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Debates políticos

Jun 16, 2022

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En medio de la más grande polarización política que está presentando la democracia colombiana, por la extrema guerra sucia que se están generando desde las distintas bodegas, aprovechando las TICS, el Tribunal Superior de Cundinamarca ordena hacer un debate entre Gustavo Petro Urrego y Rodolfo Hernández Suarez, en menos de 48 horas. Estamos a solo 3 días de iniciarse la jornada electoral en Colombia. La opinión pública se pregunta en qué momento la justicia colombiana, se metió en la campaña presidencial, sabiendo que las elecciones ya se iniciaron en el exterior desde el lunes anterior y el Código Electoral Colombiano, prohíbe realizar encuestas y debates públicos. Absurdo este fallo electoral, aunque se respeta, pero no se comparte.

Igualmente, no se determina en este fallo judicial, las condiciones del debate, ni a través de qué medio se va a realizar, a qué horas, ni las reglas que se deben preestablecer para que exista respeto entre las partes. Nunca se había presentado en la historia de la República una situación de estas magnitudes y sobre todo que lo que ha primado, es la detestable guerra sucia que ha buscado enlodar al candidato Hernández, desde todos los frentes del sector de la oposición. El próximo domingo, será la democracia el máximo juez que nos va a permitir conocer el nombre del nuevo presidente de los colombianos.

Será el constituyente primario, el que va a decidir en últimas, si la guerra sucia que se ha entronizado en la campaña presidencial, a quien va a favorecer. Atrás deben quedar esas expresiones de amenaza, que, si Petro no gana, va a existir un estallido social. Al contrario. Por la salud y el bienestar de los colombianos, gane el que gane, debemos respaldarlo y unir las sinergias institucionales para buscar los consensos que conduzcan a mejorar el bienestar general de la sociedad colombiana, que actualmente se encuentra atravesando un momento muy difícil por el avance progresivo de la pobreza, producto del accionar gubernamental de todos los anteriores gobiernos, que han sido incoherentes en la aplicación de los instrumentos de la política macroeconómica.

Mientras tanto, los equipos jurídicos y estrategas de las respectivas campañas de los candidatos presidenciales, están definiendo los mecanismos para concretar el acatamiento de la tutela. Pero queda un ambiente enrarecido en la opinión pública, cómo las normas que protegen los derechos de los candidatos, como personas naturales, al libre derecho de la personalidad y la libertad de expresión, a la intimidad, entre otros, que no pueden desconocerse, por querer proteger un derecho de los electores, que en todo caso no ha estado vulnerado o frente al cual existen otros mecanismos de defensa. Queda un interrogante: ¿la participación de los candidatos presidenciales en los debates es un derecho o un deber?

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