Por: Ernesto Cardoso Camacho

Dentro de la aguda confusión e incertidumbre que caracteriza a la vida institucional colombiana, determinada por el enrarecido ambiente electoral que se inicia y agravada por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; hemos conocido recientemente dos manifestaciones altamente preocupantes por sus delicadas consecuencias y por la condición de quienes han sido sus protagonistas.

Me refiero a las declaraciones de prensa según las cuales, el ministro de Hacienda informa que “….existe caja solamente para las próximas 5 o 6 semanas “; mientras a su turno, el expresidente Uribe ha dicho que existe el alto riesgo de que el Estado no pueda pagar los salarios de sus servidores a partir del segundo semestre del presente año.

En su conjunto, en buen romance, tales afirmaciones se deben interpretar como que el Estado colombiano está al borde de la crisis económica más grande de su historia o que esté a punto de la quiebra.

En cualquier caso, las alarmas ante esta inminente realidad, ya deberían estar funcionando. Es decir, la Contraloría General; la Procuraduría; y la Contaduría, como organismos del Estado encargados de verificar el estado de las finanzas nacionales y de proteger el patrimonio público, están en mora de corroborar o desmentir el alcance de tales afirmaciones.

El derecho a información transparente, veraz y oportuna sobre las finanzas o recursos del Estado es de carácter fundamental puesto que se trata de uno de los derechos colectivos en donde está en juego la moralidad administrativa de la función pública.

Por lo tanto, no se explica que tales organismos de control estén ignorando la gravedad de esas afirmaciones ni que los medios de comunicación hayan indagado sobre sus posibles causas y consecuencias.

Lo más preocupante es que al mismo tiempo se esté promoviendo desde el gobierno una nueva reforma tributaria, así haya sido disfrazada con un nombre sugestivo, con la cual se pretende recaudar cerca de 26 BILLONES DE PESOS, cifra que sería aportada por todos los ciudadanos, unos con el incremento del IVA y otros por la vía de los impuestos de renta y patrimonio. ¿Es decir, un paliativo para solventar la quiebra o para prolongar la lenta agonía de las finanzas públicas?

En cualquier caso, todo un despropósito. Pero aun así, si la quiebra es tan inminente como la anuncian, esos 26 billones nunca se irían a recaudar por la sencilla pero poderosa razón de que el Estado colombiano es el principal actor dinámico de la economía; pues paga salarios a sus servidores; las pensiones a través de Colpensiones; honra la deuda pública interna y externa; paga  honorarios a su contratistas de prestación de servicios; financia las obras públicas; paga a sus proveedores de bienes y servicios, en fin; aporta lo necesario para el desarrollo de sus fines esenciales en cumplimiento de su deber constitucional.

En estas circunstancias, es inevitable preguntarse si tales anuncios corresponden a una dolorosa realidad, o si, por el contrario; obedecen a una estrategia de manipulación política con el fin de obtener apoyo ciudadano y de intimidar al congreso para que trámite y apruebe el proyecto de reforma tributaria.

El presidente Duque está en la imperativa obligación de aclarar, desmentir, o corroborar lo que ha dicho su ministro de Hacienda. Lo afirmado por su mentor, el expresidente Uribe, obedece al contexto político que quizás fue conversado en palacio con los dos hijos del expresidente. Claridad ante la confusión y la incertidumbre y transparencia en el manejo de los asuntos públicos es lo mínimo que debemos exigir ante esta delicada coyuntura.