martes, 19 de marzo de 2019
Política/ Creado el: 2019-03-15 09:59 - Última actualización: 2019-03-15 10:24

Consejo de Estado, dividido en caso rectora de la Usco

Esta semana se dio a conocer el salvamento de voto de la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien se opuso a los argumentos expuestos en el auto que resolvió la medida cautelar de la demanda de Nulidad Electoral contra Nidia Guzmán Durán, Rectora de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | marzo 15 de 2019

La Magistrada advierte que discrepa de la decisión de sus colegas, toda vez que el inciso segundo de la prohibición del artículo 126 indica que los servidores públicos “tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior”.

De acuerdo a la postura de la togada, la rectora Nidia Guzmán, en su calidad de Decana de la Facultad de Educación, y quien según el demandante participó en la designación del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas como delegado del Consejo Académico ante en el Consejo Superior Universitario en el año 2017, No intervino de manera alguna en su elección original como Decano, ni en su nombramiento como servidor público. Indica la Magistrada que las designaciones en las que anteriormente participó la rectora, no fueron ni de servidores públicos ni para empleos públicos.

“No hay lugar a dudas que las designaciones que se mencionan como fundamento de la posible incursión en la prohibición del artículo 126 de la Constitución Política, son para integrar el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario, que parten de la base de un nombramiento anterior, y en ningún caso se refiere al ingreso a la función pública como servidores públicos, pues este ya se había llevado a cabo con anterioridad”.

El salvamento de voto es claro al señalar que existe una sustancial diferencia entre elegir a un Magistrado del Consejo de Estado o elegir un Magistrado del Consejo de Estado para la Comisión de Género o para Presidente de una Sección al interior de la Corporación, decisiones que si bien implican designaciones, no son designaciones como servidores públicos – pues ya lo son-, ni generan efecto de acceder a empleo público alguno, ya que de la misma manera en que ser Presidente de una de las Secciones no conlleva el ejercicio de cargo público, como tampoco implica el ser designado como representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior, como en el caso del Decano Fabio Salazar. En ese orden de ideas, la prohibición constitucional debe entenderse cuando se configura un intercambio de favores mediado por nombramientos a cargos públicos, fenómeno presentado principalmente entre las diferentes ramas del poder, y que en realidad fue lo que principalmente quiso evitar el constituyente derivado cuando aprobó la reforma al artículo 126, mediante Acto Legislativo 02 de 2015 denominada Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional, lo anterior, de conformidad con la exposición de motivos del proyecto de reforma.

Para la doctora Bermúdez, se trata mera y llanamente de designaciones que corresponde hacer por el adecuado funcionamiento de los distintos equipos de trabajo al interior de una entidad pública, llámese Consejo Académico, Sala de Gobierno, Comisión de Género o Comité de Convivencia Laboral, en este caso con más razón, al tratarse de una Institución de Educación Superior, que goza de autonomía universitaria para darse sus propios estatutos y elegir a sus directivas. En otras palabras, delegar al Decano para que asumiera la vocería al interior del Consejo Superior, no le representó un nuevo nombramiento. Además en el caso específico, en el Consejo Académico los Decanos son delegados para integrar el Comité Financiero, el Comité de Asignación de Puntaje, el Comité de Selección y Evaluación y ante el Consejo Superior, entre otras instancias dentro de la misma institución. Lo que quiere decir, que no podría interpretarse que estas representaciones le significaran a los Decanos nuevos cargos o nombramientos dentro de la Universidad.

El artículo 126 de la Constitución específicamente se refiere a la Facultad o Competencia Nominadora y de Contratación de los servidores públicos, como quien dice, el beneficiado que en este caso sería el Decano Fabio Salazar, debió obtener un estatus o situación jurídica particular en la función pública que no tenía. Por lo que se puede concluir que el impedido o inhabilitado no le debe su condición de SERVIDOR PÚBLICO, ni su designación como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a la rectora Nidia Guzmán, máxime si se tiene en cuenta que la designación del Consejo Académico obedeció a una función estatutaria en el marco de una delegación académica.

 No hubo postulación ni nombramiento

En el proceso de nulidad electoral de la referencia, se indica que el docente de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana, Fabio Alexander Salazar, y quien fue designado por el Consejo Superior Universitario como Decano según consta en el Acta No.013 del 12 de agosto de 2016, proceso en el cual no intervino la actual rectora, obtuvo la nueva nominación para esa fecha.

