martes, 20 de noviembre de 2018
Primer Plano/ Creado el: 2018-08-05 07:59 - Última actualización: 2018-08-05 08:03

El “millonario” desfalco a la salud que pasó de 3 mil millones a sólo cuatro pesos

La Fiscalía ocultó durante dos años y medio un peritaje -realizado por un funcionario de la misma Fiscalía- donde se establece que en el caso Comfamiliar-Revivir IPS, todo está “soportado y ajustado a la ley”. El único faltante encontrado asciende a cuatro pesos, que corresponderían al ajuste por uso de decimales.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | agosto 05 de 2018

Unidad Investigativa
Diario del Huila

Lo que inició como el más escandaloso caso de corrupción en el Huila, con faltantes económicos superiores a los 3 mil millones de pesos, está a punto de convertirse en la más temeraria acusación por la ‘pérdida’ de tan sólo 4 pesos.

Se trata de la investigación que tuvo privados de la libertad al exdirector de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Armando Ariza Quintero, como también al exalcalde de Pitalito, Carlos Arturo Giraldo (fallecido luego de las complicaciones de salud que le generó la captura) y exfuncionarios de Revivir IPS Clínica del Valle de Laboyos y que a su vez sirvió de fundamento para iniciar un proceso de extinción de dominio sobre los bienes del exdirector de Comfamiliar y las instalaciones de la IPS Revivir.

A juicio de la Fiscalía -según el escrito de acusación- los hoy procesados se habrían apropiado de más de tres mil millones de pesos mediante la desviación de recursos que debían servir para prestar el servicio de salud a los más pobres del Huila (Régimen Subsidiado), una cifra que con el paso de los días se ha venido reduciendo sin explicación clara del ente acusador, pasando de tres mil millones a la mitad y ahora, con el descubrimiento de un peritaje oculto durante más de dos años, a solo cuatro pesos.

Cronología de un largo proceso

El proceso inició el 16 de junio de 2015 con la captura de Ariza Quintero, el hoy fallecido exalcalde de Pitalito (Carlos Arturo Giraldo) y los ex gerentes de dos entidades prestadoras de salud, una noticia que le dio la vuelta al país por la importancia de los detenidos, pero además por la exorbitante suma económica que según la Fiscalía se apropiaron los mismos.

Sin embargo, con el pasar de los meses el proceso se ha venido ‘desinflando’ por diferentes motivos, en especial por lo que se podría llamar ‘ligerezas’ de los primeros fiscales que asumieron el caso, Ciro Alfonso Castillo Lobelo -a quien se le han ‘caído’ varias investigaciones similares en el país- y Daniel Fernando Díaz Torres, hoy detenido en la Cárcel La Picota de Bogotá, investigado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio dentro de los escándalos que enredan a un exsecretario de Salud y varios exgobernadores del departamento de Córdoba.

En primera medida genera desconcierto que al momento de la captura y en el escrito de acusación se hablara de más de tres mil millones de pesos presuntamente apropiados por los imputados, y que meses más tarde, en la “adición al escrito de acusación”, el monto bajara sin mayor explicación a 1.357 millones, es decir menos de la mitad, como se demuestra en los documentos que reposan en el expediente.

En el primer documento (página 42 del Escrito de acusación de fecha 5 de noviembre de 2015), se indica que el monto presuntamente apropiado asciende a $3.003.998.660. Sin embargo, en la adición al escrito de acusación, de fecha 21 de enero de 2016, la cifra bajó a $1.357.618.234, menos de la mitad, sin que se aclare o evidencie la razón o motivo de la considerable rebaja. (ver facsímil DOC 1 Y 2)





Pero si todo lo anterior deja muchas dudas y en alguna medida desdibuja la actuación del ente acusador, lo es más la aparición en el expediente de un documento (dictamen pericial) ordenado por el fiscal Daniel Fernando Díaz Torres -hoy detenido por un caso de corrupción- hace dos años y medio, cuyo resultado debilita la investigación, pasando de un supuesto desfalco calculado en más de 1.357 millones de pesos, a una diferencia por “ajuste de decimales” de sólo cuatro pesos ($4.oo).

El documento fechado el 20 de febrero de 2016 (más de dos años y medio oculto) sólo se conoció hace un par de meses, al inicio del juicio, cuando el nuevo fiscal instructor del caso, Elkin Ricardo Vega hizo alusión al mismo, generando el asombro de la defensa y de algunos de los procesados. (Ver facsímil DOC 3)

El documento es el resultado de la “inspección contable” adelantada a las instalaciones de Comfamiliar EPS del Huila y a las sedes de Revivir IPS, Clínica Valle de Laboyos, ordenada por el hoy detenido fiscal Díaz Torres, con el objetivo de “rendir un peritaje contable”.

El documento de 25 páginas está firmado por Luis Hernán Valbuena Pedraza, profesional adscrito al Grupo de Contadores Públicos de la Fiscalía General de la Nación, donde sorprende el resultado que se resume en un contundente párrafo.

“Como conclusión se determinó que los cobros realizados a Revivir IPS a Comfamiliar, se encuentran soportados por factura o cuenta de cobro, las cuales cumplen los requisitos legales. Los pagos efectuados por Comfamiliar fueron abonados efectivamente en las cuentas a nombre de Revivir IPS, la diferencia entre lo cobrado y lo pagado corresponde a valores mal facturados (se objetaron) en la prestación del servicio y a retenciones en la fuente por Renta e ICA, realizados conforme a la ley. Además, no existe diferencia entre los valores informados por Comfamiliar, correspondientes a los pagos realizados por ellos a Revivir IPS y los valores determinados en el desarrollo de la orden de trabajo, como lo muestran los siguientes cuadros: En el año 2010 se observa una diferencia 4 pesos, que corresponden al uso de decimales”, indica el documento entregado por el perito de la Fiscalía.  (ver facsímil DOC 4)

“El peritaje es contundente y prácticamente desvirtúa la acusación, y aunque es un documento oficial, ordenado y realizado por peritos de la Fiscalía, sorprende que el ente acusar no haya modificado el escrito de acusación, ni haya descubierto esta prueba oportunamente, desconociendo su deber de revelar todas las evidencias, incluyendo las que favorecen a los acusados”, resaltó Jesús Antonio Marín, abogado de la defensa.

“El juicio por este proceso ya está a punto de finalizar y durante las últimas audiencias, las pruebas aportadas por la defensa de los acusados y en especial los testimonios de un exsuperintendente de Salud, un exviceministro de Salud y el dictamen pericial de un experto consultor internacional, entre otros, no sólo ratifican los hallazgos del dictamen de la Fiscalía que descartan la presunta apropiación de los recursos de la salud, sino que definitivamente dan un vuelco a este proceso, desvirtuando todas y cada una de las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación”, indicó Sheiber Cuenca, otro de los apoderados de Ariza Quintero.

¿Fiscal corrupto?

Llama la atención en este caso que el fiscal que inició la investigación y que ordenó la captura de los ahora procesados, fuera detenido hace unos meses por presuntamente hacer parte de uno de los casos que más avergüenza al país, en el que evidentemente sí se apropiaron de millonarios recursos que estaban destinados a la salud de los más pobres en el departamento de Córdoba.

Se trata del exfiscal Daniel Fernando Díaz Torres, adscrito a la Unidad Anticorrupción, hoy preso en la cárcel La Picota de Bogotá y procesado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio.

El concierto para delinquir se refiere en el Código Penal a “la alteración de la seguridad pública considerando la participación de varias personas para cometer un delito. Por su parte el Cohecho impropio, tipificado como delito en el Artículo 405, se refiere “al servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales”.