DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Por: Rolando Monje Gómez

El Ministerio de Hacienda reconoció la necesidad de llevar a cabo enajenaciones de activos por $12 billones en 2021 con el fin de ajustar sus cuentas fiscales, según lo expresado durante la presentación del más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En junio del 2014, el Ministerio de Hacienda contrató la realización de un estudio de mercadeo con el fin de evaluar la viabilidad para vender la participación accionaria que tiene el Gobierno en siete compañías del sector de energía. Dicho contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, por lo que el Gobierno tendría hasta este año para hacer las enajenaciones de las compañías.

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Con información al corte del 31 de diciembre de 2019, estas siete compañías tuvieron ingresos por $2,12 billones y utilidades por $165.043 millones.

La Electrificadora del Meta (participación del Gobierno del 55,6%), la Electrificadora del Huila (83%), Centrales Eléctricas de Nariño (99,9%), Electrificadora del Caquetá (72,3%), Centrales Eléctricas del Cauca (55,14%), Distribuidora del Pacífico (99,9%) y Empresa Urrá (99,9%), serían las empresas que el Gobierno vendería.

El Ministerio de Hacienda firmó el contrato el 29 de diciembre de 2020 para asesorarse en la posible venta de las siete empresas del sector energético. El contrato terminaría el 31 de diciembre de 2021.

El contrato fue firmado por más de 3.300 millones de pesos, se contrató a la firma Gómez Pinzón Abogados S.A.S, la cual deberá diseñar, elaborar y, de ser necesario, implementar el plan o programa de enajenación de las empresas ya mencionadas.

El plazo para ejecutar el contrato es de un año e incluye la elaboración y estructuración del proceso de selección de una banca de inversión que eventualmente será el mecanismo para llevar a cabo el proceso de venta de las empresas públicas.

De acuerdo con el documento del Ministerio de Hacienda en el que autoriza el estudio de mercadeo, el contratista deberá realizar la valoración de las participaciones de la Nación en las empresas que se quieran enajenar.

Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el proceso de venta de activos por parte de la Nación para este año dependerá de lo que alcance a recaudar la reforma fiscal que está elaborando el Gobierno colombiano.

El Gobierno espera que, con la reforma fiscal, que será presentada próximamente al Congreso, se incrementen los ingresos de la Nación en un 2% del PIB (más de $20 billones).

Si la reforma alcanza a recaudar el 2% del PIB el Gobierno no tendría la necesidad de hacer enajenaciones de grandes compañías como Ecopetrol o ISA; de lo contrario, la venta de activos sería más que necesaria.

A finales de 2020, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, aseguró que no tenía pensado embarcar al país en procesos de privatización para 2021. “El Gobierno no tiene pensado privatizar absolutamente nada, es decir, pasar a vender el 100% de su participación en tal empresa, pero sí piensa hacer operaciones que se están perfeccionando y mal haría yo en anticipar”.

Sin embargo, cada vez se habla cada vez más de una posible venta de las acciones que Colombia tiene en distintas empresas en el sector energético.

¿Por qué vender?

Para 2021, se aprobaron 314 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación, 42 billones más que el año pasado. De esta cifra, 184 billones de pesos irán a gastos de funcionamiento, 70 billones de pesos saldarían intereses del Estado y apartes de la deuda pública y 58,5 billones de pesos se destinarían a necesidades en inversión.

El afán de Carrasquilla por apretar gastos, subir impuestos y percibir más ingresos es porque para costear el año falta cerca del 20% del dinero necesario. Para resolver este problema, se necesitarían cerca de 62,2 billones de pesos. La venta de dichos activos, parcial o total y en caso de darse, podría solventar estos gastos.

Pese a que unas semanas atrás el mismo ministro Carrasquilla, aseguró en declaraciones que en 2021 el Gobierno no tiene pensado privatizar absolutamente nada, aclaró que sí se van a optimizar, a través de diferentes operaciones, las participaciones de la Nación en algunas empresas. Es decir, no privatizarlas el 100% pero sí mejorar esos patrimonios. Incluso en el marco fiscal que presentó el Gobierno el año pasado quedó establecido que se harán ventas por 12 billones de pesos.