DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Por: Rolando Monje Gómez

Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020. En esta edición, Colombia obtiene una calificación de 39 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 92 entre 180 países.

Esta calificación es realizada a partir del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país. Cero significa corrupción muy elevada y 100, ausencia de corrupción.

Este año, el Índice de Percepción de la Corrupción dibuja un paisaje sombrío. La mayoría de los países evaluados no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción y más de dos tercios puntúan por debajo de 50. El análisis de Transparencia Internacional indica que la corrupción no solo socava la respuesta sanitaria global a la covid-19 sino que también contribuye a mantener la democracia en un estado de crisis permanente.

En la región, Colombia obtiene el mismo puntaje de Ecuador, 39/100, y se ubica por debajo de Uruguay que alcanzó, 71/100, Chile, 67/100, y Argentina con un puntaje de 42 sobre 100. Teniendo a Colombia como media de la región, por debajo se ubican Brasil con 38 puntos sobre 100 y Perú con el mismo puntaje. Entre los países que hacen parte de la OCDE, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México.

Panorama en América

Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, América es un escaparate de corrupción y mala gestión de fondos en una de las regiones peor afectadas por la crisis de la covid-19.

Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela se sitúan en lo más bajo, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente.

En una región ya caracterizada por unas instituciones de gobierno débiles, la covid-19 ha puesto de relieve unas profundas desigualdades sociales y económicas, que afectan de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, las niñas, las personas mayores, las poblaciones indígenas, los inmigrantes y la población afroamericana. Al igual que en otras partes del mundo, los gobiernos americanos tomaron medidas extraordinarias ante la covid-19, con estados de alarma que restringían los derechos civiles.

Las restricciones coartaron la libertad de expresión y de reunión, debilitaron los controles y contrapesos institucionales y redujeron el espacio de la sociedad civil.

Una concentración alarmante de poder en el brazo ejecutivo de países como Colombia (39) y El Salvador (36) ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a la contratación relacionada con la covid-1924.

El caso de Colombia

Colombia consiguió dos puntos más que el año pasado, sin embargo, estadísticamente esta variación no es considerada como un avance significativo. Por lo tanto, persiste el estancamiento en la calificación, pues desde el 2012 el país ha estado entre los 36 y los 39 puntos. Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país.

En el caso colombiano, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y que, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo, como lo han señalado informes previos de la entidad.

Transparencia Internacional enfatizó la necesidad de fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia; asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos; defender la democracia y facilitar el control ciudadano; y garantizar el acceso a información pública.

Durante la crisis de la covid‐19 las noticias de casos de corrupción han dado la vuelta al planeta. Desde el soborno hasta la malversación de fondos, pasando por la inflación de precios y el favoritismo, la corrupción en la sanidad adopta formas muy variadas.

Resalta el informe que el país hizo evidente que los graves riesgos de corrupción que rodean la atención a la población durante la crisis son una muestra de problemas estructurales en materia de contratación pública.

La evaluación señala que los niveles de corrupción en el país son muy serios, especialmente en el sector público. Lo que es un agravante, dado que desde 2012 el país no ha hecho cambios significativos en este aspecto.

Para Transparencia Internacional, la pandemia facilitó que la corrupción impregnara los sistemas de salud de formas nunca antes vistas.

Covid-19 vs corrupción

2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente debido al estallido de la pandemia de la covid-19 y sus devastadoras consecuencias. Su impacto en la salud y la economía de las personas y comunidades ha sido catastrófico en todo el mundo. Más de 90 millones de personas han sido infectadas y cerca de dos millones han perdido la vida.

Este turbulento año ha demostrado que la covid-19 es más que una crisis sanitaria y económica. La corrupción socava la posibilidad de una respuesta global justa y equitativa y sus insidiosas consecuencias han causado un número incalculable de víctimas mortales.