viernes, 21 de septiembre de 2018
Primer Plano/ Creado el: 2018-04-12 11:53 - Última actualización: 2018-04-12 11:54

Desfalco a las pensiones en el Huila ascendería a más de $10.600 millones

Entre los involucrados aparecen desde personas que nunca laboraron con el Departamento, bachilleres que se pensionaron como técnicos, y hasta ex dirigentes políticos de la región.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | abril 12 de 2018

 

FELIPE GONZÁLEZ
INVESTIGACIÓN DIARIO DEL HUILA

Más de 50 personas se habrían apropiado entre los años 2001 y 2011, de más de 10.600 millones de pesos del Fondo Territorial de Pensiones del departamento del Huila de forma irregular. Las actuaciones que fueron halladas dentro de tres auditorías realizadas por la Contraloría en los últimos dos años, dejan ver un posible detrimento patrimonial, que se habría logrado a través de una red de funcionarios públicos, quienes a través de documentación falsa, lograron que estas personas terminaran gozando de este beneficio.

Aunque esta no es competencia de la Contraloría, sino de la Fiscalía, determinar el concierto para delinquir que se habría gestado entre funcionarios de la Gobernación y algunos municipios del departamento, así como de entes descentralizados, las auditorías sí dejan ver que existió una o más personas, que se dedicaron mediante certificaciones falsas, a lograr resoluciones oficiales de la Secretaría General de la Gobernación, que avalaron los requisitos para alcanzar la pensión de dichas personas y de esta manera, autorizar el pago de mesadas mensuales del desaparecido Fondo Territorial de Pensiones del Departamento.

Los hallazgos, logrados a partir de la denuncia de una persona en el año 2015, han permitido detectar no sólo los fraudes cometidos, sino además la forma como actuaba esta banda que se dedicaba a contactar personas en edad de pensión para tramitar mediante irregularidades, la aprobación de estas pensiones, que terminaron generando un gran desfalco al Departamento y al sistema pensional.

Y es que en tiempos donde según Fedesarrollo, solo un 10% de la población que actualmente se encuentra cotizando, puede alcanzar su pensión, en un sistema que parece cada vez más inviable, cuesta aceptar que una cantidad como esta, haya sido apropiada de manera irregular.

“Se han presentado varios casos. Casi todos tienen elementos similares, algunos reflejan la realidad de los tiempos trabajados pero las certificaciones no concuerdan, una persona que tiene bachiller y fue pensionada como técnico, a otras le faltaba un año de trabajo y fue certificada por una entidad que hoy nos dice que nunca trabajó allá y otros que salieron con doble pensión tanto por el Fondo Territorial como por el Seguro Social, hoy Colpensiones”, contó la contralora departamental Adriana Escobar Gómez, quien tiene el empeño suficiente para que estas auditorías, concluyan en un proceso de responsabilidad fiscal que permita la recuperación del dinero.

Una tarea nada fácil, pues estos procesos pueden tardar años, y quizás no alcance a ver resultados en su periodo, sin embargo el trabajo mancomunado que viene liderando con la Fiscalía y la Procuraduría ya ha permitido la captura de siete de los implicados, y la apertura de procesos disciplinarios a varios de los funcionarios implicados.

El origen de la investigación

Finalizaba el año 2015, cuando un ciudadano mediante sobre cerrado y sin marcar, dejó una denuncia en la Contraloría Departamental donde advertía del posible desfalco de 245 millones de pesos, en el pago de una pensión que se tramitó de forma irregular ante el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento. La denuncia conocida como D-081, despertó de inmediato la atención de la contralora Adriana Escobar Gómez, quien ordenó iniciar proceso de seguimiento a dicha denuncia, con el fin de corroborar la información y determinar el alcance de la misma. Un proceso que en mayo de 2016, arrojó la primera auditoría del caso, de tipo exprés, que evidenció un ‘modus operandi’ mediante el cual una cuidadana, logró hacerse con una pensión, sin cumplir con los requisitos legales, y la complicidad de algunos funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación.

La denuncia adjuntó unos documentos que sirvieron de punto de partida para iniciar el cotejo de información, y empezar a evidenciar las falencias.

Lo primero que identificaron los funcionarios de la Contraloría fue la falsedad en documento público, que realizaron los funcionarios involucrados en la red de tramitología de la Secretaría General de la Gobernación para autorizar los pagos. Según la Resolución 959 del 10 de octubre de 2006, por medio de la cual se autorizó el pago de la pensión  vitalicia de vejez a la señora María Gladys Horta Tafur, verificó supuestamente la veracidad del certificado laboral emitido por la misma Secretaría General el 15 de junio de 2006, donde señalaba que la señora en mención había sido auxiliar, visitadora municipal y secretaria (sin mencionar de qué municipio) desde el 1 de enero de 1965 y el 30 de diciembre de 1969, y del 1 de julio de 1970 al 30 de diciembre de 1985. No obstante al contrastar dicha información y verificar con los archivos de la Gobernación, se encontró que la señora no registraba información laboral alguna, “ni en los expedientes de cesantías, historias laborales, nóminas y kardex” entre el periodo señalado en la certificación. Es decir, dicha información había sido falsificada. “Se pudo corroborar que la señora Horta Tafur, no se desempeñó como servidora pública en el Departamento del Huila”, señaló la auditoría.

Esto llevó a establecer que si la documentación bajo la cual se fundamentó la resolución de entrega de pensión, fue falsificada, dicho acto administrativo también carecía de legalidad, por lo que según el ente fiscal, constituye un presunto detrimento patrimonial por un valor de 245 millones 610.404 pesos correspondiente a las mesadas recibidas entre el 10 de octubre de 2006 y abril de 2016, incluidas primas en los meses de junio y diciembre.

