DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Daniela Gutiérrez
Ni el Alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón ni el ex secretario de Educación, Giovanni Córdoba así como los otros 5 imputados por irregularidades en la contratación del PAE y mercados para adultos mayores durante el inicio de la pandemia derivada del Covid-19 en el año 2020, se allanaron a los cargos impuestos por la Fiscalía. Hoy se reanudará la audiencia para estudiar la imposición de medidas de aseguramiento.
Quedó en firme la imputación de cargos contra el alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, y otros 6 exfuncionarios y contratistas, los de El Charco, Nariño, por los presuntos delitos de peculado, interés indebido en celebración de contratos y violación del régimen de inhabilidades en los multimillonarios contratos del programa de alimentación PAE y mercados para los adultos mayores durante la pandemia.
Hoy jueves, a las 10 de la mañana se reanudará la audiencia virtual para estudiar la imposición de medida de aseguramiento.
Aunque ninguno de los imputados se allanaron a cargos, la Fiscalía solicitó al juez la pena de 18 años de prisión para el Alcalde de Neiva, y una multa de hasta 300 salarios mínimos y e inhabilitación para el ejercicio público de 80 a 216 meses, al señalarlo coautor de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y heterogéneo.
“No acepto los cargos imputados y me declaro totalmente inocente”, fueron las palabras del mandatario frente a los cargos que se le imputaron.
El Fiscal Seccional Séptimo de Neiva, Juan Carlos Durán, con minucia de detalles, narró la manera como Muñoz Calderón y los otros imputados, se habrían orquestado para atentar contra la administración pública. “Se tiene que el Alcalde de Neiva se interesó indebidamente en la tramitación, celebración, ejecución y liquidación del contrato de suministro número 0698 del año 2020 cuyo objeto consistía, en la adquisición de productos alimenticios básicos para ser entregados como suministros del contrato PAE del Municipio de Neiva, para mitigar los efectos de la pandemia con ciento quince mil raciones entregables en tres mensualidades”, especificó.
El contrato se celebró por $5.250 millones de pesos con la empresa contratista ASOFORMANDO cuyo domicilio se encontraba en el municipio de El Charco, departamento de Nariño, a cientos de kilómetros y a 16 horas de distancia de Neiva, detalle que llama la atención de la Fiscalía. Y otro contrato de interventoría conocido bajo número 0403 del año 2020 cuyo objeto era ejercer la vigilancia y control integral de la orden de suministro entendida como el continuo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, por valor de $300 millones de pesos.
Los “cómplices”
Así como a Muñoz Calderón se le imputaron cargos, al ex secretario de Educación de Neiva, Giovanni Córdoba participante de los estudios previos de los procesos de contratación pública que finalizaron con la celebración de los dos contratos en etapa de tramitación y celebración, se le imputaron en grado de coautor de delitos dolosos con una pena de 64 a 216 meses de prisión, una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos mensuales vigentes y 80 a 216 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
“El exsecretario de educación junto con sus asesores jurídicos habrían puesto en consideración dichos contratos con el fin de favorecer los intereses del señor Otoniel Vergara Quiñonez, por cuanto la Administración retribuía a ese particular quien habría contribuido económicamente a la campaña política del Alcalde Municipal”, denunció el Fiscal.
Así mismo para Juan Felipe Molano Perdomo, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos según su grado de participación la pena sería de 48 a 162 meses de prisión con una multa de 49.995 a 225 salarios mínimos vigentes y una inhabilidad de 60 a 162 meses.
En cuanto a Andrés Camacho Cardozo en calidad de anterior asesor jurídico de la Secretaría de Educación de Neiva, es quien participó de la elaboración de los estudios previos para adelantar la contratación pública del PAE y de interventoría 703, su grado de participación en tramitación y participación con cargos impuestos por celebración indebida de contratos con pena de 48 48 a 162 meses de prisión con una multa de 49.995 a 225 salarios mínimos vigentes y una inhabilidad de 60 a 162 meses.
Los otros investigados, Otoniel Vergara Quiñonez, Carmen Roseida Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Vangera Jaramillo en materia de intervinientes en la celebración de los contratos, tendrían una pena de 48 48 a 162 meses de prisión con una multa de 49.995 a 225 salarios mínimos vigentes y una inhabilidad de 60 a 162 meses.
A partir de este momento y al menos por los próximos seis meses siguientes los imputados no podrán trasferir, vender o arrendar bienes de sujeto de registro a su nombre, según lo expuesto por el Fiscal.
Las pruebas de la Fiscalía
Según expuso el ente investigador, el Alcalde junto al Secretario de Educación para la época de los hechos, que en efecto se dieron para abril del 2020; dos años atrás, tenían pleno conocimiento que el señor Miguel Alfonso Banguera, hacía parte de la junta directiva de la empresa contratante, Asociación de estudiantes afrodescendientes de Nariño ASOFORMANDO, misma presuntamente de propiedad de Aiden Otoniel Vergara Quiñonez.
Adicional a esto, el Fiscal señaló que Banguera también era representante legal de la firma interventora Fundación Colombia Florece, al parecer, propiedad de Aiden.
Frente a la presunta contribución o aportes económicos para auspiciar la campaña política del Alcalde de Neiva, por parte de Vergara Quiñonez, indicó la fiscalía que tienen grado de inferencia obtenido a partir de elementos materiales probatorios y todo un andamiaje de pruebas legalmente recogidas.
“En desarrollo de los casos de investigación la Fiscalía General de la Nación cuenta con interceptación de comunicaciones como uno de los fundamentos principales, actividad investigativa, de la cual la fiscalía junto con otros elementos probatorios llega a ese grado de inferencia donde participaron la Fiscalía Tercera Especializada con sede en la ciudad de Pasto y la Fiscalía Séptima Seccional de Neiva”, enfatizó el Fiscal.
Aunque David Benavidez, abogado de Gorky Muñoz solicitó al ente acusador conocer las especificaciones de dichas aseveraciones que hoy tienen en apuros penales al mandatario de los neivanos, el Fiscal refirió que no era necesario dichas descripciones por tratarse de una ocupación exclusiva de un presunto interés indebido en la celebración de contratos.
Se manifestó que dentro de esa intercepción de comunicaciones advierten la posibilidad de entrega de dineros por parte de Otoniel para contribuir con el entonces candidato a la alcaldía con diferentes cuantías que será puesto en conocimiento directo en el escenario de medida de aseguramiento para el efecto de sostener la teoría del caso.
Los sobre costos en estos contratos, las asociaciones y empresas vinculadas en la contratación de los alimentos, los intermediarios y los términos en los que presuntamente se celebraron estos contratos son hoy materia de investigación.
Hoy cuando se reanude la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía se conocerá la decisión del juez frente a la medida de aseguramiento que solicitó formalmente la Fiscalía, para el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón; el ex secretario de Educación Giovanny Córdoba Rodríguez, tres contratistas y dos asesores jurídicos por la irregular contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
