lunes, 22 de abril de 2019
Economía/ Creado el: 2014-10-08 04:40

“Aprobación de la licencia ambiental de El Quimbo fue ilegal”

El informe de la Contraloría General de la República sobre la represa El Quimbo y, en general, otros proyectos del mismo tipo en Colombia, plantea varias inconsistencias en el cumplimiento de las funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | octubre 08 de 2014

“La aprobación de la licencia ambiental de la represa El Quimbo fue ilegal”, sentenció ayer Miller Dussán Calderón, representante legal de la Asociación de Afectados por El Quimbo - Asoquimbo-, al hacer público el informe de Seguimiento a denuncias ciudadanas para exigir el cumplimiento de obligaciones ambientales en la actual construcción de hidroeléctricas, emitido por la Contraloría General de la República.

En el documento, firmado por un contralor delegado para el Medio Ambiente, la entidad confirma como hallazgo administrativo que la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo se otorgó “sin contar con un estudio de vulnerabilidad y solo dos años después de la ejecución del proyecto se aceptó por parte de la ANLA dicho estudio”. En total, son catorce hallazgos.

Agrega que esta omisión en el proceso de licenciamiento puso “en riesgo a la población vulnerable del proyecto que no había sido caracterizada hasta el momento de elaboración del estudio de vulnerabilidad de 2011 y por lo tanto no contaba con las medidas de protección necesarias para compensar, reparar, prevenir y mitigar los efectos negativos sobre la población en términos sociales, económicos y culturales”.

 

Una entidad con “actitud pasiva”

Según el estudio de la Contraloría, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- no cuenta con indicadores e índices que reflejen la sostenibilidad de la tendencia ambiental de acuerdo con la tecnología aplicada ni las de vulnerabilidad de las comunidades ante el impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos. “Esto representa la exclusión de las grandes represas como política minero-energética”, explicó Dussán Calderón.

Además, la ANLA es observada como una institución con “actitud pasiva” ante las denuncias de los ciudadanos y esta posición se considera una violación a las funciones constitucionales. Por tanto, la Contraloría General de la República declara que “mantiene la observación y se eleva el hallazgo administrativo como presunta incidencia disciplinaria”.

 

Fallas en estudios de técnicos

Otro de los descubrimientos especificados en el informe es que la licencia ambiental presenta insuficiencias técnicas que permitan el establecimiento de las amenazas por procesos volcánicos, morfodinámicos y sísmicos, “que son garantes de la prevención de desastres”.

La Contraloría General de la República sostiene que la existencia de volcanes activos en cercanías al área directa de influencia compromete la seguridad y estabilidad del proyecto. Concluye también que existe una alta probabilidad de sismicidad inducida. “Eso quiere decir que los bienes de la Nación están en riesgo”, aclaró el profesor universitario.

 

Inconsistencias en compensación ambiental

11.079,6 hectáreas de bosque seco fue el área que Emgesa SA se comprometió a restaurar como compensación por la construcción de la represa El Quimbo. Sin embargo, la Contraloría no evidenció esa restauración y considera que la ANLA está en el deber de exigir que se realice.

Por otra parte, observó que el Diagnóstico Ambiental de Alternativas -requisito para el otorgamiento de licencias ambientales a proyectos- no se exigió para esta iniciativa hidroeléctrica. “Estas situaciones generan falencias en el conocimiento de la incidencia de las problemáticas ambientales asociadas al proyecto”, indica el documento. 

Igualmente, la entidad evidenció que el Ministerio de Ambiente tomó decisiones “sin el lleno de los requisitos” en cuanto a la información sobre conflictos de suelos -la vocación agrícola del territorio a intervenir- y eso explicaba las denuncias frecuentes de las comunidades sobre afectaciones a la seguridad alimentaria y pérdida de áreas productivas.

 

Compensaciones económicas no autorizadas

“Se cuenta con la información de campo que se está procurando reasentar a las comunidades afectadas en áreas de producción, con lo cual NO se estaría restituyendo las áreas y actividades productivas afectadas por la inundación”, señala la Contraloría General de la República.

“El proyecto está generando nuevos despojos y la Contraloría evidencia que eso ha causado conflictos entre las comunidades que terminan en una ruptura del tejido social”, agregó Míller Dussán Calderón. Y en este sentido se reiteran las fallas en las funciones de la ANLA respecto al seguimiento que debió realizar a todas las labores de compensación establecidas en la licencia ambiental.

“Un logro de la resistencia”

Para Míller Dussán Calderón, representante legal de la Asociación de Afectados por El Quimbo –Asoquimbo-, el comunicado de la Contraloría General de la República es un logro de la movilización social que ha actuado en diversos escenarios. Las denuncias de los ciudadanos afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo -17 referenciadas por el informe- fueron el punto de partida para el estudio del ente estatal.

Los derechos de petición respecto a la inclusión de población a los beneficios de la represa, incumplimiento de obligaciones de Emgesa, destrucción del medio ambiente por la desviación del río Magdalena, pérdida de tejido social de la comunidad de la zona, entre otros asuntos permitieron la investigación por los posibles vicios en el otorgamiento de la licencia ambiental.

“El Quimbo en cuidados intensivos”

“No es posible que El Quimbo salga de cuidados intensivos, solo necesita una última fuerza para morir y esa es la de la resistencia social”, manifestó Míller Dussán Calderón. El acto que sigue después de la publicación del informe de la Contraloría y la definición de los vicios en la licencia ambiental otorgada el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, es la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.

De igual forma, el 24 de octubre de 2014 una delegación del Movimiento Ríos Vivos que está en contra de los macroproyectos energéticos hará parte de la audiencia sobre Desplazamiento Forzado y Proyectos de Desarrollo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Desde allí se podría sancionar al Estado sobre la forma en que se otorgan licencias ambientales a proyectos hidroeléctricos y de explotación de hidrocarburos en Colombia.

 

Cuadro 1

Cronología del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

31 de junio de 1997               Ministerio de Medio Ambiente niega licencia ambiental

22 de febrero de 2008           Min. de Ambiente y Desarrollo Territorial declaró que el proyecto NO requería la                                                presentación de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas.

10 de abril de 2008                Inició trámite de licencia ambiental.

1 de septiembre de 2008       Presidencia de la República declara de utilidad pública los terrenos necesarios para                                              la construcción y operación del proyecto.

22 de enero de 2009              CAM observó la grave afectación del proyecto.

9 de mayo de 2009                Procuraduría General de la Nación aconsejó “abstenerse de otorgar la licencia                                                   ambiental”.

15 de mayo de 2009              Ministerio de Ambiente otorga la licencia ambiental a Emgesa SA para la                                                           realización del proyecto.