Responsabilidad

Para la Contraloría, aunque existe una comunión del delito por parte de algunos funcionarios que habrían falsificado estos documentos para justificar la adjudicación de la pensión, existió también una gran responsabilidad por parte de la Secretaría General, al no haber realizado la verificación efectiva y eficiente de los documentos presentados, para haber así, evitado dicho desfalco. Por esta razón compulsó copias además de la Fiscalía, que actualmente investiga este y otros casos, a la Procuraduría para determinar la responsabilidad disciplinaria delos funcionarios implicados en dicho caso. “Existe una connotación disciplinaria en contra de los servidores públicos que participaron en el procedimiento de otorgamiento de la pensión mediante Resolución No. 959 del 10 de octubre de 2006, al omitir verificación de tiempo de servicio y número de cotizaciones mínimas en la entidad”, señaló la auditoría.

Así mismo, el caso evidenció un inadecuado estado del Archivo General del Departamento, ya que los problemas en el clasificación, registro, conservación y custodia, permitieron la vulneración de la red, y la manipulación, falsificación y alteración de algunos documentos.

Más casos

Tras ese primer hallazgo, cuya veracidad fue confirmada por la propia Secretaría General que también revisó la documentación y encontró las deficiencias, la contralora Escobar Gómez, ordenó una nueva auditoría para revisar los actos administrativos entre 2002 y 2007, buscando establecer si se trató de un caso aislado en el que la beneficiaria orquestó todo un posible desfalco, o existían más y fueron los funcionarios de la Gobernación, quienes generaban dichas irregularidades.

El proceso culminó en septiembre de 2016, arrojando efectivamente 23 nuevos casos en los que 21 de ellos, se beneficiaron de la resolución del pago de pensión, habiendo adulterado documentos o falsificado para dicho reconocimiento, y dos más, alcanzaron doble pensión, generando así un posible detrimento patrimonial de 3.582 millones de pesos.

“La Contraloría Departamental para la vigencia 2016, realiza una auditoría exprés a partir de una denuncia ciudadana que arrojaron unos resultados con presunta incidencia penal, disciplinaria y fiscal. A partir de ese primer caso seguimos indagar en la misma vigencia y encontramos 20 casos con situaciones semejantes, por un valor superior a los 3.000 millones de pesos”, explicó la Contralora Departamental.

En este nuevo paquete que evidenció que existía una estructura delincuencial al interior no solo de la Gobernación del Huila, dedicada a falsificar decretos de nombramientos, y certificados laborales, sino al interior de varios municipios del Huila, desde donde también se prestaban para autenticar y darle legalidad a falsos certificados laborales.

Este medio de comunicación pudo establecer que al parecer el grupo de funcionarios se dedicaba a abordar personas cercanas a cumplir su edad de pensión, para prometerles agilizar y tramitar su resolución de jubilación, a cambio de dinero. Al parecer, parte de las ‘ganancias’ que se habrían hecho estas personas a lo largo de dichos años, correspondió a los dineros que lograban cobrar como retroactivos, tras solicitar el reconocimiento pensional, 17 y 18 años después, de la presunta fecha de desvinculación laboral. Un monto que para este hallazgo fue del orden de los 400 millones de pesos.

Elementos comunes

También se pudo establecer durante dicha auditoría, la existencia de algunos elementos comunes recurrentes en distintos casos, como por ejemplo que a la mayoría de los hombres le certificaban a través de falsos decretos de nombramientos de años entre los 60 y 70, (más difíciles de corroborar), que trabajaron como inspectores de policía, particularmente en corregimientos o municipios apartados como San Agustín, Guacacayo, entre otros. Así mismo, muchas de las falsas resoluciones de nombramientos iban acompañados de la sigla BIS, ejemplo el Decreto 213 BIS de 1968, mediante el cual supuestamente se nombró a la señora María Ilda Méndez Torres como funcionaria de Servicios Generales de la Secretaría de Gobierno entre enero y diciembre de ese año, pero que en realidad, dicho decreto no existe y los 213 y 214 sin la nomenclatura BIS, no corresponden al asunto de la señora Méndez Torres. Su caso es uno de los más complejos, pues además de esta certificación, el profesional de la secretaría General que avaló su trayectoria laboral en 2001, certificó que laboró para el Departamento desde1965 a 1988, sin hallarse una sola evidencia que demuestre que en efecto se desempeñó en este y otros cargos señalados como el de Inspectora de Policía de Villa Fátima, San Agustín y Monserrate, La Plata; así como Administraora del Puesto de Monta de la Secretaría de Agricultura, y alimentadora de la Secretaría de Obras Públicas. En ninguno de ellos, existe decretos o resoluciones de nombramientos, fechas de ingreso o retiro, lo que para muchos poría significar que en efecto nunca laboró para la Gobernación y toda la documentación fue falsificada.

Hoy, María Ilda junto a otros seis beneficiados más de estas pensiones, se encuentra capturada y bajo el poder de las autoridades, dentro de los primeros resultados que arrojó el proceso penal que abrió la Fiscalía sobre este tema.

En la próxima entrega de este especial investigativo, les contaremos los nuevos hallazgos de la Contraloría el año anterior, el avance de los procesos penales,  y las sorpresas encontradas en esta última auditoría que elevó a 10.000 millones, los dineros girados a estas personas.

 

 



A más de 3.000 millones de pesos ascendió el desfalco a las pensiones en 21 hallazgos en auditoría efectuada en la vigencia 2016

576 millones de pesos se entregaron a dos pensionados que también fueron jubilados por el Seguro Social

El caso de María Ilda Méndez, hoy en poder de la Fiscalía, es uno de los más descarados, dentro de los hallados por la Contraloría

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