Por lo anterior, vale la pena precisar que según la Magistrada, el verdadero tenor de la prohibición objeto de estudio, según la cual a los servidores públicos no pueden “nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieran intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior”, impone concluir que cuando la norma se refiere a la prohibición de los servidores públicos de nombrar o postular a quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, se está refiriendo a quienes hubieran intervenido en su postulación o designación como SERVIDORES PÚBLICOS, y no en la postulación o designación para ser parte de un equipo de trabajo al interior de la misma entidad.

El documento que aparece visible en la página del Consejo de Estado, señala que esta Corporación  ha analizado el tema en siete oportunidades, cuatro de ellas en vigencia de la versión original de la norma, y las otras tres, una vez modificada por el Acto Legislativo 02 de 2015.

Caso rector de la Universidad de Sucre

En este caso, el rector de la Universidad de Sucre pretendía reelegirse, y el problema jurídico se centró en analizar la participación que tuvieron los miembros del Consejo Académico de la Universidad en la designación del rector, a quienes les correspondió elaborar la lista de habilitados y no habilitados dentro del trámite eleccionario, se desestimaron las pretensiones y el funcionario fue reintegrado a su cargo. “Lo anterior se torna relevante teniendo en cuenta que en este caso el rector demandado sí había participado en la designación de algunos de los miembros del Consejo Académico”, indica el salvamento de voto.

Caso rector de la Universidad de Cundinamarca

De otra parte, el salvamento de voto menciona el caso de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en el cual el Rector quien también quería reelegirse, nombró de manera directa y unipersonal a la mayoría de los integrantes del Consejo Académico, los cuales incluyen Secretario General, Rectora Ad Hoc, Vicerrectora Académica, Decanos, quienes fueron los encargados de seleccionar la terna para rector, y quienes eligieron a la Decana de Ciencias de la Salud, como representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior, instancia que finalmente decidió designar al rector para un nuevo periodo. Además, en el Consejo Superior participaron los representantes del sector productivo y el de los ex rectores, también nombrados por el Rector. Lo anterior, evidencia un claro conflicto de intereses y la configuración de la prohibición “yo te elijo tú me eliges”, porque las personas nombradas en los cargos antes relacionados tuvieron injerencia directa en el proceso eleccionario que se acusó ilegal. “En este caso el demandado sí participó en el nombramiento y elección de diferentes dignidades y de funcionarios, que en virtud de tal designación, ingresaron al servicio público”, advierte el salvamento.

Al finalizar el documento la Magistrada manifiesta que ha de tenerse en cuenta el efecto material que genera la interpretación que defiende la ponencia, que no es menos otro que “inhabilitante” para ocupar el cargo de rector para los profesionales que hacen carrera en el ámbito universitario. “En virtud del principio constitucional de autonomía universitaria, la mayoría de universidades públicas permiten y propician el ascenso en las dignidades y cargos con el discurrir del tiempo, como en el presente caso, el Decano o un académico en general, que por su trayectoria ha representado a este estamento en el Consejo Superior Universitario, y quien precisamente por ello, es el candidato natural para ser elegido rector, con la tesis de la ponencia siempre estaría inhabilitado, lo que generaría un efecto negativo a la hora de conformar los consejos académicos de cualquier universidad”.

En conclusión, la posición de la Sala Quinta del Consejo de Estado se encuentra dividida frente al caso de la rectora Nidia Guzmán Durán de la Universidad Surcolombiana, elegida mediante consulta estamentaria el pasado 27 de septiembre de 2018, en la cual obtuvo una contundente victoria de 62,34%, teniendo en cuenta que el problema jurídico se centra en la interpretación de la restricción descrita en el inciso dos del artículo 126 constitucional.

El caso Ordoñez

Todos los colombianos recuerdan el caso de la reelección del Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, la cual fue demandada y resuelta por sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado en el año 2016, quien antes de su segunda designación de conformidad con lo descrito en el fallo, había tenido la oportunidad de nombrar en cargos en la entidad en la cual era nominador, a familiares de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes lo postularon como candidato a la terna para ser reelegido.

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