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El endeudamiento es el instrumento más utilizado por los diferentes gobiernos latinoamericanos para financiar sus programas de desarrollo y para buscar un equilibrio en sus finanzas públicas. De acuerdo con las series estadísticas del Banco de la República, en la vigencia de 1970, la deuda externa oficial colombiana representó 652 millones de dólares, para 1990, 5.435,8 millones de dólares, en el 2000 ascendió a 14.320 millones de dólares y para 2019 ascendió a 51.713,3 millones de dólares. Al finalizar el cuarto trimestre del año anterior, se había incrementado a 66.910,8 millones de dólares. Muy grave este panorama que amenaza seriamente el futuro de las finanzas públicas nacionales. En solo un año, aumentó 15.197,5 millones de dólares.

Por este motivo, la reforma tributaria que actualmente se debate en el Congreso de la República pretende fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación permanente del gasto social. Lo anterior, mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (55% del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.

De acuerdo con lo expresado el año anterior por el docente investigador de la Universidad de los Andes, Sergio Clavijo, lanzó una dura alerta sobre el comportamiento de la deuda pública de Colombia, que podría incrementarse en los próximos dos años. Lo anterior es provocado por los cambios que se encuentran incluidos en la Ley de Inversión Social que se pretende aprobar en el legislativo. El Ministerio de Hacienda viene asumiendo como deuda pública diversas obligaciones históricas del país que dispararían las acreencias de la Nación en seis puntos porcentuales. Quedaría por analizar el impacto de mayores pagos de interés resultantes del escalamiento de la deuda pública de 62% hacia el 65% del PIB. Este tema lo analizaremos en otra ocasión, así como el del balance primario requerido para contener la relación Deuda/PIB.

Estas aseveraciones las había planteado el año anterior en el marco del Seminario Temático de Asofondos – ANIF, donde el tema central se generó alrededor de la Reforma Pensional que pretendió presentar el gobierno nacional a consideración del Congreso y que no fue abordado por la presión de las protestas sociales.

No podemos hacer cuentas alegres en el manejo de las finanzas públicas nacionales. Según las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2021, este año el país cerraría con una deuda total superior al 60%% del producto interno bruto (PIB), pero los cálculos de la ANIF muestran que, con la asunción de estas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, la cifra escalaría.

Vale la pena anotar que ningún pronóstico del Marco Fiscal se ha cumplido. En el 2017, nos decían que deberíamos estar en 43% del PIB de deuda. Al año siguiente sería del 44% y en el 2019 fue del 50% Pero para algunos expertos, las cuentas para las próximas dos vigencias ascenderían al 60%.

Recordemos algunas experiencias sucedidas en algunos países suramericanos. En 1990, la deuda externa ascendió a 144 mil millones de dólares, generando el corralito financiero en Argentina, que provocó volver al sistema de trueque por el colapso financiero en el manejo del dinero circulante que, durante esta época, la economía estaba dolarizada.