Desde que se creó la Comisión de la Verdad en noviembre de 2017, producto de los Acuerdos de la Habana, se empezó a generar un aumento de la polarización, que ha venido caracterizando a la democracia colombiana. La conformación de los integrantes por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, no generaron confianza en la mayoría de los sectores políticos del país, que inclusive fueron derrotados por el No en el Referendo promovido por el ejecutivo de la época. Así como lo expresó el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando tuvo la oportunidad de entrevistarse con el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión y algunos de sus integrantes, es ilegitimo. Pero a pesar de todo, ha sido importante para la opinión pública, porque a través de esta institución se ha logrado esclarecer algunos episodios que provocó la violencia política ocurrida durante los últimos cincuenta años.
Aunque ha mediado una parcialización política por la afiliación de la mayoría de sus integrantes con los sectores de oposición al actual gobierno nacional, algunas de sus actuaciones han sido bastantes controvertidas por la opinión pública nacional. Se han escuchado a algunas víctimas del conflicto. Igualmente, a varios supuestos actores que provocaron dichas violaciones a los derechos humanos. Se ha buscado la verdad para lograr una sana convivencia y por consiguiente una verdadera reconciliación nacional. Pero no se ha logrado el verdadero equilibrio por las diversas opiniones encontradas.
Hasta la presencia de los cinco expresidentes ante la Comisión de la verdad se convirtió en una verdadera confrontación política, sobre sus actuaciones que, en otrora, ya lo conocían suficientemente la opinión pública. Sus protagonismos hirsutos, no han contribuido a generar espacios para encontrar la verdad. Insultos van y vienen de estos expresidentes, generando un rechazo ante la opinión pública, que solo busca la verdad y solamente la verdad de todo lo ocurrido durante las últimas tres décadas. Volver a revivir las viejas rencillas, no aportan elementos de juicio, para conocer la realidad de los hechos violentos acaecidos durante sus mandatos.
Pero el viernes anterior, ocurrió una decisión inesperada. Tal y como se esperaba, la Sala Plena de la Corte Constitucional amplió el periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Inicialmente finalizaba el próximo 28 de noviembre. Tal decisión amplía su periodo que irá hasta junio de 2022, más dos meses para la socialización del informe final que entregue la entidad, que va hasta agosto de 2022. La Sala Plena apoyó con votación 8-0 la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que indicó que los tres años que fijó el Decreto 588 de 2017, para la Comisión debe contarse de manera efectiva, sin contar el tiempo que duraron las medidas de aislamiento adoptadas para contener la pandemia de covid-19.
Hay que superar todas las dificultades logísticas que genera su labor en la Comisión.
Es indispensable un pronunciamiento urgente sobre las normas acusadas para evitar la afectación de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, así como dada la trascendencia social del informe final que deberá rendir la entidad. La Comisión está llamada a recibir todos los aportes. Por supuesto que las intervenciones están plagadas de intereses personales y políticos, de historias a medias y de relatos que tienen que ser verificados. Atacarla por cumplir su labor, más sin conocer el informe final, es un despropósito.
