Diario del Huila

Denegadas las libertades

Ene 28, 2023

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La sociedad colombiana está cada vez más sorprendida con el actuar presidencial de estar brindándole gabelas y beneficios a todos los delincuentes de este país que han afectado con su estilo criminal el bienestar general de las familias colombianas. Desde el año anterior, el presidente Gustavo Petro Urrego, anunció que nombraba a los jóvenes detenidos en las protestas de 2021 como gestores de paz. Esta figura les permitiría a muchos quedar en libertad. Pero no ha tenido éxito con sus intenciones gubernamentales de liberar a estos delincuentes terroristas que sembraron zozobra y caos durante las jornadas de protesta ocurridas, como preludio a las elecciones presidenciales que lo llevó a la casa de Nariño.

La sociedad huilense ha recibido con beneplácito la decisión de las autoridades judiciales de negar la libertad de cuatro jóvenes señalados de pertenecer a la llamada Primera Línea, quienes fueron designados como voceros de paz por el Gobierno. En una audiencia desarrollada el miércoles anterior, una juez de garantías consideró no procedente tal decisión. El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías, negó la solicitud realizada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Ante la decisión, la defensa de los ya nombrados voceros de paz interpuso recurso de apelación. Otro juez deberá resolver. Con estas medidas, se da un ejemplo negativo para todas las nuevas generaciones que empiecen a generar actos vandálicos, muertes, saqueos, lesionados, daños a la infraestructura del transporte y establecimientos públicos y privados, secuestros, en fin, todo accionar que riñe con el Código Penal Colombiano, porque saben muy bien que se les aplicará la Ley y la Constitución Política Nacional.

El Gobierno no puede cometer la grave equivocación de beneficiar a delincuentes con mecanismos previstos solo para los delitos políticos. Aquí hay que ser muy claros en que, si bien el presidente dirige los procesos de paz, ésto de ninguna manera, lo exime de contar con las demás ramas del poder. En pocas palabras: la consecución de la paz no puede justificar escenarios en los que posiblemente se esté pasando por alto la Constitución. Tampoco se puede violar el principio de la separación de poderes, columna vertebral de nuestro sistema constitucional. Utilizar las herramientas de la paz para cobijar a actores extraños a los procesos de negociación, ya se ha dicho desde estas líneas, puede abrir puertas muy riesgosas por las que podrían terminar colándose narcos y otros peligrosos delincuentes comunes. Por eso, lo que se espera del Gobierno es que la ejecución de esta liberación de algunos de los detenidos por delitos en las marchas se encauce en las reglas de la institucionalidad colombiana y en el estricto apego a los principios democráticos de separación y equilibrio de poderes.

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