El faltante de recursos que presentan las finanzas públicas nacionales, obligó al gobierno nacional incorporación en el Presupuesto General de la Nación una iniciativa que buscan utilizar los saldos de las cuentas inactivas que se encuentran en el sistema financiero. Se trata del artículo 78, el cual propone que las cuentas de ahorro y corrientes que hayan permanecido inactivas por un periodo mayor a un año y que no superen el valor de 322 UVR, equivalentes en 2021 a $92.391, serán transferidos por las entidades financieras tenedoras, a título de mutuo a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con el fin de financiar apropiaciones en dicha Ley, sancionada por el presidente de la República.
Se estiman que los montos totales por año han ido desde los $9.000 millones hasta los $15.000 millones. Esta iniciativa toca entre 97.826 y 163.043 cuentas que cumplen con las condiciones ya mencionadas. Según lo establece el documento, solo se necesitará para su perfeccionamiento y validez la firma del Gobierno Nacional y el banco, sumado a la publicación del documento que sustenta esta transferencia.
Esta medida ha sido muy controvertida en la opinión pública, por la actitud desesperada del gobierno nacional para buscar nuevas fuentes de ingresos para el tesoro nacional. No le bastan las sucesivas reformas tributarias que han sido aprobadas en otrora, para sanear las finanzas nacionales. Al igual que la suspensión de la Ley que suspende las garantías en vísperas de este periodo electoral, se anuncian sendas demandas ante la Corte Constitucional para evitar que ocurran estos absurdos.
Cuando se analiza el dinamismo de los movimientos en las cuentas bancarias se observa que solo el 39 % de ellas lo estaban al cierre de 2020, lo que evidencia los problemas en materia de uso que viene afrontando este producto de depósito. En el caso de los productos de trámite simplificado, los porcentajes de utilización de los productos resultaron más altos. De los 13,3 millones de depósitos electrónicos que había en el país, un 69,9 % se encontraba activo en diciembre de 2020. A su vez, había 10,2 millones de CATS, de las cuales el 74,5 % permanecían activas.
Por otro lado, se podría buscar que todas estas cuentas sean canceladas de manera unilateral por parte de las entidades bancarias, con el fin de sanear la historia crediticia de las cuentas habientes. En muchas ocasiones, se convierten en obstáculos para acceder a créditos en el mercado bancario, que, por olvidos involuntarios, en muchas ocasiones son rechazadas dichas peticiones, por las innumerables preguntas que hacen los empleados bancarios.
