martes, 22 de octubre de 2019
Contexto/ Creado el: 2019-07-06 01:08 - Última actualización: 2019-07-06 01:08

Barreras que imposibilitan la justicia para pueblos indígenas

El derecho a la justicia de las víctimas se puede ver comprometido por medidas que requieren entregar información difícil de obtener para los no especialistas. La Justicia Especial para la Paz (JEP) no debería pedirles a las víctimas que toquen sus puertas; por el contrario, debería caminar y navegar por sus territorios buscando esas historias.

Pueblos y organizaciones indígenas necesitan financiación o alianzas con la academia o con diferentes ONG que asuman esa labor según los requerimientos de la JEP.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | julio 06 de 2019

Diana Carrillo González
Especial para Diario del Huila

Recientemente culminó la última fase de la consulta previa a la política étnica que orientará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el tratamiento de casos relacionados con pueblos indígenas, un hecho que constituye un gran aporte a la jurisdicción creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017.

Con sus propuestas, las organizaciones indígenas pretendían incorporar en la JEP el enfoque étnico más adecuado para cumplir sus objetivos constitucionales y también definir el rol que debe desempeñar la JEP frente al grave riesgo de exterminio físico y cultural que los 102 pueblos indígenas colombianos enfrentan como consecuencia diferenciada del conflicto armado, riesgo que fue declarado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, y ratificado en el Decreto Ley 4633 de 2011, que busca su reparación integral.

Sin embargo, el escenario generó una atmosfera de incertidumbre sobre las posibilidades reales de la jurisdicción especial de esclarecer las historias de violencia contra los pueblos indígenas que nunca han sido conocidas por la justicia debido a la ausencia, incapacidad o debilidad de las instituciones competentes para documentarlas, investigarlas y procesarlas ante el Sistema Judicial Nacional.

Según reiteraron los funcionarios de la JEP, la priorización y selección de los casos que analizará la jurisdicción dependen en gran parte de la disponibilidad de información, un criterio que se suponía secundario cuando se publicó el documento de criterios metodológicos pero que ahora ha tomado mucha fuerza, a pesar de que la Constitución considera más relevantes la “gravedad y representatividad los delitos” y el “grado de responsabilidad”.

En principio, la información que sustenta los casos de la JEP proviene tanto de los informes que obligatoriamente deben emitir entidades públicas –como la Fiscalía– como de los que presenten de manera facultativa las organizaciones de la sociedad civil.

Puerta de entrada

Esta última opción se contempló como un mecanismo para garantizar la participación de las víctimas y contar con mayores elementos para corroborar las declaraciones de los comparecientes.

Sin embargo el alcance de los informes colectivos ha tomado hoy una connotación muy distinta, por cuanto, en sus propias palabras, la JEP considera que son “la puerta de entrada de las víctimas” a la jurisdicción especial.

Es decir, si las víctimas desean que sus casos sean conocidos por la JEP, deberán presentar los informes suministrando información según determinados parámetros, lo que se podría constituir en una barrera al acceso a la justicia de aquellas víctimas sometidas históricamente a la impunidad y al subregistro, y que no cuentan con las herramientas necesarias para obtener la información solicitada y someter sus casos a la justicia.

De garantías a obstáculos para la participación

En pocas palabras, se podría interpretar que la JEP pretende trasladarles a las víctimas una responsabilidad que no les corresponde: recoger por sí mismas la información que la administración de justicia ha sido incapaz de obtener oportunamente con el fin de evaluar la posible apertura de sus casos en el marco de la justicia transicional.

Por ello cabe preguntarse: ¿los informes constituyen una garantía de participación efectiva de las víctimas o la JEP los convirtió en una barrera al acceso a la justicia? Es comprensible que la JEP pida apoyo a las víctimas para obtener la información que requieren sus decisiones, pero ello no debería implicar que las víctimas tengan que asumir una responsabilidad de tal magnitud para “entrar a la JEP”.

