El pasado 12 de enero, el senador Jorge Enrique Robledo instauró una acción de tutela en contra del ministro de Salud, Fernando Ruiz, aduciendo que el funcionario no le había dado respuesta a un derecho de petición, presentado el 28 de diciembre del año anterior, con el cual el senador pedía conocer toda la información sobre el plan de vacunación y los contratos firmados por el Gobierno con las compañías farmacéuticas.
El pasado 15 de enero se dio a conocer que la jueza 26 Laboral del Circuito de Bogotá, Olga Lucía Pérez, había fallado a favor del congresista, ordenándole al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que cumpliera con las condiciones del derecho de petición y le respondiera al senador Robledo.
En esa oportunidad, el Ministerio de Salud, por medio de una comunicado a la opinión pública, le informó al senador que ellos habían dirigido la adquisición de vacunas en materia técnico-científica, pero que en lo relacionado a la disposición y transferencia de recursos, el encargado era el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; además, aclaró que la entidad encargada de los diferentes acuerdos con las farmacéuticas era la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según ministerio, la entidad competente en la ejecución de recursos en estos fines.
“El auto que resuelve el incidente de nulidad ordena incorporar la respuesta emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y vincula a la UNGRD para que se pronuncie sobre la presunta vulneración del derecho de petición invocado por el senador Robledo”, asegura la comunicación del ministerio.
Según el Ministerio de Salud, no se tiene en cuenta lo fallado anteriormente, al comprobarse que la cartera respondió de manera oportuna el requerimiento del congresista, por lo que habría sido violado su derecho al debido proceso, así como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, (UNGRD).
“Era otra la entidad que debía dar respuesta a la petición presentada por el senador, por lo que consideró que se vulneró el debido proceso tanto del Ministerio como de la entidad competente para dar la respuesta, a saber, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, sostiene el comunicado del ministerio.
El Estado colombiano aclaró que no podría dar mucha información sobre las negociaciones como precios y fechas, ya que los contratos tendrían un acuerdo de confidencialidad que no permitía divulgar mucha información y en caso de que saliera a la luz los contratos las empresas podían dar por terminado todo.
