Los deudores tendrán 12 meses para ponerse al día con sus obligaciones financieras; con esto, podrán exigirle a la central de riesgo que elimine su información negativa. Las entidades tendrán un plazo máximo de seis meses para corregir y limpiar el historial crediticio del solicitante.
La Corte Constitucional aprobó por unanimidad, la Ley de Habeas Data, más conocida como el ‘borrón y cuenta nueva de las entidades financieras’. Aunque la norma fue aprobada en 2020 en el Congreso de la República, pero por tratarse de una reforma a la Ley estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008, se exigía una revisión de la Corte para luego pasar a sanción presidencial.
Pero así como muchos creen, esta normativa no elimina la deuda del consumidor financiero, pero sí le da muchos beneficios a su puntaje crediticio. Antes de que entre en vigencia la norma, una persona puede estar reportada en una central de riesgo después de haber pagado su deuda hasta por el doble del tiempo que duró la mora, con una vigencia de hasta cuatro años.
Una vez el presidente se sancionada la nueva Ley, esto será diferente al menos por un año, vigencia que fue establecida por la norma para la amnistía única del derecho al Habeas Data. O sea que los deudores tendrán 12 meses para ponerse al día con sus obligaciones. Con esto, podrán exigir a la central de riesgo que elimine su información negativa.
Las entidades tendrán un plazo máximo de seis meses para corregir y limpiar el historial crediticio del solicitante.
La iniciativa se convierte, además, en un salvavidas para las personas cuyo historial se vio perjudicado durante la pandemia debido a las complicaciones financieras.
La Ley estipula ciertas excepciones. Las personas con créditos educativos del Icetex, los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes que viven en la ruralidad y las víctimas del conflicto armado no deberán esperar los seis meses para que su información se actualizada, sino que podrán acceder al beneficio de una historia crediticia limpia inmediatamente se ponen al día con sus obligaciones.
Sin embargo, la norma no solo aplica en este caso, también podrán eliminar su reporte crediticio las personas que refinancien su deuda o lleguen a un acuerdo con su entidad financiera.
Personas con deudas inferiores a 15% del salario mínimo tendrán el derecho a recibir dos advertencias, con 20 días de diferencia, antes de ser reportadas en las entidades de riesgo.
El proyecto, iniciativa de los senadores David Barguil Assis y Luis Fernando Velasco, beneficiará a diez millones de personas, pues podrán salir de las centrales de riesgo.
Con la sanción de la Ley, las tres entidades estarán obligadas a crear aplicaciones móviles gratuitas para mantener a sus clientes informados de los avances de su historia crediticia. La consulta de los datos de un consumidor tampoco tendrá costo.
La norma también protege a los consumidores financieros de fraudes, pues muchos reportados denuncian haber sido víctimas de suplantación por parte de personas inescrupulosas que adquirieron obligaciones, como celulares o compras en almacenes, bajo su nombre.
Desde ahora, con una comunicación y la copia de la denuncia penal del fraude a la entidad financiera, se eliminará el reporte negativo, dejando una leyenda que indique que el usuario fue “víctima de falsedad personal”.
El puntaje crediticio
Las entidades de crédito utilizan la puntuación crediticia para determinar si una persona es apta para recibir un crédito, determinando su nivel de riesgo. El score de crédito se crea a través de un sistema que recolecta toda la información sobre las experiencias de financiación previas y actuales que ha tenido una persona, para luego utilizar programas estadísticos y comparar la información con los hábitos de comportamiento financiero, con el fin de calcular su capacidad de pago.
El “corazón del proyecto” es la amnistía que se da una única vez para personas que ya pagaron sus deudas; tras seis meses desde el pago, los ciudadanos saldrían inmediatamente del reporte negativo y se les restablece su calificación para que sean sujetos de crédito.
Otros de los beneficiarios del proyecto serán jóvenes y mujeres rurales, estudiantes con créditos en el Icetex y víctimas del conflicto. Estos grupos poblacionales saldrán de manera inmediata del reporte una vez hayan saldado sus deudas: no deberán esperar un semestre.
