Por: Aníbal Charry González

Con la información entregada por la JEP que asegura que en el país hubo al menos 6.402
asesinatos infames, mal conocidos como falsos positivos, quedó confirmada por primera vez de
parte de una entidad del Estado el horror de esta matanza, que corresponde al período de 2002
al 2008, cifra siniestra que muchos consideran se quedó corta, si recordamos que un editorial
del New York Times dio cuenta de 10.000, llamando la atención mundial de esta tragedia
violadora de los derechos humanos, que nos tiene clasificados vergonzosamente como un país
de matones sin nombre para mantener el establecimiento siniestro que nos rige, si tenemos en
cuenta además, los antecedentes no menos infames de haber exterminado a sangre y fuego más
de 6.000 militantes de un partido político.
Por eso no nos sorprenden ahora las escalofriantes cifras de la carnicería que corresponden a la
primera fase de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, priorizada por el tribunal de justicia
transicional, dado que fue en este período donde se presentó el 78 por ciento de la victimización
histórica como con acierto se le ha llamado, visible en el incremento de víctimas del 2001 al
2002, cuando comenzó el gobierno aludido, de 74 a 473, o sea 6 veces más del año anterior,
demostrativo de la eficiencia de la máquina asesina, que se fue incrementando
exponencialmente hasta llegar a la cifra de horror que ahora se divulga oficialmente.
Lo que sorprende ahora es el cinismo conque responde el cuestionado expresidente atacando
lo revelado por la JEP, manifestando que se trata de un atropello para desacreditarlo, porque
solo ha tenido en cuenta información suministrada por organizaciones de marcada orientación
política y enemigas declaradas de su gobierno, horadando como suele hacerlo toda decisión y
divulgación de la JEP para afectar su credibilidad como tribunal transicional encargado de
encontrar la dolorosa realidad de esta guerra fratricida, donde se utilizó vilmente la siniestra
política del todo vale para hacernos creer que se estaba ganando la guerra contra la subversión.
Sostener como lo hace reiteradamente Uribe, de que nunca dio una orden para que se
cometieron esas atrocidades contra los derechos humanos porque así hay que llamarlos con
nombre propio, es tratar de desconocer cínicamente su condición de comandante supremo de
las fuerzas armadas que estableció una política despreciable} de compensaciones y premios para
dar de baja a quienes consideraban integrantes de la subversión, que ha quedado confirmada
con no pocas condenas por los asesinatos de personas humildes y algunas discapacitadas, que
el mismo expresidente denominara despectivamente cuando tuvo conocimiento de ellos, de
que las victimas no estaban propiamente recogiendo café, cuando se trataba realmente del
horror de la masacre que ahora la JEP está divulgando con el clamor de que no queden en la
impunidad, cuando corresponde a 3 veces más de lo que había reportado la justicia ordinaria, a
la cual Uribe ha querido que se le encargue la búsqueda de la verdad sabedor de la impunidad
a la que nos tienen acostumbrados en toda clase de crímenes.