Cada mes, los colombianos y los huilenses, deben ‘ajustarse la correa’ en tema de gastos para poder hacerle frente al incremento en el precio del combustible, el cual impacta directamente en transporte, alimentos, turismo y demás sectores económicos. Durante lo corrido del 2023, la gasolina ha tenido un alza promedio de 2.250 pesos entre enero y junio.
Diario del Huila, economía
Por: Gloria Camargo
El constante aumento en el precio de la gasolina en Colombia ha generado preocupación entre las familias del país, quienes se ven obligadas a realizar ajustes en sus presupuestos para hacer frente a este incremento mensual. Desde que el Gobierno de Gustavo Petro asumió el poder, se ha observado un incremento promedio de 3.250 pesos en el precio de la gasolina, incluyendo el próximo aumento que será oficializado próximamente.
Los primeros aumentos fueron de 200 y 400 pesos, pero ahora se espera un incremento de 600 pesos por galón. Esta medida, establecida por decreto del Ministerio de Minas y Energía, ha generado preocupación en la población, que ve cómo cada vez resulta más costoso llenar el tanque de sus vehículos.
Ante esta situación, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha manifestado su perspectiva sobre el tema. En múltiples ocasiones, Bonilla ha afirmado que este incremento de 600 pesos en el precio de la gasolina podría continuar en los próximos meses, con la finalidad de cerrar la brecha en relación a la gasolina corriente de manera más rápida. Incluso se ha sugerido que este aumento podría repetirse nuevamente en el mes de julio.
El Ministro de Hacienda también ha destacado que esta cifra duplica el recaudo de cualquier reforma tributaria, lo que evidencia la importancia económica que tiene para el Estado. Asimismo, ha hecho hincapié en que la política social del gobierno no puede centrarse en subsidiar la gasolina, ya que esto podría tener un impacto negativo en las finanzas públicas.
La postura del Gobierno ha generado opiniones encontradas. Por un lado, hay quienes consideran que el aumento en el precio de la gasolina afecta principalmente a las familias de bajos recursos, quienes ven afectada su capacidad adquisitiva.
Por otro lado, existen aquellos que argumentan que es necesario realizar ajustes en los precios para garantizar la sostenibilidad del sector energético y promover fuentes de energía más limpias y sostenibles.
En medio de este debate, las familias colombianas se enfrentan a la realidad de un aumento constante en el precio de la gasolina, lo que representa un desafío en términos de sus gastos diarios y la planificación de sus finanzas.
Tabla mensual 2023
- Enero: $10.523.
- Febrero: $10.773.
- Marzo: $11.173.
- Abril: $11.573.
- Mayo: $11.767.
- Junio: $12.367.
Aspectos a tener en cuenta
El director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Felipe González Penagos, se refirió sobre el reciente aumento del precio de la gasolina en el país. Según González, es fundamental tener en cuenta varios aspectos para comprender esta situación.
En primer lugar, el director aclaró que no se trata de un aumento del costo de la gasolina, sino más bien de una disminución en el subsidio que se brinda a los combustibles en Colombia. Hasta ahora, esta medida solo ha afectado a la gasolina corriente motor, mientras que el diésel ha mantenido su precio estable.
Esta decisión se ha tomado con precaución, ya que se teme que los incrementos puedan tener un impacto en la inflación, afectando el precio de los alimentos, entre otros. Además, González destacó que esta medida es solo una de las varias que el Ministerio está implementando.
“Se están llevando a cabo esfuerzos para evaluar el impacto que tienen los grandes consumidores de gasolina, como las empresas petroleras, las cementeras o las acerías.
El objetivo es evitar que estos sectores se beneficien de los subsidios destinados a la población objetivo, que son aquellos de estratos bajos, usuarios de transporte público y personas que verdaderamente necesitan este apoyo”.
El experto argumenta que los subsidios deben ser dirigidos hacia quienes realmente los merecen, y no hacia los grandes consumidores o los barcos internacionales.
El Ministerio de Minas y Energía agregó que también se trabaja en conjunto con el Ministerio de Hacienda para establecer políticas que garanticen que los subsidios lleguen a las personas que realmente los necesitan.
Donde se busca asegurar que los estratos bajos, aquellos que dependen del transporte público y quienes tienen dificultades para acceder a alimentos, reciban el apoyo que se merecen.
¿Qué pasa con el diesel?
El Ministro de Hacienda, así mismo ha anunciado el inicio de un análisis para evaluar posibles aumentos en el precio del diésel en el país. Aunque aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto, se espera que se comience a «mirarlo en junio», según afirmó el jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla. Estas declaraciones han generado expectativas y preocupaciones en diferentes sectores de la sociedad.
Ante esta situación, González Penagos, ha manifestado que este es un tema que debe discutirse y acordarse con el Ministerios pues, además, se ha enfatizado en la importancia de establecer mesas de trabajo permanentes para implementar iniciativas de subsidios focalizados, de manera que se pueda garantizar la tranquilidad tanto de la ciudadanía como de la población objetivo a la cual se pretende llegar.
Por su parte, el director de Hidrocarburos ha señalado que la decisión de aumentar el precio del diésel dependerá de los posibles impactos en la inflación. “Actualmente, el Estado subsidia en promedio $8.000 por galón de diésel y alrededor de $4.000 por galón de gasolina corriente motor. Estos subsidios representan un importante gasto para el país, y se debe evaluar cuidadosamente cuál sería el impacto económico de reducirlos o eliminarlos”.
Además, ha mencionado el volumen de consumo de diésel en el país, especialmente en el sector marítimo, donde grandes buques llegan a abastecerse con aproximadamente 9,5 millones de galones al mes. Estos datos refuerzan la importancia de analizar detenidamente cualquier ajuste en el precio del diésel y sus implicaciones.
En el marco del Congreso de Sostenibilidad de la ACP, se ha concluido que se requiere un enfoque responsable y equilibrado para abordar este tema. Es fundamental tener en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales de cualquier decisión relacionada con el precio del diésel. El Gobierno deberá evaluar cuidadosamente todas las variables antes de tomar una determinación final.
El FEPC
El futuro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) tiene en vilo a Colombia, ya que este fondo ha generado un déficit de $36 billones debido a los subsidios que se otorgan por galón de gasolina en el país.
Para reducir este déficit, se han implementado aumentos mensuales en el precio de la gasolina en Colombia. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, ha dejado claro que el Fondo no puede ser derogado.
Actualmente, el Gobierno Nacional se encuentra en conversaciones con Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda para evaluar las cifras y determinar qué medidas tomar con respecto al precio futuro de los combustibles.
Bonilla ha destacado que actualmente existe una brecha significativa entre el precio internacional y el precio interno, y esta brecha está siendo cubierta con el presupuesto del país. Sin embargo, esto implica un detrimento en los recursos destinados a programas sociales como el apoyo a los adultos mayores, la primera infancia, los colegios y la salud.
El ministro ha subrayado que el déficit en el FEPC solo se acumula si se mantiene abierta la brecha entre el precio nacional y el precio externo. En este sentido, si se logra cerrar esta brecha, el déficit se reduciría y eventualmente se eliminaría.
Es por eso que el Gobierno busca opciones para sincronizar los precios internos con los precios internacionales, de manera que se pueda garantizar la sostenibilidad financiera y proteger los programas sociales que dependen de estos recursos.
La discusión sobre el futuro del FEPC es crucial, ya que este fondo desempeña un papel importante en la estabilización de los precios de los combustibles y en la protección de los consumidores en Colombia. Cualquier decisión que se tome debe ser cuidadosamente evaluada para evitar impactos negativos en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos.
