Colombia en emergencia
El desorden urbanístico que presentan la mayoría de los municipios del país está generando altos niveles de vulnerabilidad para que se presenten las grandes y dramáticas escenas de desastres que están impactando negativamente el bienestar de las familias colombianas y daños en la infraestructura productiva en las áreas de influencia de sus residencias. Son impactantes las imágenes que nos brindan los medios de comunicación de las inundaciones, remociones en masa, que han arrasado con todo a su paso, ocasionando fallecimientos, lesionados, daños materiales, entre otros, generando con ello, la peor emergencia que haya tenido Colombia durante las últimas décadas. Desafortunamente las administraciones municipales, no han asumido el reto y el papel que les corresponde, para construir sus planes de ordenamiento territorial. Desde el 2012, cuando se terminó la vigencia de los POT de primera generación, han sido incapaces e ineptos para buscar consensos que les permita tener este instrumento de planificación territorial.
Los POT constituyen para los entes territoriales, un proceso que les permite orientar el desarrollo del territorio y regular su utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico, en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. Con ello se busca inducir nuevos escenarios de desarrollo, uso y ocupación de éste, para que se ajusten a una margen objetiva, que es fijada previamente con el consenso de sus habitantes.
Lo ocurrido en la noche del sábado anterior en el sector de los municipios de la Calera y Bogotá y otras regiones del país, lo reflejan. A lo largo y ancho del territorio colombiano, son reiterativas las escenas de destrucción que están incidiendo para que se presenten dichas calamidades públicas, con la complacencia de las autoridades municipales. Construcciones en zonas de alto riesgo de deslizamientos, a orillas de quebradas y ríos, sin respetar las márgenes, botaderos de basuras en lugares públicos, vías sin tener los estudios técnicos y de geotecnia, y sobre todo la deforestación masiva en las zonas de ladera, entre otros, han empezado a pasar factura a las familias residentes en dichas zonas.
Por tal motivo, urge que los alcaldes que no han cumplido con la normatividad vigente se comprometan a terminar este instrumento de planificación territorial, para evitar que sucedan eventos futuros que afecten el bienestar de las familias y el desarrollo ordenado de las diferentes actividades económicas. Es indispensable buscar que este instrumento técnico y normativo de planeación y gestión del territorio, el cual está conformado por un conjunto de acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que orientan el desarrollo de esta localidad en el corto, mediano y largo plazo, regulen la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural.
