La comisión primera de la cámara de representantes discutirá el proyecto de acto legislativo por medio del cual se modifica el artículo 356 de la Constitución con el fin de implementar la “matrícula cero” en la educación pública superior como política de Estado permanente.
Previo al debate las posiciones están divididas, de un lado están los que se pronuncian a favor como el expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, del partido Liberal, quien sostiene que este proyecto de acto legislativo “pretende contribuir en la solución de ambas problemáticas:
falta de acceso a educación superior y reducción de la deserción en la misma; por medio de la implementación de la matrícula cero para los estudios de educación superior pública: estudios técnicos, tecnológicos y de pregrado”.
Sostiene que “con ello, los estudiantes y sus familias no deberán asumir la carga económica de pagar matrículas académicas para que puedan adelantar sus estudios, ya que en muchas ocasiones la escasez económica es el factor determinante para no ingresar o retirarse del proceso de formación profesional”.
“El costo de la iniciativa es de 1,4 billones de pesos por año, o de 700 mil millones de pesos el semestre. Con estos recursos se cubrirá la totalidad de estudiantes en instituciones de educación superior públicas, de mantenerse la tasa de cobertura de educación pública superior”, explicó.
Chacón aclaró que los estudiantes de programas de posgrado no serían beneficiados con la matrícula cero.
“Con dicha redistribución de recursos se podrá establecer como política de Estado directamente en la Constitución la matrícula cero, con vocación de permanencia”, concluyó.
En otra posición se encuentra el representante Juan Manuel Daza, del Centro Democrático, que sostiene que lo propuesto en esta iniciativa resulta alarmante, “teniendo en cuenta que estamos realizando una modificación a Constitución Política para establecer la financiación a través del Sistema General de Participaciones de un programa o política pública que, si bien es muy conveniente en términos de mejorar el acceso a la educación superior del país y tiene vocación de permanencia, debemos tener en cuenta que dada la dinámica y variaciones de las condiciones políticas, económicas y sociales del país, puede dejar de existir”.
“En consideración y ante las constantes controversias entre la aplicabilidad de la política pública matrícula cero y su incorporación dentro del Sistema General de Participaciones (el cual actualmente transfiere por mandato de los artículos 256 y 257 de la Constitución Política a las entidades territoriales para la financiación de servicios de competencia territorial, entre ellos el servicio educativo de preescolar, básica y media) se generaría irremediablemente un desbalance presupuestal, dada la inflexibilidad del gasto, afectando los servicios actualmente provistos”, afirmó el ponente.
De igual forma, “al encontrarse la matrícula cero establecida ya como Política de Estado por medio de la Ley de Inversión Social, su alcance, implementación y recursos destinados podrían afectarse por duplicidad de competencias sin coordinación alguna”, finalizó Daza.