La tercera medida importante es que las pequeñas deudas, por debajo de 20% del salario mínimo (menos de $136.279) deberán ser reportadas con dos notificaciones en un intervalo de 20 días. Hay gente reportada en centrales de riesgo por $5.000 o porque se equivocó pagando el celular o salió de viaje y no pagó la factura de DirecTV.
Otro de los puntos importantes es que habrá mayor protección para las víctimas de suplantación personal.
También se da con los créditos. Hoy, deben llevar un proceso por estafa y eso se puede demorar años en la justicia. Con esta ley, con la sola denuncia la persona debe quedar eliminada del reporte negativo con una nota que aclare su condición de víctima”, aclaró el funcionario.
Algunos puntos adicionales del articulado establecen que queda prohibida la consulta de las centrales de riesgo para otorgar un empleo. Adicionalmente, las centrales de riesgo están en la obligación de crear una aplicación digital y de fácil acceso público a todos los titulares de datos.
El aval de la Corte significa que la ley es una realidad. Con esta decisión se está diciendo que el borrón y cuenta nueva se ajusta plenamente a la Constitución.
“Soy el autor de la Ley del Habeas Data Financiero de 2008 (1266 de 2008), que hoy modernizamos con el ‘Borrón y cuenta nueva’. Después de más de siete años de insistir en el Congreso, logramos sacar adelante esta iniciativa y la decisión de la Corte de darle luz verde permite que ahora pase a sanción presidencial. Una vez el presidente Duque la firme, comenzarán a regir todos sus beneficios para todos los colombianos”, expresó el senador Luis Fernando Velasco.
Con la sola entrada en vigencia de la ley, se eliminarán más de 5 millones de reportes negativos de colombianos que ya se han puesto al día con sus obligaciones. Las demás disposiciones que contiene la ley sobre la protección del derecho fundamental al Habeas Data y que quedan en la norma de manera indefinida, beneficiarán a todos los colombianos. Esta es una ley de suma importancia porque contribuye a la reactivación económica.
Algunos de los beneficios
- Se tiene que borrar de centrales de riesgo el reporte de más de 5 millones de colombianos que ya se han puesto al día en sus obligaciones.
- Quienes paguen sus obligaciones, hagan acuerdos de pago o extingan sus deudas dentro del primer año de la ley, solo tendrán el reporte negativo por seis meses.
- Si es deudor del Icetex, trabajador rural, víctima del conflicto o tiene una pequeña o mediana empresa, al momento de ponerse al día se le elimina el reporte negativo de inmediato.
- Si fue víctima de suplantación personal, y por ello tiene reportes negativos, ya no tiene que esperar años el fallo de un juez. La ley crea un procedimiento exprés para que en 10 días se elimine ese reporte.
- No pueden negarle un empleo porque tenga reportes negativos.
¿Por qué esta ley protege a un ciudadano de la suplantación digital?
Durante la discusión del proyecto de ley en el Congreso se expusieron cifras preocupantes de la suplantación de la que son víctimas miles de colombianos al adquirir créditos, productos y servicios, tanto en tiendas físicas como por medios digitales, por ello, se creó un capítulo especial que trae dos garantías para estos casos:
- La primera permite que las víctimas de suplantación puedan eliminar el reporte negativo, presentando una solicitud acompañada de la denuncia penal del fraude a la entidad financiera. Así, el reporte se elimina dejando una leyenda que indique “víctima de falsedad personal”.
- La segunda ordena a las centrales de riesgo a crear una aplicación digital y gratuita de acceso público a todos los titulares de datos, donde se generen alertas al momento de adquirir nuevas obligaciones, esto para mitigar el riesgo de suplantaciones. La información debe actualizarse máximo cinco días después de adquirida la obligación.
Las pequeñas deudas, por debajo de 20% del salario mínimo (menos de $136.279) deberán ser reportadas con dos notificaciones en un intervalo de 20 días.
