Víctor G. Ricardo
La idea de cómo la corrupción es algo que afecta solo presupuestos y fondos del Estado o de incremento de la riqueza de algunos privilegiados, mediante la intervención de grupos de poder en provecho de sus patrocinadores, olvida una consecuencia básica de descomposición social y es la afectación a los derechos humanos de la población.
Esta idea generalmente propuesta y defendida por las legislaciones de los estamentos que favorecen la desviación de las responsabilidades penales de la corrupción hacia las normas civiles cuyas sanciones solo llegan a la recuperación de parte de los activos extraídos de los fondos públicos o simplemente ajenos, logra desviar la atención de la profundidad del daño a la naturaleza misma de la sociedad en su significado más profundo.
Es claro como la corrupción es una pandemia social que no tiene límites geográficos ni culturales. La conductividad social actual olvida cómo la verdad y la política no siempre son compatibles y en esta realidad se amparan los dirigentes cuyo carácter es comprado y tergiversado al permitir confundir éxito con realización, confusión que la falta de una educación moral y ética protege y genera, desmoronando principios y justicia como pilares básicos de la construcción de una metrópoli preocupada en los derechos humanos y el apoyo estatal a la corrección de la desigualdad, que la corrupción genera como parte fundamental de su propia realidad ante la imposibilidad de justicia y equilibrio social.
La desviación de recursos generada por la corrupción se aplica primordialmente a los flujos monetarios y de bienes proyectados a los estamentos carentes del poder de protesta que deben conformarse con lo recibido, bajo la premisa que aunque insuficientes son gratuitos: segmentos como la educación básica, el bienestar familiar, salubridad de los menos favorecidos, olvidándose que dicha realidad elimina el progreso social. Rotulémoslo como lo que es: una violación de los derechos humanos básicos, germinando la aparición de la pobreza y el hambre. Es decir, el más importante de los derechos humanos como es derecho a sobrevivir y, en resumen, a la vida.
La corrupción tiene un efecto viral que enferma a la sociedad, creando códigos que la obligan a mezclar lo lícito con lo ilícito, en su perversa relación con las instituciones de un Estado carente de institucionalidad moral y democrática.
Nada que sea más oportuno e importante en los próximos debates electorales que dar un castigo ejemplar a los corruptos, votando solo por los candidatos a ser Presidente y vicepresidente de la República que no estén comprometidos en actos de corrupción y, además, estén comprometidos en que no falle la justicia ni los órganos de investigación del Estado para que así se castigue drásticamente a los corruptos, como se lo merecen. Son muchos los casos que han quedado impunes y en algunos otros, las penas son tan débiles que también es una forma de impunidad, por no hablar y hacer un inmenso listado de todos aquellos que con travesuras, estrategias perversas y hasta compra de jueces, logran que los términos se venzan y así lograr su libertad.
Solo derrotando la corrupción y por tanto a los corruptos lograremos defender nuestras instituciones, el Estado de Derecho y el restablecimiento de los valores. Que la ética y moral nos conduzcan a un país donde impere el orden y las buenas acciones y no se siga atentando contra los derechos de todos los ciudadanos de Colombia.