Según la guía de la JEP, obligatoriamente estos informes son colectivos, deben precisar de manera detallada los hechos y explicar si se interpusieron las denuncias correspondientes.

Además la guía propone parámetros optativos como la exposición de análisis de contextos que indiquen “formas de actuar de los grupos armados, su presencia y accionar regional, su funcionamiento y otros elementos que puedan ayudar a comprender su comportamiento y el porqué de las victimizaciones que tuvieron lugar”.

Barrera de acceso

En pocas palabras, más que una simple denuncia, la JEP les pide a las víctimas información que generalmente se obtiene mediante investigaciones académicas o judiciales.

La guía entonces genera la situación de que solo aquellos con experiencia y recursos suficientes podrían elaborar los informes. Así, pueblos y organizaciones indígenas necesitan financiación o alianzas con la academia o con diferentes ONG que asuman esa labor según los requerimientos de la JEP.

A esa situación, que en la práctica constituye una barrera al acceso a la justicia, se suma la persistencia de la violencia en los territorios y la crisis que viven los defensores de derechos humanos, lo que implica un riesgo para cualquiera que pretenda recabar dicha información.

Un tercer aspecto sobre el que se debe llamar la atención es que dichos informes deben remitirse a la JEP antes de marzo de 2020, fecha máxima para que sean tenidos en cuenta.

Propuestas para facilitarles el camino a las víctimas

Dos cuestiones surgen frente a los procedimientos planteados para la presentación de informes: ¿Deben las víctimas asumir la carga de buscar financiación, expertos o aliados que se interesen en documentar debidamente sus casos, para que no solo lleguen a la JEP, sino que, por su elaboración, logren convencer a los magistrados para que los tengan en cuenta en sus decisiones? ¿Qué tan “estratégicos”, “atractivos” o “publicitados” deben ser los informes para que estimulen la apertura de un caso?

La puerta de entrada a la JEP no es un informe, es el hecho de ser víctima de un largo y crudo conflicto armado. Esa dolorosa realidad obliga a que la JEP gire en torno a la víctima y no viceversa, como podría estar ocurriendo.

Con el fin de evitar cualquier revictimización, como primera medida la JEP debe utilizar sus propios mecanismos para adquirir la información que solicita. Por ejemplo, el Grupo de Análisis de Información (GRAI) debería realizar los análisis de contexto regionales sin depender de órdenes de la Magistratura.

JEP más creativa

Por su parte, y como segunda medida, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que cuenta con autonomía presupuestal, debería aportar elementos que permitan abrir casos en regiones caracterizadas por el abandono es segunda medida, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que cuenta con autonomía presupuestal, debería aportar elementos que permitan abrir casos en regiones caracterizadas por el abandono estatal y cuyas víctimas no cuentan con los recursos o con aliados para presentar dichos informes, pero sí con historias que cumplen los criterios constitucionales.

Como tercera medida, teniendo como base el informe ya presentado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la JEP debería abrir un macrocaso que, por regiones, esclarezca la verdad y garantice justicia sobre el gravísimo riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Estas son simples garantías de no repetición para las víctimas.

En definitiva, la JEP no debería pedirles a las víctimas que toquen sus puertas; por el contrario, debería caminar y navegar por sus territorios buscando esas historias. La sociedad no puede pedirles a las víctimas que sigan entregando pedazos de sus almas para alcanzar la paz. La JEP cuenta con herramientas para cumplir sus obligaciones, solo debe aplicar los enfoques que se construyeron para fortalecer su misión.

La resiliencia de las víctimas no se debe usar para justificar una barrera de acceso a la justicia, más bien debe ser la fuente que obligue a la JEP a ser más creativa de cara al histórico déficit de justicia que han padecido muchos territorios colombianos.

* Integrante del grupo de investigación Colectivo Copal, Universidad Nacional de Colombia.