viernes, 17 de agosto de 2018
Opinión/ Creado el: 2018-04-15 11:25

El cartel de las pensiones

Escrito por: Editorial | abril 15 de 2018

Después de trabajar el número de semanas obligatorias, un trabajador tiene el derecho constitucional para acceder a una pensión vitalicia que le garantiza obtener un ingreso para disfrutar su supervivencia en el resto de su vida. Se considera una prestación económica que le permitirá recibir un emolumento cada mes, una vez finalizada su etapa laboral. Para ello la mesada que percibe es el resultado de los aportes realizados al fondo durante su etapa productiva y del esquema de pensión que prefirió al afiliarse al fondo oficial o privado que existen para fin. Pero no hay derecho que algunos funcionarios o contratistas que se encargaron en otrora de expedir los certificados de experiencia laboral se hayan prestado para falsificar y adulterar de manera irresponsable, algunos tiempos de servicios que le permitieron acceder a este beneficio a varios pensionados.

 

Hay que destacar al equipo de auditoria de la Contraloría Departamental del Huila, quienes han detectado unas presuntas irregularidades en algunos actos administrativos que otorgaron la pensión de vejez a algunos exfuncionarios que laboraron en la administración departamental. Producto del control ciudadano, la Contralora Adriana Escobar Gómez, ordenó una investigación que concluyó en un daño patrimonial por un valor aproximado a los 10.600 millones de pesos, porque se otorgaron pensiones, sin contar con los requisitos que establece la normatividad colombiana, para acceder a este beneficio laboral.

 

No hay derecho que estas situaciones ilegales se hayan presentado en el departamento. Este desfalco millonario al Fondo Territorial de Pensiones del Departamento dejó en evidencia la existencia de un ‘cartel’, integrado por funcionarios de la Gobernación del Huila que estaría detrás de estos delitos. Estos casos que están siendo investigados por los Organismos de Control, se han convertido en una vergüenza a nivel nacional. Consideramos que la Contraloría Departamental, debe crear un equipo especial de auditores adicional para que en coordinación con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, desarrollen una minuciosa revisión de todos los actos administrativos proferidos por esta entidad, en el otorgamiento de las pensiones de exfuncionarios. Este es el inicio de un largo proceso que busca frenar y poner fin a este desangre a que se han sido sometido, las finanzas públicas del Huila, por culpa de unos funcionarios inescrupulosos, que se han prestado para birlar y transgredir la normatividad de pensiones. Mientras muchos servidores públicos, llevan años esperando que se les otorgue este reconocimiento, y que por alguna legulayada no han sido favorecidos con este beneficio laboral.

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