Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, en el inicio de año se ha observado un incremento de conflictos sociales respecto al mismo período del año anterior.
Por: Hernán Galindo M
Foto: Vanguardia
Colombia ha sufrido en los últimos meses protestas de motociclistas, conductores, profesores, médicos, indígenas, campesinos y ahora el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, que confirman un aumento de protestas y movilizaciones en el país.
Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, en el inicio de año se ha observado un incremento de conflictos sociales respecto al mismo período del año anterior. Mientras de enero a febrero de 2022 se registraron 124 eventos, en el mismo periodo de 2023 llegó a los 214 eventos, es decir, un incremento del 72,6 %.
La entidad, quien ha estado como mediadora en varios de los conflictos del país, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para priorizar el diálogo social, evitar postergar la constitución de espacios de diálogo social y atender el llamado de las comunidades de diferentes regiones del país.
“La conflictividad social ha venido creciendo en las últimas semanas, en diferentes regiones del país, y las autoridades gubernamentales no deben postergar la constitución de los espacios de diálogo que las comunidades vienen demandando. Es urgente que además del Gobierno Nacional, los gobernadores y los alcaldes acompañen e impulsen un ejercicio de diálogo propositivo, que permita avanzar en la búsqueda de soluciones concretas con enfoque de derechos humanos”, recalcó Carlos Camargo Assis.
Datos presentados sobre el año pasado dejaron como saldo un total de 1.428 eventos relacionados con diversos tipos de conflictividad social, aumentando mes a mes del 2022 y llegando a su punto más alto en 186 eventos solo en septiembre.
Sobre las principales dinámicas identificadas por el Observatorio de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, se encuentran las protestas relacionadas con el incremento de demandas ciudadanas en torno a la presencia e inversión del Estado para mejorar las condiciones de vida de las personas en áreas rurales y urbanas y, además, garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas y comunidades, los derechos laborales, la prestación de servicios públicos básicos, el derecho a la educación y la implementación de medidas o políticas de transporte, entre otras.
En lo que respecta a la ubicación de estos eventos de conflictividad, la Defensoría del Pueblo informó que se presentan con mayor intensidad en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira, Tolima, Norte de Santander, Cauca, Boyacá y Córdoba, como también en Bogotá, donde se concentran eventos de movilización que expresan conflictividades de todo el país.
