboccidente).

 

Contenido de la sentencia

Aquí, en estos municipios,  el cultivo del café se combina con la siembra de otras plantas como la achira o sagú y con la ganadería de ceba. Hay piscicultura y existe explotación de petróleo y de fosforita. Como lo evidencias las demandas de tutela presentadas, también existe extracción de arena y pesca artesanal. En torno a estas actividades se desarrolla la vida económica de los aproximadamente 150.000 colombianos que habitan en los municipios que derivan impacto de la construcción de la represa El Quimbo.

En adición es de destacar que si, al coger un mapa, se traza una línea imaginaria entre San Agustín y Tierradentro, dos de los más renombrados lugares que son vestigio de culturas precolombinas en el país, esta toca tangencialmente el área de impacto de la hidroeléctrica. Lo anterior para señalar que la zona tiene un alto potencial arqueológico, como lo han reconocido varios estudios que se han hecho en la zona y el Congreso de la República desde 1931, mediante la ley 103 de ese año.

También es pertinente señalar que las personas que habitan la región han sufrido los males estructurales de la ausencia de una adecuada gestión estatal. Lo demuestra así el alto índice de necesidades básicas insatisfechas de esos municipios, especialmente en las zonas rurales, donde se encuentra entre el 34% (Tesalia) y el 52% (Paicol). Lo anterior significa que la gente de los campos de estos pueblos tiene un limitado acceso a bienes esenciales como vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Es sabido, en adición, que el departamento del Huila, en general, y algunos de estos municipios en especial (Garzón fue objeto de una toma en el año 2009) han sido especialmente maltratados por la violencia guerrillera, presente en el área desde la década de los 50.  Son testimonio de lo que los habitantes de la región sienten respecto de la construcción de El Quimbo, los innumerables videos que al respecto se pueden consultar libremente en la red. Campesinos, pescadores, artesanos, gente de todas las edades, condiciones y razas  hablan de despojo, de abandono y de pérdidas

Para proteger las enunciadas riquezas, el proyecto surtió el proceso de descrito en la ley 99 de 1993 y normas complementarias. Así, mediante resolución Núm. 899 de 15 de mayo de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Este acto administrativo rescató en sus consideraciones, entre muchísimos aspectos (es un extenso documento de 281 folios), el principio de participación ciudadana en materia ambiental y el de igualdad en la determinación de las medidas de manejo del impacto ambiental.

En relación con la participación, citó como fundamento principal el artículo 79 de la Carta, que señala que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.” Adicionalmente trajo a colación las normas pertinentes de la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y los principios de la Declaración de Río de Janeiro.