Por: Jaime Alberto Arrubla Paucar
A un mes del colapso de la aerolínea VIVA AIR, se presenta otro similar en otra transportadora aérea, ULTRA AIR. Muchas son las razones que exponen los directivos de esas compañías para justificar “la debacle” que los llevó a la bancarrota: la disparada del dólar, el alza desmedida en los combustibles, las ausencia de inversores para seguir manteniendo las empresas, etc.
Lo que llama poderosamente la atención, es que las autoridades gubernamentales encargadas de regular el transporte y de controlar las empresas transportadoras no se dieron cuenta de lo que venía pasando. Ni el Ministerio de Transporte, ni la Superintendencia de Transporte, ni la Aeronáutica Civil, se percataron de lo que estaba sucediendo. Se pregunta un ciudadano de a píe ¿Para qué tanto gasto en tanta regulación, si no sirve para prevenir el desastre?. Los controles deben ser preventivos; el Estado tiene todo tipo de atribuciones para conjurar estas crisis empresariales; hasta puede intervenir las empresas y reemplazar sus administradores.
En el caso VIVA AIR, más de seis meses tuvo en sus manos la autoridad gubernamental una solicitud de alianza con Avianca, que a lo mejor, podría haber evitado la quiebra de la compañía; sin embargo, no se pronunció sino hasta cuando ya era tarde y la empresa ya había parado. Tarde llegó el remedio.
Por supuesto, que vender más de trescientos mil tiquetes a diferentes trayectos, a sabiendas de que se va a suspender la operación, es un error garrafal que cometieron los empresarios; pero de allí a aventurarse con afirmar la existencia de un delito de estafa, es toda una temeridad; hay mucho por investigarse y por comprobarse. No existe una sola aerolínea en el mundo que no tenga que hacer ventas de transportes futuros mientras se encuentra en operación; es la esencia misma del negocio y no se puede suspender el mercadeo de buenas a primeras, sin exponer a un riesgo peor a la empresa.
Lo que sí suena a disculpa y estrategia para desviar la atención, es que venga el Ministerio, en lugar de explicar por qué no intervino a tiempo frente a ambas empresas; a justificarse, desviando la atención ciudadana, anunciando que procederá con unas denuncias penales contra los directivos y administradores de las empresas en dificultades. No es más que una marrulla para no poner en evidencia su propia negligencia en realizar un debido control sobre las empresas aéreas, máxime, cuando estaba más que avisado de lo que podría suceder.
En la gran estructura del Estado colombiano, se ha diseñado todo un andamiaje de controles para absolutamente todos los sectores de la economía a cargo de los empresarios particulares. Ello implica un alto costo en la cuenta del Estado que compromete gran parte del presupuesto, que sufragamos con los impuestos. Lo mínimo que podrían esperar los colombianos, es que dichos controles sean efectivos; en el caso de las empresas aéreas mencionadas, el resultado en exactamente el contrario. Controles inútiles.
