La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a pagar los perjuicios que se le ocasionaron al ciudadano Gustavo Petro, al haber sido destituido por la Procuraduría General de la Nación, cuando se desempeñaba como Alcalde de Bogotá, en el trámite de un proceso disciplinario a consecuencia de un proceso de contratación. El Alcalde estuvo suspendido varios meses y regresó a su cargo por una decisión del Consejo de Estado.
Señala el fallo de la Corte Interamericana que, tratándose de un funcionario público elegido popularmente, solo una sentencia de un juez penal puede tomar semejante decisión, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Además, le ordena al Estado colombiano introducir las reformas necesarias para que una entidad del orden administrativo no tenga ese tipo de atribuciones privativas de los jueces en un Estado de Derecho.
Para acatar la sentencia, en lugar de pasar la función de destitución a las autoridades jurisdiccionales de la República, jueces, tribunales administrativos y Consejo de Estado, que ya existen, y que era lo lógico; lo que hicieron fue reformar el Código Disciplinario y adscribirle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, sustituyendo la Constitución Política que le atribuye dicha función a la rama jurisdiccional. Inmediatamente advertimos que se vendría una cascada de creaciones burocráticas en la Procuraduría para poder cumplir con la nueva competencia. Pero se dijo el 2 de junio pasado por la cabeza del organismo que esa reforma no conllevaría aumentos en la nómina. ¡No lo creímos!.
Ahora, como regalo navideño, aparece un decreto creando 1.208 cargos nuevos en la Procuraduría, de libre nombramiento y remoción, algunos delegados con sueldo de Congresista, que se repartirán por todo el territorio en plena campaña electoral. Como justificación, se aduce que es para poder acatar la sentencia de la Corte Interamericana.
Nada más inútil que la reforma a las funciones de la Procuraduría. Lo que el país está en mora de hacer es replantear esta Institución, que por lo menos en el campo penal, duplica sus funciones con la Fiscalía, con un alto costo para los colombianos y ahora compite con la rama jurisdiccional.
Los 1208 nuevos puestos que se crean, que son, además, para “torcerle el pescuezo” a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Petro, pues van a pasar los delegados a tener funciones jurisdiccionales, es decir, a ser jueces de la República, con grave riesgo para la prevalencia del principio de independencia judicial, en un ente que obedece a razones políticas. Cabe preguntarnos ¿qué va a pensar el ciudadano del común sobre sus dirigentes, que ante semejante crisis social responden creando más burocracia para repartirse el ponqué político? Con razón la mala imagen de la justicia, bien ganada la tiene, con los dirigentes políticos que la diseñan.
