La Red de Veedurías acusa al magistrado José Miller Lugo Barreto de fallar sistemáticamente a favor del alcalde Germán Casagua, incluso contradiciendo decisiones previas del mismo tribunal. Las actuaciones ponen en duda la imparcialidad judicial en el departamento.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La Red de Veedurías de Colombia (RedVer), liderada por su presidente Pablo Bustos, ha presentado serias denuncias contra el magistrado José Miller Lugo Barreto, miembro de la Sala Seis del Tribunal Administrativo del Huila. Según la organización, el magistrado habría incurrido en presuntas irregularidades en beneficio del actual alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, mediante decisiones judiciales que, de acuerdo con los denunciantes, contradicen las normas y precedentes establecidos por el mismo tribunal.
Estas denuncias incluyen la radicación de quejas disciplinarias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la consideración de posibles acciones penales. RedVer sostiene que las actuaciones de Lugo Barreto no solo han beneficiado de manera sistemática al mandatario local, sino que también han generado un grave precedente que compromete la credibilidad de la justicia en el departamento del Huila.
La posesión del alcalde: un acto inusual y polémico
Uno de los aspectos más llamativos de las denuncias es el acto de posesión del alcalde Germán Casagua, realizado por el propio magistrado Lugo Barreto. Según Bustos, este procedimiento resulta altamente irregular, ya que en Colombia estas diligencias suelen ser efectuadas por jueces municipales o notarios, incluso en ciudades principales como Bogotá.
Además del carácter excepcional del acto, RedVer cuestiona la cercanía entre el magistrado y el alcalde, evidenciada en el efusivo abrazo que ambos compartieron durante la ceremonia. Este hecho, aunque simbólico, ha despertado dudas sobre la imparcialidad del magistrado en decisiones posteriores relacionadas con la administración de Casagua.
Decisiones judiciales bajo la lupa
Las denuncias señalan que varios procesos judiciales relevantes para la administración de Neiva han recaído de manera sistemática en el despacho de Lugo Barreto, siendo fallados en favor del alcalde. Entre estos casos, destaca la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, pese a que, según RedVer, presentaba serias falencias relacionadas con la ausencia de un componente obligatorio de paz.
En calidad de ponente, el magistrado Lugo Barreto declaró “infundadas” las observaciones sobre dichas irregularidades y avaló el plan. Esto contrasta con decisiones previas del Tribunal Administrativo del Huila, que ha declarado ilegales planes de desarrollo de otros municipios, como Sismos y Timaná, por razones similares.
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“La ausencia de inclusión de proyectos, políticas y programas para la paz es un requisito obligatorio que este tribunal ha aplicado rigurosamente en otras jurisdicciones. Sin embargo, parece que en el caso de Neiva se ha hecho una excepción en beneficio del alcalde”, afirmó Pablo Bustos.
Precedentes preocupantes para la justicia regional
El caso del magistrado Lugo Barreto ha encendido las alarmas sobre posibles manejos irregulares en el sistema judicial del Huila. Para RedVer, este tipo de actuaciones comprometen gravemente la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia, al evidenciar un presunto favoritismo hacia ciertos actores políticos.
“La justicia debe ser imparcial y equitativa. No podemos permitir que se utilicen los tribunales para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Esto no solo afecta la credibilidad del sistema, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, destacó Bustos.
Además de las denuncias disciplinarias y penales, la Red de Veedurías de Colombia está evaluando presentar acciones de tutela para proteger los derechos colectivos de los habitantes de Neiva y exigir mayor transparencia en las decisiones judiciales relacionadas con la administración local.
El impacto en la administración pública
La aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, pese a sus presuntas falencias, ha generado un fuerte debate entre expertos en política pública y líderes comunitarios. Este documento, que establece las prioridades de inversión y desarrollo para el municipio, ha sido criticado por carecer de componentes fundamentales para el cumplimiento de las metas de paz territorial, un aspecto clave en la agenda nacional.
“La paz no es un lujo, es una obligación legal y moral. Ignorarla en el Plan de Desarrollo de una ciudad como Neiva, que ha sido históricamente afectada por el conflicto armado, es un grave error que debe corregirse”, señaló un analista consultado sobre el tema.
Reacciones y próximos pasos
Las denuncias contra el magistrado Lugo Barreto han provocado una oleada de reacciones en el ámbito político y judicial. Mientras algunos sectores defienden la independencia del magistrado y argumentan que sus decisiones se ajustan a la ley, otros exigen una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones de parcialidad y favoritismo.
Por su parte, la Red de Veedurías enfatizó que su propósito no es atacar personalmente al magistrado, sino garantizar que las decisiones judiciales se tomen de manera objetiva y en estricto cumplimiento de las normas. “La justicia debe ser transparente, y cualquier sospecha de irregularidad debe ser investigada con rigor”, concluyó Bustos.
En los próximos meses, se espera que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros organismos competentes evalúen las denuncias presentadas y determinen si hay mérito para adelantar sanciones o acciones legales contra Lugo Barreto.
Un llamado a la vigilancia ciudadana
Este caso pone de relieve la importancia de la vigilancia ciudadana y el rol de las organizaciones como RedVer en la defensa de los principios de transparencia y equidad en la administración pública. Para los habitantes de Neiva y del Huila en general, el desenlace de estas denuncias será fundamental para restablecer la confianza en las instituciones judiciales y garantizar que el poder político no interfiera en las decisiones de los tribunales.
La ciudadanía, a la expectativa de los resultados de estas investigaciones, espera que este caso marque un precedente positivo para fortalecer la independencia judicial en Colombia y combatir cualquier indicio de corrupción o favoritismo en el sistema.
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